Après – Ski (Después del esquí)

Cuando Céüze 2000 cerró sus puertas a finales de la temporada 2018, los empleados de esta estación de esquí, situada a un centenar de kilómetros al sur de Grenoble, pensaron que sus puestos de trabajo no corrían peligro y que la renovación de sus contratos para la próxima temporada sería, al igual que en años anteriores, automática. Se equivocaban. Desde entonces han transcurrido siete años y la estación sigue cerrada y sin visos de reapertura.

El de Céüze no es un caso aislado si bien su clausura fue especialmente significativa por su funcionamiento prácticamente ininterrumpido desde 1935, fecha de su inauguración, y por ser uno de los complejos invernales más veteranos de todo el territorio francés. A pesar de todos esos méritos, los resultados de los ejercicios previos a su cierre demostraron a sus inversores que el proyecto había dejado de generar beneficios, que los gastos corrientes superaban a los ingresos y que la instalación de cañones de nieve, además de alimentar la espiral de deuda y representar un desembolso inasumible, no garantizaba su viabilidad a medio o largo plazo. Esas, poco más o menos, fueron las razones que hicieron que Céüze entrara a formar parte del catálogo de estaciones fantasma que salpican la geografía del país vecino y que en la actualidad asciende a 186.

Estos cierres y los que, seguramente, se producirán en el futuro no sólo demuestran que el cambio climático, al menos en Europa, es un hecho incontrovertible, sino que, además, plantean una cuestión que, en España, de momento, nadie ha considerado y para la que no hay todavía respuesta: qué hacer con las instalaciones, cómo disponer de ellas tras el cese de su actividad y del de las estaciones que las erigieron y para las que fueron diseñadas. Si, como afirman algunos geógrafos, el incremento de 2 ºC de temperatura media va a provocar que más de la mitad de las estaciones de esquí europeas se vean privadas de la nieve que necesitan para resultar rentables, a lo mejor es hora de que alguien comience a pensar en el establecimiento de una reglamentación o normativa capaz de resolver esas preguntas y de establecer con claridad quién es el responsable de eliminar esos elementos, qué entidad financia su retirada y cómo o cuándo debe hacerlo. Unos elementos que, no lo olvidemos, se hallan enclavados en un entorno tan frágil y vulnerable como el de la alta montaña y cuya presencia no solamente distorsiona y degrada el paisaje montano, sino que constituye una fuente potencial de contaminación y de vertidos de toda índole. Y es que, aunque algunos se empeñen en pensar lo contrario, las estaciones de esquí no son otra cosa que plantas o complejos industriales que, en lugar de haber sido diseñados para la producción de bienes en un entorno urbano o periurbano, han sido concebidos para proporcionar ocio y servicios en uno natural sin pensar en sus consecuencias ni en su coste medioambiental ni en su insostenibilidad a largo plazo. Los que las frecuentan o están familiarizados con ellas conocen de sobra el impacto visual que provocan; los desmontes y movimientos de tierra que se han realizado para abrir pistas o adaptar y reducir el gradiente de las laderas; el modo en el que se han desviado o canalizado los cursos de agua para alimentar los cañones de nieve; la proliferación de construcciones auxiliares en forma de taquillas, establecimientos de hostelería, almacenes, garajes, cuartos de máquinas, hangares, tiendas de alquiler de material y la cantidad ingente de mecanismos e ingenios de que disponen para garantizar su correcto funcionamiento y que incluyen: torres metálicas, pilonas, líneas eléctricas, transformadores, motores, cañones de innivación, cableado eléctrico, tuberías y toda suerte de remontes mecánicos, desde cintas transportadoras o telearrastres hasta telesillas, telecabinas o teleféricos.

Tras la soflama anterior, sólo queda añadir que el impacto medioambiental de las estaciones de nuestro país es, dentro de lo que cabe, considerablemente menor que el existente en la Galia. El motivo nada tiene que ver con el trato o, mejor, el maltrato que hemos dispensado a los espacios en los que se encuentran ubicados estos centros de ocio, que ha sido prácticamente el mismo, sino en las dimensiones del fenómeno. Francia, en sus mejores tiempos llegó a contar con 250 estaciones en activo que generaban 120.000 empleos directos, 300.000 indirectos y cerca de 11.000 millones de euros. Por el contrario, las existentes en España, a día de hoy, no superan la treintena y los cierres, que también los ha habido, sólo han afectado a estaciones de poca entidad y con un número muy reducido de usuarios como sucedió o sucederá en los casos de Lunada (Burgos), Valcotos (Madrid), Peña Trevinca – Fonte da Cova (Orense) o Navacerrada (Madrid). No obstante, tampoco deberíamos olvidar que la mayoría de las estaciones españolas son de titularidad pública, reciben financiación de las administraciones autonómicas a las que pertenecen y, por lo que parece, su rentabilidad económica no es prioritaria. Los gobiernos regionales no se plantean echar el cerrojo. Siguen apostando por su continuidad y enjuagando sus déficits de explotación a costa del erario porque, por lo visto, su existencia obedece a intereses superiores como son la cohesión territorial, la lucha contra la despoblación y… la especulación inmobiliaria en suelo rústico o los desarrollos urbanísticos. Veremos que queda de estos últimos en el futuro, cuando la nieve no haga acto de presencia o ya no funcione como reclamo aspiracional.