Aena, pocas luces y demasiadas sombras (parte I de III)

Cuestión de transparencia, de cuya ausencia adolece el enigmático Ente público desde su fundación (1991), bajo los auspicios de un gobierno, supuestamente progresista, presidido entonces por Felipe González.

Su condición de monopolio estatal –contrasentido aparente en un Estado democrático– propició desde su principio una gestión absolutista, protegida a ultranza desde la alternancia bipartidista de las sucesivas legislaturas.

Una historia de oscurantismo endogámico que se ha desarrollado con autoritarismo e impunidad totalitaria, al amparo del poder institucional, que atenta contra la libertad de información y los derechos del pueblo soberano, en teoría propietario, dueño y señor de su patrimonio estratégico.

Es por lo que procede plantear preguntas, desde el conocimiento que da un historial profesional, sin mayor mérito que la experiencia adquirida en una trayectoria vocacional afecta al muy específico ámbito de la aviación. No con ánimo de especular sobre conjeturas o juicios temerarios, sino con intención de obtener respuestas plausibles a tantas aparentes inquietudes populares sobre hechos concretos, para que la resignación colectiva encuentre acomodo y salida en las explicaciones que se solicitan. Caso de que se logren.

PREGUNTAS PARA RESPUESTAS PENDIENTES

AENA: Sobre la oscuridad de sus cuentas: En dos años, 2009/2010, generó una deuda brutal: 14.000 millones de euros. Producto en parte, al parecer, de las faraónicas obras T-4, Barajas, y T-1, El Prat de Barcelona.

–Preguntas: ¿Estado actual de aquella deuda?... Si se liquidó, ¿cuándo y cómo?... ¿Influyó en la maniobra de privatización porque ya estaba saldada?... ¿O no tuvo nada que ver en la operación como “cuentas aparte”?

Comentario: Una cuantía escandalosa, reconocida oficialmente en su día, de la que dejó de hablarse por ensalmo. Datos oficiosos indicaban que los beneficios del Ente, a partir de 2013, ya superado el bache de las megalómanas terminales, eran de unos 600 millones de euros anuales. Cifra que, más o menos, se fue repitiendo en años sucesivos. Lo que indicaba una rentabilidad empresarial muy satisfactoria y adecuada a los preparativos para la privatización presentada en términos muy sugerentes. Proceso en el que no apareció ninguna referencia a la tremenda deuda. Pareció que a los inversores se les ofreciera el muestrario con solo los beneficios, y que los 14.000 millones en rojo aguardasen agazapados en alguna gaveta escondidos, camuflados y disimulados. Pues no hay posibilidad material de que tamaña deuda esté enjugada, ni a pesar de los suntuosos beneficios anuales, insuficientes para pagarla. Ya solo faltaría que el 49% privatizado estuviese exonerado de todo compromiso, solo recogiendo beneficios, y que el 51% “estatal”, o sea, todos nosotros, apechugáramos con el muerto de ir saldando el pufo durante casi medio siglo. Una reflexión profana que sugiere otras…

–Preguntas: ¿Se les habló a los inversores del evidente “agujero”?... Si así fue, ¿cómo participaron en la amortización?... ¿O acaso solo disfrutan de los dividendos mondos y lirondos como si no existiese la deuda?

Comentario: Para la “cuenta de la vieja”, propia del ciudadano peatonal, no salen los números. El misterio resulta muy inquietante por culpa del aludido oscurantismo, que induce a la sospecha por falta de transparencia. No olvidemos que estamos ante un órgano público, a cuya contabilidad tiene derecho de acceso el pueblo soberano. Derecho que también se vio conculcado cuando, en sede parlamentaria, se exigió información de los emolumentos y percepciones dinerarias de los gestores y directivos que configuran el organigrama del Ente. Se intentó en la época cruda de principios de esta década, pero jamás se consiguió.

Con respecto a la privatización de esta privilegiada parte del sector estratégico.

–Pregunta: ¿Es cierto que en un breve espacio de tiempo, menos de dos años, se ha triplicado el valor de las acciones?

Comentario: En tal caso, la operación se presenta como muy reprobable por escamotear a las arcas del Estado unos ingresos multimillonarios, patrimonio del pueblo, para beneficio de unos privilegiados inversores, escogidos y quizá informados con privilegiada anticipación, que se encontraron con una oferta a la baja, muy a la baja, como si hubiera necesidad de malvender una posesión que indicaba todo contrario por su rentable situación en tiempo presente, y unas expectativas de futuro tan halagüeñas como la realidad ha demostrado.

Otra pregunta al mismo respecto, en nombre también de la transparencia: ¿Hay posibilidad de acceso a la identidad de las entidades inversoras y personas físicas que intervinieron en tan afortunada privatización?

En otros dos capítulos siguientes, intentaremos iluminar otros espacios sombríos mediante preguntas que aclaren misterios con respuestas dignas.