Nueve años en una vivienda que no existe con el visto bueno del Ayuntamiento: “Lo que me vendieron no es mi casa”

El bajo que compró David Fernández en Carabanchel no existe. Los planos que el Ayuntamiento autorizó para construir un edificio en la calle de San Deogracias, 32 no se corresponden con las viviendas terminadas. El salón de Fernández está donde debería haber ido la cocina y la habitación se ajusta en un rectángulo de menos de nueve metros cuadrados que iba a ser el cuarto de basura de la comunidad. Aunque las obras difieren del proyecto original e incumplen la normativa municipal, según ha fallado un tribunal de primera instancia, el Consistorio dio el visto bueno a la promotora en 2010 y Fernández entró a vivir allí sin saber que lo que había comprado no estaba en los registros: “Lo que me han vendido no es mi casa”.

Arrimado sobre la pantalla del ordenador donde guarda meticulosamente todos los escritos, denuncias y contestaciones que ha presentado en estos años, Fernández, de 49 años, cuenta que vive “una pesadilla”. El pasado septiembre empezó a ver un poco de luz cuando el juzgado número 21 de Madrid le dio la razón. Una jueza vio “ilegalidades en la construcción” de la vivienda y falló que la constructora demandada por Fernández, Línea Cinco Arquitectura S. L., debía devolver al dueño los 133.891,96 euros que pagó por el inmueble, más los intereses legales y los costes del procedimiento.

Ahora este vecino de Madrid espera una sentencia firme para cobrar y poder irse. “Me han roto la vida”, lamenta. Fernández, que es empleado público, se mudó hace nueve años a la casa y lo primero que notó fue que los ruidos “se colaban por todas partes”. Una de las paredes de la habitación donde duerme está anclada a la puerta del portal y da directamente a la escalera de acceso. Cada vez que alguien entra o sale, tira algo, arrastra un carrito de la compra, habla o camina, él lo escucha “perfectamente”, según explica. El otro muro del cuarto está pegado al ascensor, “abrazándolo”, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Los sonidos que llegaban desde esas zonas comunes, superiores al límite legal permitido, fueron la pista que hizo sospechar a Fernández que había algo raro. El hombre presentó denuncias y durante más de un año estuvo en tratamiento médico por insomnio. La constructora, primero, y la comunidad de vecinos, después, hicieron reparaciones para aislar el cuarto donde duerme, pero fueron insuficientes y achicaron aún más el espacio, que no llega al mínimo de 10 metros cuadrados que establece la ley.

El hombre volvió a casa de sus padres durante algún tiempo, entre 2011 y 2012, porque se le hacía insoportable vivir allí. Cuando consiguió los planos originales de la obra, entendió lo que pasaba y decidió demandar a la promotora. “Modificaron absolutamente la planta baja”, indica el vecino. La constructora tenía licencia para construir un estudio en el bajo de Fernández, pero le habían vendido un piso con una habitación.

Fernández, que en estos diez años ha memorizado cada fecha y guarda en un cajón pilas de papeles del expediente, ubica en octubre de 2010 el desencadenante de todo lo que siguió. Ese mes, el Ayuntamiento otorgó a la constructora la licencia de primera ocupación de la vivienda, un trámite administrativo que acredita que las obras se ejecutaron “de conformidad” con el proyecto autorizado y se encuentran “debidamente terminadas”.

La licencia de primera ocupación se entregó, según la perito judicial consultada durante el proceso, después de la visita de técnicos municipales y “al amparo de unas fotos y un plano” que aportó el administrador de la finca. Ese plano carece de fecha, autor, sello del Ayuntamiento “o ningún otro indicio de oficialidad ni autoría”, según aclara la experta, y no se ajusta al estado final de las obras, sino que corresponde a un estudio como el autorizado por el Ayuntamiento.

Según el proyecto original, el inmueble de Fernández sería un estudio de 31 metros cuadrados útiles; la cocina estaría pegada a la ventana y la cama se ubicaría en una zona interior –que ahora corresponde al piso del vecino–. En lugar de eso, la vivienda que le vendieron tiene 32,5 metros cuadrados útiles y una habitación de 8,8. La constructora no notificó esas alteraciones del proyecto original, pero la perito entiende que la licencia de primera ocupación “ampara todas las modificaciones” que hizo la promotora durante las obras.

Un vocal socialista reclama “actuación municipal”

“Hubo una mala praxis de la administración en la concesión de las licencias”, critica el vocal vecino socialista David Calvo, que el pasado jueves llevó al Pleno de la Junta de Carabanchel una pregunta sobre si se tomarán “medidas de disciplina urbanística” en el inmueble. Considera, además, que no es un caso “aislado” en el distrito.

Calvo cree que, mientras se resuelve el recurso de apelación presentado por la constructora, “la actuación municipal es determinante”. Hasta que la sentencia no sea firme y mientras la licencia de primera ocupación esté vigente, las viviendas pueden comercializarse y, de hecho, una está en venta. “Es legal a día de hoy [vender los pisos] pero el Ayuntamiento no puede permitir que haya un lucro con unas viviendas que no tiene las mínimas condiciones de seguridad e higiene”, señala Calvo.

La constructora vendió la mayoría de los pisos después de que Fernández presentara la demanda, según el vecino. El denunciante había pedido medidas cautelares para evitarlo, pero la jueza las rechazó. Fernández acusa a la promotora de comercializar “a toda prisa” y “por debajo del precio del mercado” los pisos. “Nada más llegar la demanda, la constructora llegó a un acuerdo con la SAREB [Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria] para vender las propiedades”, asegura con base en un documento en el que consta que ambas compañías acordaron liquidar las viviendas en 2018.

La SAREB reconoció en una respuesta al vecino fechada en octubre de 2017 que tiene un crédito frente a la constructora, pero en ese documento dice ser “un mero acreedor” que no tiene “conocimiento, participación o responsabilidad” en el “supuesto procedimiento judicial”. Fernández, en cambio, asegura que envió dos burofaxes a la entidad semipública para advertirles de las ilegalidades. “Es un escándalo, les informé de todo”, expresa.

El concejal presidente de Carabanchel, Álvaro González (PP), que también es concejal de Vivienda del Ayuntamiento, no respondió el jueves a la pregunta en el Pleno de la Junta de Distrito sobre si la administración inspeccionará el piso y aseguró que desconoce el caso. El edil popular argumentó que se trata de “un caso particular” y se limitó a defender la actuación del Consistorio: “Yo tengo la mala costumbre de respetar y confiar en los técnicos municipales”. Tampoco ha respondido a las preguntas posteriores de este periódico.

“Para evitar males económicos a los vecinos, es necesario que el Ayuntamiento, que tiene potestad, haga una inspección y revierta esas licencias de primera ocupación”, advierte Calvo. Defiende que, si la sentencia es firme, los propietarios del resto de viviendas tendrán el camino allanado para demandar a la constructora porque existe un precedente. Pero si la promotora quiebra, no se podrá revertir la compraventa.

Línea Cinco Arquitectura S. L. no ha respondido a las preguntas de este periódico porque considera que se trata de un tema “interno” de la empresa que “no tiene interés”. La compañía ha presentado un recurso de apelación en el que defiende que la vivienda “se entregó según lo pactado”, que las modificaciones no inhabilitan el uso de las viviendas, que los ruidos responden “a una falta de mantenimiento de los elementos comunes” del edificio y que, en todo caso, la “corrección” de las deficiencias señaladas por al menos dos peritos son “tan sencillas como baratas”.

Fernández, que conoce los informes periciales en detalle, cita esas investigaciones e insiste en que la situación “no tiene solución” porque las deficiencias son “estructurales”. “Lo tengo todo en la cabeza, por desgracia”, admite. En los últimos años, ha partido su tiempo entre el trabajo y resolver esta situación. Incluso se ha enfrentado con algunos vecinos, con quienes dice que la relación es “cero”. “No me queda otro remedio que solucionarlo”, se resigna. No tiene posibilidad económica de mudarse, pero tampoco se siente en casa en San Deogracias, 32: “Vivo en un problema”.