Los migrantes llegados a costas canarias se enfrentan sin recursos al sistema judicial que marcará su futuro

Nada más poner un pie en tierras canarias, los migrantesllegados en patera se topan con la Policía. Su relación con la ley y las fuerzas del orden determinan desde entonces el futuro de su proyecto migratorio a Europa, pero a menudo carecen de los recursos jurídicos necesarios para defenderse.

La Ley otorga a los extranjeros sin recursos el derecho a la asistencia jurídica gratuita para cualquier proceso en el que se puedan ver involucrados, haciendo especial referencia a la expulsión, la denegación de entrada y la protección internacional. Sin embargo, muchas de las personas llegadas a Canarias en patera se encuentran perdidas en un sistema judicial totalmente ajeno. A menudo no entienden su situación legal ni los documentos que le han sido facilitados por la Policía.  

El Defensor del Pueblo ha reprendido esta semana a las instituciones por el incumplimiento de estos derechos de los migrantes. “La asistencia letrada que, a través del turno de oficio, reciben los extranjeros que llegan a nuestras costas debe garantizar que se recibe un asesoramiento individualizado, con presencia de intérprete y que la persona comprende los derechos que le asisten”, dice. 

Sin una intervención efectiva de los abogados de oficio, la asistencia que reciben miles de migrantes se reduce generalmente a las charlas grupales ofrecidas en los centros de acogida por los tres abogados del servicio jurídico de la Cruz Roja en Canarias. Estas charlas deberían ser sustituidas por asesoramiento más personalizado cuando los migrantes pasan de centros de acogida integrales, pero la saturación del sistema con la reactivación de la ruta a Canarias y el parón del estado de alarma ha alargado a veces hasta cerca de un año su estancia en un sistema diseñado solo para los primeros quince días desde su llegada a Europa. 

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) subrayan que la creación de un un Servicio de Orientación Jurídica a Extranjeros (SOJE) “es una reclamación histórica por parte de las entidades sociales”.

Tras múltiples intentos, ha sido imposible recabar las versiones de los Colegios de Abogados de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Por su parte, la Delegación del Gobierno se limita a decir que “el derecho de asilo está garantizado, que toda persona puede pedir asilo y su expediente es tramitado individualmente y resuelto conforme a la Ley”.

El flujo migratorio hacia Canarias es mixto. Algunas personas llegan huyendo de la guerra y la persecución política - como es el caso actualmente de los llegados de Malí - mientras que la mayoría viene buscando oportunidades económicas para salir de la pobreza. 

Aquellos que huyen de la violencia pueden pedir protección internacional para permanecer en España. Una vez formalizada su petición de asilo, tres abogados del equipo jurídico de CEAR en las Islas les guían para completar el procedimiento. Sin embargo, el sistema está saturado actualmente y muchos solicitantes de asilo tendrán que esperar hasta verano de 2021 para poder entregar su documentación.

La resolución del expediente suele tardar más de un año y actualmente la Oficina de Asilo tiene más de 100.000 solicitudes atrasadas, principalmente de Venezuela y Colombia. El Ministerio del Interior ha prometido poner los medios necesarios para acelerar las resoluciones.

Los migrantes económicos tienen muy pocas posibilidades de regularizar su situación en España. Prácticamente su única opción es pedir un permiso de residencia por arraigo si tienen un contrato laboral de un año y han pasado ya tres años en el país. 

Algunos, desesperados al ver su proyecto migratorio estancado a las puertas de Europa, presentan solicitudes de asilo sin méritos como última opción o con la esperanza de que les permita viajar para reunirse con sus familias en el continente. 

Sea de la persecución o del hambre, todos los que arriesgan la vida para llegar a Canarias vienen huyendo de la miseria. El debate sobre las diferencias prácticas y morales entre ellas sigue abierto, pero el sistema legal discrimina entre las motivaciones políticas y las económicas. Lo que sí debería ser universal, al ser España un estado de derecho, es el acceso a una asistencia jurídica apropiada, pero actualmente esto no es más que papel mojado.