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David Hamou

Licenciado por la École Normale Supérieure de Cachan,  doctorando en la universidad de Paris-Nanterre. Sus líneas de investigación se refieren a lo común como principio político, a las instituciones no estatales, a los movimientos sociales urbanos y la promoción de los derechos sociales en el sur de Europa y en Latinoamérica.

En Barcelona colabora con el Observatori DESC, donde ha publicado informes sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Previamente, ha realizado estudios de campo sobre estas temáticas en Francia y en Argentina. 

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Desokupa: vigilando al capital inmobiliario

El timbre suena, como casi cada día. Del otro lado de la puerta están ocho hombres corpulentos. Su empresa: Desokupa. Su oficio: ejecutar desahucios extrajudiciales. Su método: actuaciones al margen de la ley, incluyendo en ocasiones amenazas y coacciones físicas. Sus clientes: grandes empresas inmobiliarias y fondos de inversión que se enriquecen invirtiendo en vivienda1. La empresa Desokupa salió a la luz en 2016 con el desalojo de la casa ocupada Can Dimoni en el barrio de Gracia de Barcelona. Desde entonces, su modelo de negocio se ha expandido, se han abierto numerosas franquicias en toda España y han aparecido muchas otras empresas similares. Pero el desarrollo económico de este nuevo sector privado de seguridad privada y desahucios extrajudiciales llega de la mano de las ventas de “pisos con bicho”, las reformas integrales y los alquileres de lujo o apartamentos turísticos.

Como otras ciudades de España, Barcelona se ha convertido en los últimos años en el terreno de nuevos procesos especulativos, especialmente relacionados con el alquiler y la ocupación en precario. La inversión en gestión inmobiliaria de fondos extranjeros, las compras de propiedades verticales y la formación de una nueva burbuja del alquiler participan en este proceso. En este contexto de presión inmobiliaria, las empresas privadas especializadas en impedir ocupaciones como Desokupa desempeñan un papel cada vez más importante en las operaciones especulativas. Para poder obtener la máxima rentabilidad de los “activos inmobiliarios”, es necesario mantener viviendas vacías con el objetivo de movilizarlas para transacciones futuras (compra, venta, rehabilitación…). Considerar la vivienda como una mercancía y no como un derecho fundamental implica considerar a las personas como activos económicos, que se tienen que mover de un sitio a otro según las fluctuaciones de las operaciones financieras. Este proceso que los expertos llaman ‘flexibilización del mercado inmobiliario’ tiene como consecuencia una precarización de las condiciones de vida de los ciudadanos condenados a moverse sin poder construir proyectos de vida.

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Frente al despotismo urbano, comunalizar la ciudad

Frente a la emergencia habitacional y a la inexistencia de un parque de vivienda social en Barcelona, distintas entidades sociales de la ciudad han impulsado una moción en el Ayuntamiento para ampliar el parque de vivienda asequible en la ciudad. Esta moción se ha aprobado con un amplio consenso en el pleno municipal de febrero del 2018. Sin embargo, en las últimas semanas la presión ejercida por los promotores inmobiliarios ha puesto en peligro la modificación del Plan General Metropolitano que garantiza la aplicación real de esta medida.

Gracias al liderazgo de los movimientos sociales,  finalmente se ha aprobado el pasado 18 de junio la obligación de dedicar un 30% de las nuevas construcciones y rehabilitaciones a viviendas sociales. Esta aprobación demuestra que frente a los lobbies inmobiliarios y a las lógicas partidistas la ciudadanía organizada puede transformar las reglas del juego y responsabilizar los sectores privados cómplices de la emergencia habitacional que vivimos. ¿Quién es legítimo en la ciudad para tomar decisiones? ¿Es posible legislar y crear nuevas leyes garantistas desde afuera de las instituciones políticas? ¿Qué ciudad queremos, por quien está hecha y para quién?       

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