El hedor que mantenemos a distancia: cuando desplazamos a los países pobres aquello que nos molesta

El comercio global es extraordinariamente eficiente para trasladar bienes. Transporta cobre, automóviles, cámaras y petróleo a través de océanos y fronteras a una asombrosa velocidad. Lleva el producto del trabajo y de los ecosistemas de un país hasta depósitos y supermercados en otro con tan poca fricción que los consumidores apenas perciben la distancia. Pero hay cosas que, deliberadamente, no se desplazan por la cadena de suministro. Una de ellas es el hedor.

Tomemos el caso de la harina de pescado, ese polvo rico en proteínas que se obtiene al transformar pescado en ración, especialmente para la acuicultura. El aire nauseabundo que producen las fábricas de harina de pescado permanece en las comunidades costeras más pobres, donde el pescado se descarga, se cocina, se prensa, se seca y se muele, muy lejos de los platos donde finalmente se consumen los productos del mar. Los mercados más ricos importan los beneficios de este insumo globalmente esencial, pero solo después de haberle quitado ciertas verdades incómodas. 

En agosto de 2022, al menos 50 manifestantes salieron a las calles de Kayar, una localidad pesquera en la costa atlántica de Senegal, exigiendo el cierre de una planta cercana de harina de pescado, Touba Protein Marine. Marcharon desde el muelle pesquero hasta la fábrica con pancartas que decían 'Kayar está enferma' y, en un vídeo que se difundió en Facebook, coreaban: “Es hora de respetar a nuestro Kayar”.

La fábrica, según relataron, se había construido a menos de medio kilómetro de las viviendas, lo que provocó problemas de salud y vulneró las normas locales de ordenamiento territorial. Ese mismo año, en Vietnam, cientos de residentes de la costa noreste del país rodearon otra planta y, durante varios días, utilizaron altavoces a todo volumen en señal de protesta. En India, en 2024, el olor procedente de fábricas de harina de pescado desencadenó manifestaciones que se prolongaron durante más de 100 días, culminando en un boicot a las elecciones locales y en la celebración de reuniones paralelas por parte de los habitantes para aprobar resoluciones contra estas plantas. La harina de pescado producida en al menos una de estas fábricas indias se ha utilizado para alimentar camarones comercializados en España.

Estas protestas no fueron provocadas por un desastre industrial del tipo que suele acaparar la atención internacional. Lo que llevó a la gente a salir a la calle fue el hedor de la harina de pescado. Una investigación global sobre los costes ocultos de este producto ha revelado que el olor rancio de esta industria es uno de sus impactos menos documentados, más íntimos en la experiencia cotidiana y más ampliamente padecidos en este mercado en expansión. La mitad del pescado y de los mariscos que se consume en el mundo proviene de la acuicultura, en gran medida sustentada por harina y aceite de pescado. Más de 9,5 millones de personas en todo el mundo, entre ellas, cerca de 1,7 millones menores de 15 años, viven a menos de un kilómetro de plantas de elaboración de harina de pescado.

La investigación involucra a más de dos decenas de periodistas en igual número de países. Los vecinos de estas plantas han contado que sufren náuseas, dolores de cabeza, irritación ocular, mareos, ataques de tos y pérdida de apetito. Relatan cómo deben recoger la ropa antes de tiempo, mantener puertas y ventanas cerradas pese al calor costero, sufrir alteraciones del sueño durante la noche y convivir con una constante sensación de inquietud al no poder anticipar la próxima ráfaga de viento. “No invitamos a familiares ni amigos porque nos avergüenza vivir en un lugar que huele a podrido”, explica un hombre en Songkla, Tailandia. La investigación documenta más de 70 casos de vecinos que denuncian malos olores procedentes de al menos 60 plantas en 15 países. En Mar del Plata, Argentina, el olor de las plantas de harina de pescado es tan intenso que algunos turistas que se alojan en un hotel cercano tuvieron que salir al patio para vomitar. 

Más de tres cuartas partes de los camarones que se consumen en España proceden de Ecuador, donde el olor de las plantas de harina de pescado ha llegado a abrumar a las comunidades cercanas y a paralizar el sector turístico. En la ciudad meridional de Huaquillas, fronteriza con Perú, los residentes declararon a un diario en 2021 que el olor del procesamiento de harina de pescado era “insoportable” e “imposible de aguantar”. En Salango, una parroquia rural de la costa ecuatoriana situada a más de 430 kilómetros al norte de Huaquillas, unos investigadores que en 2022 intentaban atraer visitantes a sus playas reconocieron que sería una tarea difícil, pues el olor de una planta industrial de harina de pescado “genera olores desagradables que ahuyentan a los turistas y los llevan a elegir otros destinos”.

El hedor de estas plantas no era solo una molestia. Este olor corroía la economía local al perjudicar el turismo y ahuyentar a clientes de restaurantes y visitantes de las playas. También era un indicador de la liberación de sustancias nocivas como amoníaco, sulfuro de hidrógeno, cianuro y metano, que se sabe pueden provocar graves problemas de salud, incluido el edema pulmonar. La parte más intensa del olor proviene de la trimetilamina (TMA), un gas incoloro caracterizado por su olor “a pescado”. En 2021, la Sociedad de la Industria Química identificó la TMA como “altamente tóxica y carcinogénica”.

La sensibilidad humana a los olores desagradables es un mecanismo de defensa producto de la evolución. Como parte de un instinto básico de supervivencia desarrollado a lo largo de millones de años, las personas sienten repulsión ante olores como los de las heces, los alimentos en descomposición, la carne podrida o los productos químicos irritantes. Según un estudio publicado en la revista Brain Sciences en 2016, esta reacción visceral también genera intensas sensaciones de asco y ansiedad que pueden derivar en consecuencias negativas para la salud cuando la exposición se prolonga más allá de unos pocos minutos. En muchos países, los residuos químicos están estrictamente regulados, especialmente si causan enfermedades o dañan el medio ambiente. Sin embargo, la emisión de malos olores suele considerarse más una molestia que un verdadero riesgo ambiental o sanitario.

El mal olor también es difícil de medir o regular en términos del nivel de molestia que genera. “La tecnología para detectar y caracterizar olores complejos no ha alcanzado el nivel de un método de vigilancia fiable, lo que ha dificultado el desarrollo de marcos regulatorios”, señalaba un artículo de 2021 en una revista especializada en gestión de residuos, escrito por un grupo de ingenieros ambientales de la Universidad Florida Atlantic. Aunque existen numerosos estudios sobre el impacto en la salud y el medio ambiente de sustancias específicas emitidas por plantas de tratamiento de aguas residuales, explotaciones ganaderas, instalaciones de compostaje, vertederos, fábricas de papel o industrias petroquímicas, pocas investigaciones se centran en el “impacto de la contaminación odorífera”, según un estudio de 2021 publicado en la revista Environmental Health.

Las industrias con fuertes olores, como las refinerías químicas, las plantas de fertilizantes, las incineradoras y los vertederos, suelen estar limitadas por normas de ordenanza territorial que buscan evitar su proximidad a zonas residenciales. En España, por ejemplo, la normativa prohíbe a los productores de cerdos instalar granjas a menos de un kilómetro de un núcleo urbano. Esto se debe a que las macrogranjas de cerdos generan grandes volúmenes de estiércol en poco tiempo, lo que libera amoníaco y nitratos que pueden contaminar el agua potable y deteriorar la calidad del aire con emisiones nocivas. Por este motivo, la mayoría de las explotaciones porcinas en España se ubican en zonas rurales, lejos de donde vive la mayor parte de la población.

Este tipo de regulaciones tiende a aplicarse con mayor rigor en los países más ricos, mientras que la gran mayoría de las plantas de harina de pescado se concentra en países de menores ingresos. En Senegal, donde existen al menos nueve plantas de este tipo, la investigación constata que la normativa prohíbe construirlas a menos de 500 metros de zonas residenciales. Sin embargo, el análisis de imágenes satelitales de estas instalaciones en relación con las viviendas muestra que esta regla se incumple de forma sistemática. Desde 2021, Senegal ha exportado a España más de 26 millones de dólares en harina de pescado, según datos comerciales. Parte de este producto se ha utilizado en granjas de cerdos: cada año, los ganaderos destetan a los lechones para dar paso a la siguiente camada, suministrándoles ración enriquecida con harina de pescado. En 2022, España importó al menos 15.000 toneladas anuales de este insumo con ese fin.

Los métodos para medir TMA en el aire existen al menos desde la década de 1970. Sin embargo, en las últimas décadas, el enfoque más habitual ha consistido en recoger muestras de aire mediante los llamados tubos de extracción en fase sólida y analizarlas en el laboratorio utilizando técnicas como la cromatografía líquida y la espectrometría de masas. Estas técnicas son precisas, pero costosas, y en ocasiones pueden alcanzar decenas de miles de dólares.

En 2009, un científico peruano llamado Josué Padilla Lauriano se propuso encontrar una alternativa más económica para medir los niveles de TMA. Centró su investigación en Chimbote, una ciudad de la costa occidental del Perú que no solo era el mayor productor mundial de harina de pescado, sino que también figuraba entre los lugares más contaminados del planeta. Mediante el uso de burbujeadores de aire sencillos y un espectrofotómetro —instrumentos habituales en casi cualquier laboratorio de química— y adaptando una técnica originalmente desarrollada para detectar TMA en peces muertos, no en el aire, Lauriano y su equipo recopilaron muestras durante 20 meses. El dispositivo que desarrolló tenía un costo de apenas unos cientos de dólares. Según la normativa local, las plantas no debían superar las 12 partes por millón (ppm), pero Lauriano registró emisiones nocturnas con promedios superiores a 17 ppm —cuando las plantas concentran la mayor actividad de cocción— y un valor máximo que superó las 32 ppm.

Incluso cuando las pruebas eran viables, muchos países no contaban con normas de emisión que incluyeran umbrales para olores desagradables, según un estudio de 2025 publicado en la revista Applied Sciences. “El mecanismo de detección del olor en los seres humanos aún no se comprende completamente”, señalaba el estudio, lo que explica en parte por qué el hedor es tan difícil de medir y regular de forma objetiva. En los países que sí establecen límites para la emisión de TMA, estos suelen basarse no en el olor o en el impacto sobre la calidad de vida, sino en los niveles a partir de los cuales esta sustancia comienza a afectar negativamente la salud humana. En Estados Unidos, las autoridades sanitarias suelen emplear valores de entre 5 y 10 ppm como límites de exposición a largo plazo. Estos umbrales son considerablemente más altos que lo que el olfato humano puede detectar. La TMA puede percibirse en concentraciones tan bajas como 0,0002 ppm, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El hedor de la harina de pescado no es un problema irresoluble. Cuando los propietarios de las plantas han intentado reducirlo, por lo general lo han logrado. En 2008, en Estados Unidos; en 2021, en Sudáfrica; y en 2022, en Yemen, los dueños de fábricas instalaron distintos tipos de dispositivos —algunos conocidos como scrubbers o depuradores de gases— que, según investigaciones posteriores, redujeron drásticamente los compuestos químicos con peor olor. Estos sistemas no se utilizan con más frecuencia, en parte, porque pueden costar más de un millón de dólares. 

Más allá de los costes, existen razones más profundas por las que el hedor se mantiene lejos de los consumidores. En los países más ricos, los vecinos de estas plantas suelen tener mayor capacidad para presionar a sus gobiernos y exigir controles sobre los olores. En los países más pobres, quienes viven en las zonas industriales donde se instalan estas fábricas suelen carecer de influencia política. Sus gobiernos, además, tienen mayor necesidad de ingresos y son más reacios a imponer regulaciones que puedan ahuyentar la inversión extranjera. Como resultado, existe poco incentivo o presión para que los productores de harina de pescado, muchas veces orientados a la exportación, resuelvan un problema que no afecta directamente sus resultados económicos. 

Otra razón es que la vida moderna tiende a jerarquizar los daños según lo fácilmente que puedan fotografiarse, medirse, litigarse o representarse en gráficos. Los perjuicios lejanos, lentos y difíciles de percibir, como el hedor, son precisamente aquellos que las economías globalizadas han aprendido a hacer desaparecer con mayor eficacia para los consumidores situados en el extremo más rico de largas cadenas de suministro. O, como se preguntó en otro contexto el novelista John Berger: “¿Cuál es el valor social de un dolor aliviado?”

(La elaboración de este reportaje forma parte de una investigación más amplia realizada por un equipo internacional de periodistas de The Outlaw Ocean Project.)