El campo canario tiene los mismos problemas que el peninsular, pero retiene de momento las protestas

Canarias se mantiene de momento al margen de las movilizaciones del campo español que, entre finales de enero y principios de febrero, tuvieron lugar especialmente en Extremadura, donde se llegaron a producir cargas policiales; en Andalucía, con cortes de carreteras o quema de neumáticos, o en Castilla y León, con más de 7.000 trabajadores movilizados.

Según Rafael Hernández, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en las Islas, una de las organizaciones que ha impulsado las movilizaciones junto a la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), dice que “esto tiene sus tiempos, sus estrategias, sus pautas” y, de ser necesario, asegura que en el Archipiélago también se incitará a salir a la calle. 

Las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos “son las mismas” en todas las autonomías, asegura Hernández: que los costes de producción están por debajo del precio que reciben y no obtienen rentabilidad, por lo tanto, les resulta muy complicado seguir dedicándose a su actividad al ser imposible competir con productos importados. 

En el caso de Canarias, esta situación hunde sus raíces en la progresiva desagrarización producida por el crecimiento turístico a partir de los años sesenta del siglo XX y la llegada de la globalización, con la consiguiente apertura al comercio internacional para dar respuesta al aumento de la población isleña. Antes de 1960, el sector primario ocupaba a más del 50% de la población y generaba el 32% del PIB, hoy en día supone 20.000 empleos directos y aporta poco más de 1% del PIB, según el Gobierno regional.

Los agricultores y ganaderos en Canarias tienen “motivos más que suficientes para movilizarse”, asegura Hernández, pero “ya hay manifestaciones repartidas por todo el territorio español. Según como evolucionen los acontecimientos, pueden llegar hasta aquí, pero esto no es fin en sí mismo, es un medio para conseguir objetivos a medio plazo”. 

A pesar de que las reinvindicaciones del campo español vienen de muy atrás, han decidido movilizarse en estos momentos porque la situación “se ha agravado”, dice Hernández. Los precios de la fruta, el cereal o el aceite han caído. En Canarias, el producto estrella, el plátano, continúa perdiendo cuota de mercado frente a la banana importada, que pasó por encima de la fruta isleña en noviembre en península y baleares. 

“El año pasado la venta agraria cayó un 8,6% y, en el caso de la renta, en el sector primario es el 60% de la media de los sectores productivos. Es algo insostenible”, dice el presidente de COAG en el Archipiélago. En suma, una serie de factores concatenados que ha ido llenando el vaso hasta propiciar una situación límite que provoca la salida del campo de mucha gente. También influyen factores de la política internacional, como los aranceles de Estados Unidos o el Brexit, y climáticos, con sequías cada vez más frecuentes que echan a perder cosechas.

Además, la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria para adaptarla a la directiva europea ha suscitado que el ministro de Agricultura, Luis Planas, haya accedido a atender algunas de las peticiones de los agricultores y ganaderos, como debatir las sanciones de la venta a pérdida. Lo que se reclama es que se publiquen las sanciones a las empresas que ejercen esta práctica, porque hasta ahora las entidades expedientadas que incumplen la ley no eran conocidas.

También, la posibilidad de incluir en los contratos de comercialización un índice de precios mínimos de referencia o de costes producción. “Es un salto cualitativo inmenso”, considera Hernández, quien estima que para lograr estos objetivos es “necesario llegar hasta el final, por eso seguimos esta estrategia de movilizaciones a medio plazo, porque a largo plazo no hay quien aguante y con este nuevo Gobierno parece que hay otra sensibilidad”.

Un reparto más equitativo de la cadena alimentaria

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se ha sumado las movilizaciones posteriormente, convocando protestas en diferentes puntos de España para finales de febrero, pero desmarcándose de las otras organizaciones agrarias. Este colectivo centra sus críticas en la concentración de empresas en la cadena alimentaria (seis en concreto: Mercadona, Grupo Carrefour, Grupo Día, Grupo Eroski, Lidl y Grupo Auchan), que aglutinan más del 50% de las ventas en el ámbito nacional, y pide una revisión profunda de la ley para repartir el sector de la alimentación, además de sanciones más contundentes. 

“En Canarias no se ha hecho absolutamente nada y yo aún no he visto ninguna convocatoria” dice Amable del Corral, de la Plataforma Agraria Libre de Canarias (Palca, que pertenece al colectivo estatal), a pesar de que en el Archipiélago existen los mismos problemas en el sector primario que en el resto del Estado, con ciertas peculiaridades debido a su condición de región ultraperiférica. En concreto, Amable del Corral reitera en la importancia de aplicar una política más férrea para imponer barreras fitosanitarias que impidan que a las Islas entren productos de otros países con plagas que en un territorio aislado como Canarias genera mayores problemas. 

Y también incide en “potenciar la agricultura con destino al mercado local” retirando dinero del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) -que garantiza el suministro de productos esenciales a las regiones ultraperiféricas paliando los costes adicionales derivados de esa condición- a aquellos alimentos importados que compiten con productos locales. “Esto impide que se desarrolle el sector agrario canario”, concluye.