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Constanza Lambertucci

Periodista. Aprendí en la Escuela de Periodismo UAM-El País y trabajé en las secciones de España y Última hora del periódico. En Argentina, colaboré con Chequeado.com en proyectos de transparencia y fact-cheking y trabajé en Amplitud, una ONG que recorre comunidades de todo el país dando talleres de radio

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El Ayuntamiento de Pozuelo proyecta un aparcamiento de 186 plazas en medio de la mayor zona verde

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, gobernado por el PP, ha empezado a construir un aparcamiento en el parque forestal Adolfo Suárez, la mayor zona verde pública del municipio. El proyecto aprobado en Junta de Gobierno prevé 186 plazas para coches –ocho de ellas reservadas para personas con movilidad reducida–, dos rotondas y una vial de acceso que subirá entre pinos y encinas jóvenes hasta una explanada con vistas a Madrid.

Un cartel advierte en la entrada: prohibido hacer fuego, prohibido cazar, prohibido tirar basuras, prohibido aparcar. Al lado, otra señal describe el lugar como un "espacio integrador de la naturaleza en la ciudad". En ese entorno, que los fines de semana visitan vecinos para hacer rutas de senderismo o andar en bicicleta, la Junta de Gobierno aprobó desarrollar un proyecto para meter "bicis, vehículos y autobuses", que costará casi 1.730.000 euros. 

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Médicos, ingenieros y diseñadores se organizan para dar soluciones ante la emergencia sanitaria por el coronavirus

Médicos, ingenieros, diseñadores y más profesionales voluntarios se han empezado a organizar de forma telemática para desarrollar soluciones baratas y rápidas de ventilación para pacientes contagiados con coronavirus. Los respiradores son un insumo necesario para atender a los afectados, que llegan con síntomas como fiebre y tos seca, y que podrían duplicarse en los próximos días en España, según el Gobierno. Ante un posible escenario en el que falten estos dispositivos de alta tecnología, los expertos buscan ofrecer planos de código abierto para replicar los dispositivos más sencillos fácilmente.

Esta mañana 25 médicos, ingenieros, emprendedores, makers hemos creado un grupo de WhatsApp para pensar posibles soluciones baratas y rápidas de ventilación de pacientes. Ahora descubro no estamos solos... nos sumamos a Open Source Ventilator Project! #cheapVentilatorshttps://t.co/gvWl8XZx2w

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Día 1 de la nueva Ingobernable: primeros pasos en un edificio del Gobierno y pendientes de si habrá desalojo

En el patio interior de la Calle de Alberto Bosch 4, en el centro de Madrid, alguien descorchó una botella antes de las once de la noche de este miércoles. En el inmueble, vacío desde hacía cinco años, quedaba inaugurada la nueva sede de La Ingobernable, la segunda ocupada por los activistas del centro social autogestionado desde 2017. El colectivo ha retomado sus actividades tras cuatro meses, después de que la Policía desalojara y tapiara el anterior espacio donde funcionaba el centro, en el Paseo del Prado, 30.

"¡Venga!", reclamaba una hora antes una de las mujeres que esperaba en la acera a que se abran las puertas del inmueble, una construcción de ladrillo visto de 1886 que pertenece al Ministerio de Justicia. Desde las ventanas, salían luces de linterna y una pancarta bajaba desde la segunda planta: "Seguimos en el corazón de Madrid". Tras el desalojo del edificio que ocupaban en una esquina privilegiada del centro, el colectivo se ha mudado al otro lado del Paseo del Prado.

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La Ingobernable vuelve a ocupar un edificio en el centro de Madrid cuatro meses después del desalojo

Activistas del centro social autogestionado La Ingobernable han ocupado este miércoles un nuevo edificio en el centro de Madrid. El inmueble, que llevaba vacío más de cinco años, según los miembros del colectivo, se encuentra en la Calle de Alberto Bosch, 4, detrás del Museo del Prado. Un portavoz del Ayuntamiento ha confirmado a este diario que el edificio pertenece al Ministerio de Justicia.

A pocos metros de allí funcionó hasta el pasado noviembre la anterior sede de La Ingobernable, que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, desalojó y cedió a una fundación privada del exedil Alberto Ruiz-Gallardón. Este miércoles, luces de linterna salían desde las ventanas del nuevo edificio ante la mirada expectante de decenas de manifestantes.

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La música en las calles de Madrid, a sorteo

En la calle, un hooligan rubio y grandote le pidió, emocionado, un abrazo mientras ella interpretaba un tema; en la calle también, una mujer que no llevaba suelto le dejó un bolígrafo para que siguiera escribiendo “canciones tan bonitas”. Silvia Sánchez-Cid canta y toca la guitarra desde hace cuatro años en la vía pública y teme tener que dejar de hacerlo. La Junta de Distrito del Centro decretó en febrero una nueva instrucción para regular su actividad y dio 15 días, hasta este lunes, para solicitar las autorizaciones. Los permisos ya no serán ilimitados como hasta ahora: solo 450 artistas conseguirán uno y si las peticiones superan ese número, se decidirá por sorteo.

La nueva instrucción que aprobó el Ayuntamiento restringe el número de intérpretes en el Centro, limita los integrantes por grupo a cinco o siete según la zona, reduce los horarios y el tiempo de las actuaciones y prohíbe tocar en calles que permitía la normativa anterior, que había sido acordada entre vecinos, músicos y políticos en 2018 tras dos años de reuniones.

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Vecinos de Lavapiés irrumpen en la sede del fondo que compró sus viviendas: "Nos quieren echar sin más explicaciones"

"Dejaré mi barrio, ¡jolín! / dejaré mi casa y me iré / lejos de aquí". Las estrofas de Un beso y una flor, de Nino Bravo, han sonado versionadas por una veintena de inquilinos de Lavapiés y miembros de Bloques en Lucha en el centro de Madrid. Disfrazados de buitres y exterminadores, los vecinos han irrumpido en el edificio donde tiene el domicilio fiscal el fondo Ares Management, la empresa que compró sus viviendas, para pedir una reunión que no han conseguido: “Nos quieren echar sin más explicaciones tras años, incluso décadas, de vivir en el edificio”.

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2.936 nombres de papel en el cementerio de La Almudena para "reflejar los asesinatos" del franquismo

Una hoja de 15 metros de largo bordea este sábado el memorial a las víctimas de la Guerra Civil en el cementerio de La Almudena. Sobre el papel arrugado pegado con celo, aparecen enumeradas las 2.936 personas que el franquismo represalió entre 1939 y 1944. Es un "gesto", una "protesta". La hoja impresa pretende reemplazar las placas de granito con los nombres de las víctimas de la dictadura que formaban parte del proyecto original y que el Ayuntamiento de PP y Ciudadanos desmanteló por considerarlo "sectario". Medio centenar de personas se han reunido este sábado en el cementerio madrileño para exponer los nombres y mostrar el "rechazo" al desmantelamiento del monumento original.

Detrás de las vallas que aún protegen las obras, cartones impresos también hacen de las tres placas eliminadas del proyecto puesto en marcha por la exalcaldesa Manuela Carmena. eldiario.es adelantó este lunes que, además de eliminar la identidad de los represaliados, el nuevo proyecto borra versos del poema El herido, de Miguel Hernández; un texto de Julia Conesa, una de las Trece Rosas, y una inscripción acordada con los familiares de las víctimas. El alcalde José Luis Martínez-Almeida ha negado que se eliminaran fragmentos de la obra del poeta porque esa era "una propuesta del Gobierno de Carmena de la que no tuvieron conocimiento ni el comisionado ni el resto de grupos políticos".

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40 años bajo la amenaza del amianto: los vecinos de Orcasitas reclaman las ayudas públicas para retirarlo de sus tejados

La lluvias del verano abrieron una gotera "inmensa" en el piso de María Antonia García-Heras. Lo que en cualquier edificio no es más que una filtración de agua, a esta vecina de Orcasitas le hizo entrar en "pánico": "Me estaba tragando el amianto". Cientos de vecinos de este barrio del sur de Madrid viven desde hace 40 años debajo de tejados de fibrocemento, un material cancerígeno que quieren eliminar de encima de sus cabezas. El Ayuntamiento les concedió ayudas para retirarlo hace meses, pero el dinero aún no ha llegado al barrio.

Los tejados de esta zona de Orcasitas se van quedando blancos. El amianto, un material oscuro, barato y resistente, ha empezado a desprenderse del remate de estos edificios de protección oficial que se construyeron entre las décadas de los 70 y 80. "Estamos todos los días recibiendo partículas de los tejados", explica Ana María Pérez, vecina del barrio. Habla pausado y se cubre el rostro con una máscara porque tiene asma. "Ya está bien de que no nos lo arreglen", se queja.

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Trabajadores temporales de todo el país marchan en Madrid contra el "abuso de la temporalidad" en la Administración

Rafael, empleado público en Almería, tiene un contrato temporal que vence en junio; se lo renuevan cada año desde hace una década. Maica, profesora de secundaria en Vigo, es interina desde hace 32 años y Vicenta, limpiadora en la Comunidad de Madrid, hace 15. Son trabajadores que este sábado se han manifestado la capital para denunciar el "abuso de temporalidad" en el sector público y reclamar que las Administraciones conviertan en fijos a los empleados de larga duración. "Es la única sanción posible", han zanjado los convocantes a la espera de una sentencia de la justicia europea que decida sobre su situación. Tras la pancarta principal que pedía "fijeza ya", más de 75 colectivos y miles de trabajadores han marchado al grito de "los servicios públicos se defienden".

"Yo cubro la plaza de una persona que falleció", ha asegurado Jesús, un bombero de Albacete de 35 años. Tiene el mismo contrato temporal desde 2009 y se siente un trabajador "de segunda". "No puedes optar a un traslado y no puedes crecer en tu trabajo", ha lamentado detrás de la cabecera de la manifestación, vestido con traje antillamas y casco. Para él, fue "una apuesta muy grande" ser empleado público, pero se queja de que "no se puede alargar para siempre" la situación de temporalidad. Esperaba opositar al poco de tiempo de entrar a trabajar y que las plazas se cubrieran regularmente: "No ha sido así".

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Nueve años en una vivienda que no existe con el visto bueno del Ayuntamiento: "Lo que me vendieron no es mi casa"

El bajo que compró David Fernández en Carabanchel no existe. Los planos que el Ayuntamiento autorizó para construir un edificio en la calle de San Deogracias, 32 no se corresponden con las viviendas terminadas. El salón de Fernández está donde debería haber ido la cocina y la habitación se ajusta en un rectángulo de menos de nueve metros cuadrados que iba a ser el cuarto de basura de la comunidad. Aunque las obras difieren del proyecto original e incumplen la normativa municipal, según ha fallado un tribunal de primera instancia, el Consistorio dio el visto bueno a la promotora en 2010 y Fernández entró a vivir allí sin saber que lo que había comprado no estaba en los registros: "Lo que me han vendido no es mi casa".

Arrimado sobre la pantalla del ordenador donde guarda meticulosamente todos los escritos, denuncias y contestaciones que ha presentado en estos años, Fernández, de 49 años, cuenta que vive "una pesadilla". El pasado septiembre empezó a ver un poco de luz cuando el juzgado número 21 de Madrid le dio la razón. Una jueza vio "ilegalidades en la construcción" de la vivienda y falló que la constructora demandada por Fernández, Línea Cinco Arquitectura S. L., debía devolver al dueño los 133.891,96 euros que pagó por el inmueble, más los intereses legales y los costes del procedimiento.

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