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Claudia Cano

Responsable del departamento legal de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, FIBGAR

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Un poso de una verdad para hacer país

En julio pasado el Gobierno anunció su intención de crear una Comisión de la Verdad para conocer lo ocurrido y contribuir al esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos durante la Guerra Civil Española y la dictadura franquista, entre otras medidas que implican una reforma integral de la denominada ley de memoria histórica, la Ley 52/2007. Esta decisión responde a una de las reivindicaciones de numerosos ciudadanos y ciudadanas, asociaciones memorialistas, activistas de derechos humanos y, muy especialmente, la Plataforma por la Comisión de la Verdad. Desde la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) no podemos sino valorar positivamente el hecho de que, por primera vez, un Gobierno de la Nación manifieste la voluntad expresa de abordar (por fin) el derecho a la verdad en nuestro país.

Lo cierto es que en España no ha habido hasta el momento una verdadera voluntad de conocer lo acontecido desde la Guerra Civil y hasta el final de la dictadura. Se han desarrollado, sin duda, numerosas iniciativas para llevar a cabo exhumaciones, lograr el acceso a los archivos o rescatar la memoria, pero no tantas que apunten a la creación de una Comisión de la Verdad. Frente a esta propuesta, han existido siempre profundas reticencias. Tanto es así que ni la Ley de 2007 la prevé, ni existe acuerdo entre las Comunidades Autónomas en torno a su creación, y las propuestas, en caso de haberlas, suelen estar más orientadas a la construcción de una verdad histórica y no "comisionizada". La Proposición de Ley presentada por el PSOE en diciembre de 2017 sí incluyó la creación de una Comisión de la Verdad y ahora, ya en Gobierno, el PSOE reitera esta voluntad.

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La Jurisdicción Universal está aquí para quedarse

La Jurisdicción Universal está aquí para quedarse. El informe Makeway for Justice #4, documento que analiza el estado de la Jurisdicción Universal en el mundo, ilustra el impulso internacional a la rendición de cuentas de los autores de crímenes internacionales a través del estudio de 58 casos que involucran a  un total de 126 sospechosos. Este documento ha sido elaborado por la organización TRIAL International y sus socios Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), FIDH, ECCHR y REDRESS. Todas ellas son organizaciones referentes internacionalmente en la promoción y defensa de la Justicia Universal y la lucha contra la impunidad.

Rara vez la lucha contra la impunidad ha sido tan dinámica y ha arrojado tales resultados. Durante el pasado año 2017, los países de África, Europa, América del Norte y América Latina han estrechado el cerco en torno a las redes de criminales de guerra al recurrir a la Jurisdicción Universal. Este principio permite a los Estados procesar a los presuntos autores de crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad, independientemente de su nacionalidad o del lugar donde se cometa el delito, bajo el entendido de que algunos crímenes constituyen una ofensa para toda la humanidad, por lo que toda la humanidad debe luchar contra ellos.

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