Pedro Sánchez planea una agenda rural para evitar que el conflicto agrario estalle contra el Gobierno

“El Gobierno está preocupado por la preocupación del sector”. Esa frase del ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca, Luis Planas, evidencia la inquietud del Gobierno ante las movilizaciones anunciadas por agricultores y ganaderos por la precaria situación que atraviesan con la “espiral de rebajas” en los precios de productos primarios evidencia. Pedro Sánchez teme que la mecha prendida en el campo por un problema que viene de atrás se convierta en una ofensiva más contra el Ejecutivo, en este caso de gran calado social.

Las alarmas sonaron en Moncloa la semana pasada cuando una protesta de agricultores en Don Benito (Badajoz) acabó con cargas policiales por el intento de los manifestantes de sortear el dispositivo policial que protegía la feria Agroexpo a la que asistían el ministro de Agricultura y el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Luis Planas volvió con gran preocupación tras aquella situación y así se lo transmitió al presidente, mientras el Partido Popular reclamaba mesura a las fuerzas policiales.

Los disturbios de ese día se produjeron en una de las decenas de protestas que los agricultores han convocado en toda España por el escaso margen de beneficio que obtienen de sus productos. Este martes se ha programado una tractorada en Toledo con miles de asistentes y el miércoles se celebró una concentración a las puertas del Ministerio de Agricultura. El temor del Gobierno es que la inflamación se asemeje a la de los conflictos con los chalecos amarillos de Francia y que sea, además, capitalizado por la extrema derecha de Vox.

El Gobierno se había planteado como uno de los objetivos de la legislatura afrontar el reto 'España vaciada', pero el presidente ha pedido a su equipo priorizar esa estrategia, según fuentes socialistas. Durante la campaña electoral anunció un ministerio específico para el reto demográfico. En la composición final del Ejecutivo de coalición no existe un departamento exclusivo para ese objetivo pero esa área ha cobrado importancia integrada en la vicepresidencia de Teresa Ribera, experta en Transición Ecológica, la otra pata de su cargo.

Ribera tiene este jueves su primer acto oficial en la materia con una visita a Zamora, donde inaugurará una jornada sobre despoblación, y en León, donde se reunirá con los agentes sociales para abordar una mesa por la reindustrialización de la región.

Apenas una semana después del conflicto en Don Benito, Planas, ha anunciado un paquete de medidas que el Gobierno pretende poner en marcha a través de cambios en la Ley de Cadena Alimentaria para paliar los efectos que está sufriendo en el sector agrario. La intervención del ministro de Agricultura copó buena parte de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta vez para dar cuenta del informe que había elevado al Gobierno. La pretensión de Planas es erradicar prácticas desleales, prohibir la venta a pérdidas de productos como el aceite o la leche, que algunas grandes superficies utilizan como reclamo, obligar a que se incluya del coste de producción de los alimentos y publicitar sanciones a las cadenas que incumplan la norma.

Además, el ministro ha explicado que se reunirá con los grandes distribuidores para dar respuesta a las movilizaciones del campo español que protestan por el problema de los precios en origen y los escasos márgenes que les quedan a los productores tras las negociaciones de venta.

Planas compareció tras la reunión del gabinete un día después de citarse con el sector agrario en la mesa de diálogo constituida precisamente a raíz de las protestas, según ha explicado tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “La identificación del malestar o la inquietud es bien clara: los precios y su volatilidad. La reducción de los márgenes es un motivo de seria preocupación para ellos que comparte el Gobierno”, admitió el ministro en la rueda de prensa. El objetivo del Gobierno es aplacar la hostilidad social, aunque Planas rechazó pedir que paren las manifestaciones. “Apreciamos el gesto de que no nos lo hayas pedido”, aseguró que le trasladó uno de los participantes en la mesa de diálogo “sincero”.

Con las medidas anunciadas tras el Consejo de Ministros y esos encuentros, el Gobierno confía en rebajar un conflicto que amenaza con convertirse en una ofensiva de carácter social contra el Gobierno en feudos donde el PSOE ha tenido importantes caladeros de votos, como Extremadura o Andalucía. Los socialistas temen que esos problemas enquistados en la agricultura puedan convertirse en gasolina para Vox en lugares donde se concentra población inmigrante y citan los resultados electorales de Almería. Por eso consideran prioritario poner en marcha una “estrategia” que palíe los efectos de un problema complejo, que choca con la legislación comunitaria.