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Sergi Atienza

Abogado penalista y licenciado en Derecho por la Universitat de Barcelona

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 59

Catalunya, Yemen y la ignorancia deliberada de Josep Borrell

Si hay algún ministerio especialmente sometido a observación por parte de la opinión pública este es sin duda el de Exteriores, pues las acciones del ministro se someten a análisis tanto de la opinión pública del Estado que le propone y mantiene como del conjunto de opinión pública, medios y organizaciones internacionales.

La cartera de exteriores en España está siendo especialmente sensible a este hecho debido a que existe un interés internacional en el proceso independentista catalán, donde los últimos dos ministros de Exteriores, Dastis y Borrell, se han visto obligados a actuar como bomberos para salvaguardar la imagen de la "Marca España". Las reacciones de agentes, prensa y opinión pública internacional llegadas desde el exterior han perjudicado la imagen del Estado español por la reiterada y violenta negativa del anterior gobierno popular, con el apoyo del grupo socialista en el Congreso, a pactar con el Parlament y el Govern de la Generalitat un referéndum de autodeterminación en Catalunya en los términos que vienen prescribiendo el derecho internacional, la reciente experiencia de países de nuestro entorno como el Reino Unido y Canadá en relación a Escocia y Quebec, o la resolución de julio de 2010 de la Corte Internacional de Justicia en relación al proceso de independencia de Kosovo, pudiendo llegarse a la conclusión que un país que además ofrece los más variopintos escándalos de corrupción política e institucional no termina de ajustarse a los mínimos estándares democráticos.

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Con la mofa hemos topado

El artículo 16 de la Constitución Española versa sobre la protección de la creencia y práctica religiosa. Por una parte, consagra el derecho a la libertad religiosa y de culto, y por otra el derecho de todo individuo a no ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, desarrollándose estos derechos a través del artículo 2 de la Ley Orgánica 7/1980 en el que se reconoce el derecho de toda persona a no ser objeto de coacción en alguno de estos derechos y supuestos siguientes y que pueden categorizarse como de libertad de creencia, de práctica y reunión religiosa:

Libertad de creencia:

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Guía para no entender nada de lo que sucede en la causa por rebelión

Dispone el artículo 117.1 de la Constitución que las personas que integran la magistratura se encuentran esencialmente sometidas al imperio de la ley en la administración de una justicia que emana del pueblo. Este sometimiento a la ley es el principio de legalidad, elemento nuclear del mapa legal que siempre debemos considerar y conocer en cualquier travesía jurídica que queramos emprender, pues en todo momento nos hallaremos a lomos de cualquiera de sus aristas o concepciones. En el ámbito estrictamente jurisdiccional penal, de todas las manifestaciones del principio de legalidad la más conocida de todas es la exigencia de que para que una persona sea condenada debe preexistir una lex praevia, stricta, scripta, et certa, rechazándose por tanto el arbitrio o simple voluntad del juzgador como modo de ejercer la administración de la Justicia.

El principio de legalidad es omnipresente en todo el ordenamiento penal, si bien la misma ley (como no puede ser de otro modo) admite que, en contraposición al principio de legalidad y para escenarios tasados, los poderes públicos practiquen el principio de oportunidad, que en materia jurisdiccional penal puede definirse como la facultad que se otorga a los representantes de los poderes públicos para que en determinados casos puedan dejar de ejercitar o promover la acción penal, solicitar un sobreseimiento, o una reducción de la pena, siendo operativo únicamente en los siguientes supuestos: 1. jurisdicción de menores, en la institución de la conformidad en los juicios penales (artículo 784.3 LECrim), 2. en la facultad que se otorga a los FFCCSE de no remitir un atestado cuando no exista sospecha de autor conocido (artículo 284,2 LECrim), 3. en delitos leves, cuando se faculta a Fiscalía para instar el sobreseimiento en determinados supuestos (963.1.1 LECrim), 4. ante la Corte Penal Internacional se permite al Ministerio Fiscal que no mantega la acusación cuando entienda que la investigación no redundaría en interés de la justicia, y 5. por último, en delitos fiscales el Tribunal Supremo ha admitido de un modo aun discutido en la jurisprudencia y doctrina que “no todas las actas por importes superiores a los límites del delito fiscal acaban ni deben acabar en los tribunales.” (STS 990/2013 de 30 diciembre). Fuera de estos casos impera el principio de legalidad, y en lo que respecta a la persecución de los investigados por delito los agentes de policía, fiscales y personas integrantes de la magistratura están obligadas a perseguir a los presuntos autores de los actos criminales, sin margen alguno para la ponderación de otros intereses o cuestiones no contempladas en la ley, existiendo además los delitos de omisión del deber de impedir o perseguir delitos o sus responsables del 407 y 408 CP.

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