Una quincena de licencias afectadas y ayudas para cuatro barcos en Canarias tras el final del acuerdo de pesca con Marruecos

Barco pesquero cerca de Lanzarote en una imagen de archivo.

Iván Alejandro Hernández

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En Canarias, las repercursiones del final del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos han tenido escasa trascendencia en el subsector. En una flota con unos 700 barcos, “una quincena” tenían licencia, según dijo el presidente del Gobierno regional Fernando Clavijo, de los cuales cuatro faenaban en los caladeros de Rabat y del Sáhara. “No tiene una gran relevancia para la flota canaria en general”, señala David Pavón, portavoz de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, que a su vez matiza que para unos pocos barcos sí “era bastante importante porque era su única zona de pesca”.

La mayoría de las licencias en las Islas las aglutinaba Optuna 43, una cooperativa de Lanzarote que concentra a siete barcos dedicados a la pesca de atún. El gerente Andrés Cedrés explica que el acuerdo de pesca con Marruecos suponía una “puerta abierta” a complementar las capturas que realizan desde las Islas, pero también en Azores o Madeira. De hecho, revela que el año pasado pudieron “salvar la campaña” faenando durante los meses de noviembre y diciembre en la costa africana continental porque en el Archipiélago “había sido flojo”. Ahora, Cedrés dice que tendrán que prescindir de los armadores y tripulantes marroquíes o saharauis que contrataban y esperar a que se vuelva a negociar un nuevo pacto.

Pero también hay barcos que se han quedado sin la única zona en la que podían realizar capturas. Es el caso de El Rajitero, de la cooperativa Teidetuna, una comercializadora privada que se dedica a la pesca de túnidos con sede en Tenerife. Su presidente Francisco Jiménez explica que obtuvieron la licencia para poder realizar capturas en caladeros marroquíes y saharauis de pescado blanco, como la sama. Asegura que contaba con nueve tripulantes, siete españoles y dos marroquíes a los que contrababan y hacían las descargas en la isla del Teide. “Aún seguimos pagando el barco y ahora tendremos que amarrarlo en el muelle con todas las consecuencias que conlleva”, lamenta.

Vender ni siquiera es un posibilidad: “¿A quién le vendes un barco sin licencia? Lo compramos a unos 20 años y nos quedan unas tres cuartas partes para pagarlo… tendremos que ir sacando de los otros barcos para amortizarlo”, añade Jiménez. Sobre las ayudas anunciadas por el Gobierno de España -que contempla unos 300.000 euros para 11 buques-, Jiménez considera que “son pan para hoy y hambre para mañana. No le da a uno ni para pagar la seguridad social”.

El 17 de julio, tras su primer Consejo de Gobierno, Fernando Clavijo aseguró que ya ha pedido una reunión “urgente” con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación “para afrontar esta situación” al entender que va a generar un quebranto económico a las familias canarias que viven de la pesca por la desidia y la falta de implicación y diligencia de los gobiernos de Canarias y de España“. En su intervención, también reivindicó que Coalición Canaria advirtió ”en el Parlamento de Canarias, así como en el Congreso y el Senado“ que no se podría faenar en las aguas marroquíes y del Sáhara.

En 2019 la Unión Europea renovó con Marruecos un acuerdo pesquero heredado desde 1976 con España. Los Veintisiete abonaban 208 millones de euros hasta 2023 a cambio de 128 licencias para capturar determinadas especies, la mayoría para España (93), pero también para para Lituania, Países Bajos, Alemania y Polonia. 

Sin embargo, durante estos cuatro años el máximo de licencias activas ha sido de 27 buques, de los cuales, 19 son españoles (de la flota gallega, andaluza y canaria); si bien, esto no quiere decir que realicen la actividad con frecuencia. De hecho, la mayor cantidad de pescado la han recogido países que  de la flota gallega, andaluza y canaria. Y los que más cantidad de pescado recogen los otros países, entre el 80 %y el 90 % del total, y principalmente boquerón, anchoa o arenque para la fabricación de harinas.

De forma implícita, el pacto ha llevado aparejado el reconocimiento por parte de la UE que el Sáhara Occidental es un territorio bajo soberanía marroquí sobre el que el reino tiene potestad para usar los recursos a su antojo. Pero el Frente Polisario, representante legal del pueblo saharaui, llevó al Tribunal General de la Unión Europea el acuerdo pesquero al considerarlo ilegal por explotar recursos sin contar con el beneplácito de la población ocupada por Marruecos. En septiembre de 2021, la Justicia comunitaria dio la razón al Polisario y anuló el acuerdo, que se ha mantenido vigente hasta que expiró el 17 de julio por el recurso presentado en la Corte de Justicia por España, Francia, la Comisión Europea y el Consejo de Ministros de la UE.

El desenlace de ese recurso aún está por ver, pero de momento el acuerdo pesquero ha finalizado sin visos de renovación. El ministro de Agricultura y Pesca marroquí, Mohamed Sadiki ya advirtió en abril que cualquier escenario estaba ya previsto y anunció la intención de Rabat de explorar alternativas para imponer su línea roja: que el Sáhara Occidental es un territorio que está bajo su soberanía. Este 12 de julio, el ministro de Asuntos Exterior Nasser Bourita expresó la intención del reino de buscar una nueva asociación pesquera con la UE.

El Frente Polisario también ha movido ficha y el pasado 7 de julio, su representante en España, Abdulah Arabi, se reunió en Las Palmas de Gran Canaria con la Federación de Cofradías de las Islas para ofrecer licencias de pesca en las aguas del Sáhara Occidental como la “solución práctica” e inmediata para “salvaguardar los intereses de los pescadores canarios y sus familias”. Pavón, por su parte, calificó la oferta como “ilusionante”. Sin embargo, para que esto fuera una realidad, tendría que contar con la aprobación del Gobierno de España y el ministro de Agricultura, Luis Planas, restó valor a la propuesta, al tiempo que reivindicó que sólo negociaría con Marruecos.

El portavoz de la Federación de Cofradías de las Islas reconoce su predilección por “respetar” las sentencias del TJUE si se ratifica en la Corte de Justicia sobre el acuerdo de Pesca. Pavón dice que el pacto tiene “un alto potencial para Canarias”, pero actualmente lo considera escasamente rentable para la flota canaria por el canon que se debe abonar y las limitaciones en las especies que se permiten capturar. “La flota canaria se dedicaba a pescar atún y pescado blanco. Lo ideal sería poder pescar pulpo o calamar sahariano, pero está vetado, no queda dentro del acuerdo”, añade.

“Entendemos que para los pescadores de las Islas puede ser interesante que se abra un nuevo marco de oportunidades más adelante, cuando se pronuncie la Corte de Justicia europea. Se verán las condiciones en las que tendrán que llevarse a cabo las negociaciones y quizá pueda ser más ventajoso para Canarias”, manifiesta Pavón. 

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