Canarias-Estado, negociar y exigir

Se cierra la mitad de la legislatura autonómica y la estatal hará lo propio en pocos meses coincidiendo con la elaboración y la tramitación en las Cortes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. En este intenso periodo, marcado desde marzo de 2020 por la pandemia de la Covid 19, Canarias ha logrado acuerdos satisfactorios con el Gobierno estatal en numerosos asuntos, recibiendo un trato acorde con el mayor impacto económico de esta crisis en esta Comunidad; y en otros, ha tenido que alzar su voz ante decisiones desafortunadas que suponían una clara vulneración de su Régimen Económico y Fiscal (REF) o ante la indolencia frente al fenómeno migratorio. Además, otros asuntos, como el de carreteras o el desarrollo del Estatuto, siguen pendientes de resolución.

Alcanzamos un acuerdo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez (Bases para una Agenda Canaria en las relaciones con el Estado en el periodo 2020-2024), que se ha desarrollado parcialmente, con algunos temas aún pendientes. Hemos cumplido a rajatabla en el Congreso nuestro compromiso de apoyo al Gobierno del Estado. Además, compartimos las líneas generales de las políticas económicas y sociales adoptadas frente a la actual crisis: los ERTES, las aportaciones a los autónomos por cese de actividad y los créditos ICO para garantizar liquidez, los fondos Covid o la implementación del Ingreso Mínimo Vital. Todas estas políticas han tenido una repercusión positiva en Canarias, la comunidad más dañada.

Elementos positivos

Valoramos el cumplimiento en las cuentas publicas para 2021, en las que se presupuestaron todos los programas económicos y fiscales vinculados al REF y se cumplió lo señalado en los artículos 95 y 96 del REF del 91: que Canarias esté, al menos, en la media de inversiones estatales, con 304 euros por habitante, frente a la media (277).

Asimismo, en el reparto del Fondo Covid en 2021, dotado con 13.846 millones, se impuso la tesis que siempre defendió Canarias de que la distribución se realizara basándose en el criterio de población ajustada, es decir ponderada por parámetros como juventud, gente mayor de 65 años, superficie, dispersión o, en nuestro caso, insularidad. Esto hace que este año contemos con más de 629 millones de euros (150 más que si el reparto hubiese sido en función de la riqueza, como reclamaban otras comunidades), casi la mitad ya presupuestados en servicios públicos esenciales, quedando la cantidad restante para desviaciones y gastos extraordinarios de sanidad y de educación.

Un tratamiento justo a la situación de las Islas que también se produjo en las ayudas directas del Estado a empresas, autónomos y pymes. Canarias es la Comunidad que más recibe, 1.144 de los 7.000 millones de euros para todo el Estado, más del triple de lo que nos correspondería por un estricto reparto realizado sobre base poblacional.

Con relación al reparto de los fondos europeos extraordinarios entre las nacionalidades y regiones, Canarias sale bien respecto al REACT-EU, por el que gracias a los criterios de la Comisión Europea las Islas recibirán 630 millones, el 6,3% de los 10.000 para el Estado español, para la financiación de los servicios públicos esenciales y otras políticas sectoriales a ejecutar entre 2021 y 2023. Nuestra Comunidad ya ha generado casi 300 millones de euros en créditos que han financiado, por ejemplo, la convocatoria de ayudas directas a pymes y autónomos. Sin embargo, hemos reclamado al Estado una mayor concreción de los criterios y el sistema de redistribución de los fondos adscritos al Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR), compensando en relación con el daño económico sufrido por el Archipiélago, planteando igualmente que se amplíen los plazos para su ejecución de diciembre de 2023 a diciembre de 2026, como había reglamentado la Comisión Europea antes de que el Gobierno de España lo redujera a la mitad.

Asuntos pendientes

Pero también ha habido problemas importantes en las relaciones con el Estado. Mediante un acuerdo político hemos encauzado el generado por el Gobierno central respecto al diferencial fiscal en el sector audiovisual. Para restaurar el 80%, vulnerado con las modificaciones en la Ley del Impuesto de Sociedades que dejó el límite de las deducciones para Canarias en 5,4 millones de euros mientras se incrementó de 3 a 10 millones para el resto del Estado. A través de una ley y un Real decreto ley intentaron enmendarlo, tarde y mal. No respetando la garantía procedimental que reconocen la Constitución y el Estatuto. Por eso, el Parlamento plantea un recurso de inconstitucionalidad y el Ejecutivo ha solicitado una reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado.

Fue Nueva Canarias, a través de su diputado Pedro Quevedo, la primera en denunciar este quebrantamiento del REF. Y, también, la primera en tomar iniciativas en el Congreso, a través de distintas enmiendas, en junio de 2020 y en febrero de este año 2021. La unidad social, empresarial e institucional, con el pronunciamiento unánime del Parlamento de Canarias, ha sido muy relevante para lograr la rectificación del Ministerio de Hacienda, que se ha comprometido tras una reunión con Nueva Canarias a una redacción inequívoca, antes de final de año, en la que no se fijen cantidades, como hasta ahora, sino que se refleje claramente el diferencial del 80%.

Asimismo, continúa sin resolverse el contencioso sobre carreteras. Con dos vertientes. Por un lado, el cumplimiento de las sentencias judiciales del Tribunal Supremo sobre el pago de la deuda del Ministerio de Fomento con Canarias relativa al periodo 2006-2017, que alcanza los 405 millones de euros; y que se recoge en el acuerdo establecido entre NC y el PSOE para la investidura de Sánchez, y que debe figurar en una adenda al convenio de carreteras vigente. Por otro, el acuerdo que la ley de PGE para 2021, en su disposición adicional 153 tiene previsto, y que asignó 100 millones para este año, quedando pendiente los 400 restantes, que tampoco se ha cerrado. Por eso, instamos a los ministerios de Transportes y de Hacienda a cumplir con estos compromisos con el Archipiélago. También están pendientes 24 millones de euros para la financiación de la Metroguagua, que forman parte de los 40 incluidos en las cuentas públicas estatales para 2017, a distribuir en varios ejercicios para este proyecto de movilidad sostenible pública en Las Palmas de Gran Canaria.

Por otra parte, demandamos iniciar los traspasos de las competencias pendientes recogidas en el Estatuto, entre otras las referidas a ordenación y gestión del litoral canario, protección civil y salvamento marítimo, promoción y defensa de la competencia, seguridad privada, tutela financiera de las administraciones locales o la exclusiva sobre transportes terrestres de viajeros y mercancías por carretera, ferrocarril y cable.

Otra de las grandes discrepancias la hemos tenido en las políticas frente al fenómeno migratorio. Nuestra Comunidad no puede abordar en solitario la atención a las personas que llegan a las Islas en barquillas o cayucos. No compartimos los macrocentros ni que las Islas se conviertan en lugar de masiva retención de personas que aspiran a llegar al continente europeo. No es admisible que Canarias tenga que asumir prácticamente en solitario la atención a los menores, que financia Canarias con recursos propios. Es justo que se produzca, como venimos reclamando, un reparto entre las diferentes comunidades autónomas; una redistribución justa, equitativa, obligatoria, vinculante y con criterios de reparto asociados a la riqueza, a la población y al desempleo de cada nacionalidad o región, como plantea la propuesta impulsada por el Gobierno vasco.

Confiamos en que los asuntos pendientes de Canarias con el Estado puedan ser resueltos adecuadamente en el periodo próximo. Procediendo al desarrollo del Estatuto, iniciando el proceso de transferencia de las competencias pendientes. Resolviendo los contenciosos sobre carreteras. Con la financiación de los programas fiscales y económicos el REF en los PGE para 2022, así como el cumplimiento respecto a situarnos en la media estatal en inversiones, como sucedió en 2017, 2018 y 2021, con gobiernos estatales de distinto signo. Con pasos decisivos con relación al complejo fenómeno migratorio. Por nuestra parte, seguiremos contribuyendo a las políticas de progreso en el ámbito estatal. Y defendiendo a Canarias desde la exigencia de un trato justo y mediante un dialogo constructivo. Negociar y exigir. Lo que siempre caracterizó al más consecuente y eficiente nacionalismo canario.

Román Rodríguez es vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias.