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Juan Luis Herrera

Concejal y portavoz adjunto del Grupo municipal XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna

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Martín echa humo para ocultar sus responsabilidades

En el pasado pleno nos sorprendía el gran disgusto que tenía la concejala Mónica Martín por haber denunciado públicamente que mentía al afirmar que no tenía constancia de los hechos acaecidos el 14 de octubre en la Mesa Mota. Se rasgó las vestiduras en público en defensa del deber de no divulgar los datos personales de terceras personas, refiriéndose al hecho de haber pasado determinada documentación a los medios de comunicación con la intención de que contrastaran nuestra denuncia. Era una cortina de humo para que no se hablara del fondo del asunto.

Desde luego, resulta sorprendente que ponga el acento en este hecho secundario, sobre todo teniendo en cuenta que en ningún medio se han publicado los datos de estas personas, los cuáles han permanecido en todo momento en el anonimato, en lugar de poner el acento en las consecuencias de su falta de deber público. La señora Martín, a la que le llegan las solicitudes de autorización para la celebración de determinadas fiestas estudiantiles en la Mesa Mota, miró para otro lado, echándole la pelota a otras áreas del Ayuntamiento, en este caso Fiestas y Seguridad Ciudadana, quizás porque no se ve capaz de llevar la labor que se le ha encomendado. Y habría que preguntarse qué le hubiera pasado a este Ayuntamiento, conocedor a través de estas solicitudes, si le hubiese sucedido algo a estos chicos. Desde luego sus familias estarían en todo el derecho a reclamarle a usted, señora Martín, el no haber hecho nada.

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Una Ley del Suelo a medida de los grandes inversores

Durante estos últimos meses se han estado debatiendo las distintas enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto de Ley del Suelo, que el presidente del Gobierno de Canarias trata de sacar adelante al precio que sea. Un ejemplo notorio de los intereses creados que se perfilan detrás de esta ley lo podemos encontrar en una sorprendente propuesta que hace Coalición Canaria para ser añadida al artículo 41, relacionado con la definición y los criterios de clasificación del suelo urbanizable. Pretende dejar una gran puerta abierta a cualquier grupo de presión que quiera desarrollar un proyecto de urbanización que le favorezca personalmente, en detrimento del interés general.

Mientras en la propuesta que nos llegaba en julio de 2016 en el punto 1 se definía el suelo urbanizable como aquel “destinado a atender las necesidades reales de ocupación del suelo, que no pueden ser satisfechas por otros suelos clasificados con anterioridad”, con la enmienda 12 Coalición Canaria añade un párrafo final al punto 1 que resulta cuando menos alarmante: “No obstante, cuando las necesidades del municipio lo impongan, se podrá clasificar nuevo suelo urbanizable previa desclasificación de suelo ya clasificado de igual superficie”. Se justifican argumentando que “se trata de facilitar los intercambios de suelo cuando es preciso para atender necesidades urbanas”. Es decir, legalizan un cambio de cromos cuando le convenga al primer inversor que llegue a tocarle a la puerta del alcalde de turno.

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Los impuestos de los laguneros, para la deuda de Oramas

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, sacaba pecho en los pasados presupuestos aprobados, los del año 2016. Indicaba que el plan de inversiones se incrementaba respecto al año 2015 en cinco millones de euros hasta alcanzar un total de 13 millones (en los presupuestos de 2015 había un total de ocho millones). Entonces, la concejala de Hacienda, Candelaria Díaz, afirmaba que se hacía así porque “creían que era una manera de dinamizar el empleo y la actividad en el municipio”.

Pues bien, con la liquidación del año presupuestario de 2016 nos encontramos con que de la cantidad total que finalmente se disponía en el capítulo de inversiones reales, es decir, destinadas a infraestructuras y bienes, un total de 12.421.549,35 euros, se ha terminado ejecutando a la fecha de 31 de diciembre la cantidad de 6.534.587,50 euros en obligaciones reconocidas, lo que supone que solo el 35,45% del total se ha podido realizar.

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Cómo aprobar un Plan General pese a quien le pese

Mucho se ha hablado estos días sobre el proyecto de futura Ley del Suelo de Canarias, propuesto por Fernando Clavijo. En el fondo, esta ley como cualquier otra no es mala por sí misma. Lo que hace que pueda llegar a ser nefasta es precisamente que no tiene en cuenta la condición humana. En las manos de un buen alcalde, respetuoso con el medio ambiente y los deseos de sus vecinos, es una buena ley que beneficia sobre todo al sector primario, tan castigado en nuestras islas. Pero en las manos de un mal regidor se convierte en un arma que puede hipotecar nuestro futuro. Esto es así porque al final se deriva el control de la misma a la Justicia, ya de por sí bastante sobrecargada. Para que fuera realmente útil en este sentido, se tendrían que crear juzgados especializados en urbanismo y un trámite rápido de resolución en tres meses, impidiendo así que las acciones de un mal alcalde se conviertan en hechos consumados.

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