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David Llorente

Portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha.

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Rebelión en la macrogranja

Algo huele a podrido en Castilla-La Mancha. Huele a podrido que se promueva la instalación de macrogranjas porcinas esgrimiendo el falso argumento de la creación de empleo, cuando las macrogranjas destruyen más empleo del que crean y el que crean es escaso y precario. La alta tecnificación hace que estas instalaciones generen muy pocos puestos de trabajo, subcontratando generalmente falsos autónomos en situación precaria. A cambio, se destruyen muchos otros empleos, por un lado, en el propio sector, donde los pequeños ganaderos no pueden competir con los bajos precios de las macrogranjas, lo que incrementa la concentración empresarial y la desigualdad de ingreso en el campo; y, por otro lado, también en otros sectores, como el turismo rural, debido a los impactos negativos en el entorno, lo que agudiza el problema de la despoblación en nuestro medio rural. 

Huele a podrido que se ponga en riesgo el abastecimiento y la calidad del agua con instalaciones que generan una demanda inasumible de recursos hídricos en una región donde estos recursos son escasos y se encuentran ya bajo una fuerte presión. No estamos luchando contra los trasvases y en defensa de nuestros ríos para que ahora se trasvase el agua a las macrogranjas para beneficio de unos pocos y perjuicio de la inmensa mayoría. Cuando decimos que hay que seguir no solo el rastro del agua, sino también el rastro del dinero, nos referimos precisamente a esto. Los purines y residuos tóxicos que generan las macrogranjas se almacenan en inmensas balsas que pueden romperse o filtrar su contenido y constituyen una importante amenaza de contaminación de los ríos y acuíferos, provocando restricciones y prohibiciones de beber agua del grifo, como ha sucedido ya de hecho en varios municipios de nuestra región. 

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Un arma de caza no es un juguete

Un promedio de 28 personas mueren cada año en España en incidentes con armas de fuego durante la práctica de la caza [1] y Castilla-La Mancha lidera el ranking entre las comunidades autónomas acumulando cerca del 30% de todos los incidentes, según datos oficiales [2]. Esta elevada siniestralidad, que no es proporcional al número de licencias o a la extensión territorial de nuestra región, se explica en gran medida por la Ley de Caza de Cospedal, que fomenta a toda costa y con el menor control la caza intensiva y comercial, incluyendo modalidades de alto riesgo.

Por esta y otras razones, en las Cortes de Castilla-La Mancha se encuentra en tramitación un proyecto de ley de modificación de la Ley de Caza que ha incorporado ya en su elaboración previa importantes avances en aspectos como la defensa del uso público del monte, la conservación de la naturaleza y la protección del bienestar animal. Con el propósito de profundizar estos avances, desde el Grupo Parlamentario de Podemos hemos presentado varias enmiendas que serán debatidas y votadas próximamente en las Cortes regionales. Entre las diversas cuestiones planteadas, una de ellas en particular está suscitando un vivo debate social: la propuesta de aumentar a 16 años la edad mínima para cazar, en lugar de los 14 años que establece la Ley de Caza de Cospedal. 

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