La crisis agraria se cruza en la agenda social del Gobierno

Pedro Sánchez supo la misma noche electoral de que no tendría los 100 días de gracia que antaño se daban de margen a un nuevo gobierno. Poco después de acabar el recuento, el líder del PP, Pablo Casado, pidió su dimisión, en una intervención inaudita. El ganador de las elecciones comprobó que la derecha impondría una oposición férrea mientras temía la reacción de los poderes económicos y financieros ante un posible pacto con Unidas Podemos, la única opción que permitía sumar a esa hora de la noche. Al día siguiente corrió para firmar el acuerdo con Pablo Iglesias y durante el primer mes, la coalición ha tratado de sortear todos esos obstáculos y algunos tropiezos confiada en la agenda social planificada para las primeras semanas. 

El Ejecutivo de Sánchez, obsesionado con la comunicación, dio por hecho que frente al ruido de las derechas desplegaría durante los primeros Consejos de Ministros iniciativas sociales para mandar un mensaje nítido de que el Gobierno de izquierdas se iba centrar en los problemas de la gente. Y así se aprobó la subida de las pensiones y se acordó con sindicatos y empresarios otra subida del salario mínimo profesional, hasta los 950 euros mensuales.

La orden era tratar de contentar a colectivos muy movilizados como el de los funcionarios que llevaban muchos meses reclamando la subida de sus pensiones en las calles. Con lo que no contaba Sánchez es con el estallido del campo ni con que iban a ser los agricultores los que organizasen las primeras manifestaciones en las calles para protestar por un problema que viene de lejos: los bajos precios que pagan las grandes superficies y cadenas de distribución a las explotaciones agrarias. 

Precisamente a la formación de un nuevo Gobierno atribuyen en buena medida los agricultores su decisión de salir a las calles en toda España para alertar de la situación del sector, amenazado por la bajada de los precios que les deja un margen tan escaso –en ocasiones se vende a pérdidas– que en muchos casos les sale más rentable abandonar la producción. El sector primario se levantó en una veintena de ciudades hasta que la protesta llegó a Madrid, a las puertas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, este miércoles.

Las alarmas ya habían sonado, no obstante, en Moncloa con la manifestación en Don Benito (Badajoz) convocada por los sindicatos agrarios y que acabó con cargas policiales. La posibilidad de que la extrema derecha logre capitalizar las protestas de los agricultores es uno de los motivos de preocupación para los socialistas, aunque el rechazo que recibieron Santiago Abascal y los miembros de Vox que intentaron sacar rédito de la concentración en la capital  ha hecho respirar con cierto alivio al Gobierno. Con todo, el grupo de extrema derecha preguntará por el tema en la sesión de control al Gobierno de la próxima semana.

Tanto en el PSOE, que ve amenazados sus tradicionales graneros de voto en Extremadura y Andalucía, como en Unidas Podemos, que ha colocado en el centro de su discurso el problema de la España vaciada, la crisis agraria ha encendido todas las alarmas.   

“Hay determinados sectores que no van a entrar en lo de Vox porque la protección arancelaria es una tontería que no va a prender. La inmensa mayoría de los agricultores saben el valor de la exportación. Saben que no podemos reclamar aquí lo que no queremos que nos hagan fuera”, explican fuentes próximas a un presidente autonómico socialista.

Los socialistas consideran que este es un problema que se lleva enquistando tiempo y que no se puede culpar al Gobierno de la actual situación del campo. “Hay un punto de injusticia con el actual Gobierno porque el problema de precios se viene arrastrando desde hace mucho tiempo”, señalan fuentes del partido. Consciente de la llama que puede incendiar las calles en los próximos meses, Sánchez ha ordenado desplegar una agenda rural para dejar clara la implicación del Ejecutivo en el asunto y evitar que le estalle una verdadera revuelta social.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, volvió preocupado de Don Benito, donde hubo cargas policiales -que el PP criticó con dureza- cuando algunos manifestantes trataron de superar el cordón policial que protegía la feria en la que se encontraba junto al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara. El PSOE quiere darle máxima atención al asunto para evitar que la revuelta vaya a más. Prueba de ello es que el ministro Planas ni siquiera pidió al sector que abandonase las movilizaciones, y comprometió un diálogo continuo con los representantes del campo. 

Planas ha convocado ya a las partes implicadas para intentar solventar los problemas más acuciantes y también a las comunidades autónomas que ya han ido tomando medidas. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha explican que llevan “años trabajando de la mano del sector intentando fomentar la agrupación de productores y cooperativas” para que ganen poder frente a los comercializadores. Otro de los frentes que tiene abierto el Gobierno es en la negociación de la PAC en Bruselas. “Hay que orientarla hacia el agricultor profesional y no para el propietario de tierras”, expresan fuentes socialistas. 

El vínculo de la protesta agraria con el SMI

Además de por las cargas policiales, la protesta de los agricultores se coló en los informativos nacionales cuando se vinculó su situación con la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que había sido la primera victoria política y social del Gobierno de coalición. De hecho, el presidente extremeño solicitó una reunión a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para analizar el impacto que esa medida podría haber tenido en la caída del empleo agrícola. El Ejecutivo niega que el incremento de los sueldos tenga una incidencia negativa específica en el sector agrícola.  

Mientras el Gobierno dedica esfuerzos a solventar la situación sin que las calles lleguen a incendiarse –buena parte de la rueda de prensa del Consejo de Ministros estuvo monopolizada por las explicaciones de Planas sobre el asunto–, Moncloa planifica la agenda social para los próximos meses tras un arranque empañado por varias polémicas. La ley de educación será una de las primeras cuestiones que lleguen al Congreso y la idea también es impulsar la ley de libertades sexuales antes del 8 de marzo. De esos asuntos hablará el gabinete reunido de manera distendida en la finca de Quintos de Mora propiedad de Patrimonio del Estado. 

La coordinación dentro del bipartito de momento funciona y la buena sintonía entre las partes está siendo la tónica en las primeras semanas desde que el Gobierno se puso en marcha. Sin embargo, el arranque ha despertado durísimas críticas de la oposición y de un sector de la sociedad civil. La decisión de designar a Dolores Delgado como Fiscal General del Estado directamente desde el ministerio y cuando aún tenía el acta de diputada socialista indignó a la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales. El Ejecutivo cerró filas en torno a la apuesta de Sánchez, pero la decisión cayó como un jarro de agua fría en la mayoría de la judicatura.Otro nombramiento que ha removido a socialistas y el mundo del  deporte es el de Irene Lozano como presidenta del Consejo Superior de Deportes. 

Pero la gran crisis que ha atravesado el Ejecutivo en este primer mes ha sido, no obstante, a propósito del encuentro de José Luis Ábalos con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, no tanto por el hecho en sí como por las distintas versiones que ofreció el dirigente socialista, algunas de ellas contradictorias entre sí. Finalmente la situación se ha reconducido –el ministro sostiene que logró evitar una crisis diplomática al impedir que la número dos de Nicolás Maduro pisara suelo español–, aunque la oposición trata de estirar al máximo la polémica: buena parte de las preguntas en la sesión del control de la próxima semana están relacionadas con ese asunto. 

El ruido de los agricultores ha disminuido durante el último tramo de la semana en que la actualidad volvió a centrarse en Catalunya. A Sánchez le salió bien el encuentro con Quim Torra en Barcelona al conseguir que el jefe del Ejecutivo catalán aceptara poner en marcha una mesa de diálogo que habían pactado PSOE y ERC y que nunca le había convencido. En este asunto, el Gobierno volvió a protagonizar errores de comunicación al rectificarse en apenas cuatro horas sobre la conveniencia de esa mesa tras el anuncio de Torra de convocar elecciones en diferido.