Desequilibrios

El 31 de julio de 2015, el Pleno del Cabildo aprobó, a propuesta de Unidos x GC, la creación de una Comisión Especial sobre posibles desequilibrios perjudiciales para Gran Canaria en relación a las acciones del Gobierno de Canarias. El 30 de septiembre se constituyó por todos los grupos políticos presentes en esta Corporación. Se solicitó inicialmente, el 7 de octubre de 2015, al presidente del Gobierno de Canarias la Balanza Fiscal por Islas y la recaudación del REF (IGIC, AIEM e Impuesto Matriculación). El 9 de octubre 2015 se pidió a la Agencia Tributaria los ingresos por islas del Impuesto sobre Sociedades. Elaboramos un calendario de reuniones para escuchar a distintas instituciones, organizaciones y administraciones: Universidad; Consejo Insular de Aguas; ITC; Autoridad Portuaria; Asociación Española Contra el Cáncer… No se recibió respuesta del Gobierno y decidimos, el 7 octubre de 2016, solicitar la colaboración de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria para recabar los datos necesarios.

Se elaboró entonces una propuesta de estudio y análisis de la situación: investigación de las inversiones y de la distribución de los recursos humanos y órganos de control de la administración… En noviembre de 2016 se vuelve a requerir del presidente del Gobierno de Canarias la información sobre los presupuestos, inversiones, ingresos de impuestos y arbitrios que se le había solicitado. También se le piden datos sobre los convenios con el Estado en materia de infraestructuras hidráulicas, parques tecnológicos, carreteras; transporte de pasajeros… El 24 enero 2017 se recibe un escrito del Gobierno canario denegando la información y alegando que les suponía mucho trabajo. Como ven, no ha habido ningún tipo de facilidades para desarrollar la labor y además no disponemos de datos por Isla del IRPF y se nos niegan los datos del IGIC. Insistimos que esta Isla es la que más recauda e ingresa por estos conceptos y la más perjudicada por la distribución de los ingresos, pero se niegan en redondo a aportarnos los datos requeridos.

Una vez realizada la conveniente investigación, a partir únicamente de los datos analizados y escuchadas todas las instituciones y organizaciones convocadas, hemos elaborado un Dictamen y llegado a las siguientes conclusiones: La distribución territorial de los cargos públicos intermedios de la Comunidad hace que Gran Canaria solo disponga del 29 % frente a un 53 % de Tenerife. En el área económica un 27 % frente al 51 %; en el área territorial un 50 % frente al 20 % y en el área turística un 25% frente al 58%... Aquí está la madre del cordero. Se ha generado así una estructura de poder que controla todo, que decide todo…

Desde el año 2001 hasta la actualidad Gran Canaria ha dejado de percibir con respecto a Tenerife 321 millones menos de euros en inversiones y transferencias. En esta legislatura el desequilibrio es de 120 millones. La Confederación Canaria de Empresarios denunció en junio de 2017 que Tenerife, durante la crisis, recibió 3.400 millones más que Gran Canaria provenientes de fondos públicos, aunque nosotros no pudimos confirmar estos datos. También en la distribución de los fondos del FDCAN, al no seguirse los criterios del REF, hace que recibamos 11 millones menos cada año.

Nuestra universidad recibe 15 millones menos cada año. Cuando se finalicen las obras de los hospitales Norte y Sur de Tenerife, esa isla dispondrá de 148 camas hospitalarias más que GC. En el periodo comprendido entre 2001 y 2018 Gran Canaria ha recibido un 31 % en inversiones hidráulicas frente a un 69 % de Tenerife. De 2015 a 2018 las diferencias son de un 14 % frente a un 86 % (38 millones de euros menos).

La diferencia en aceleradores oncológicos es notable de una isla a otra. La distribución de la red de recursos sociales y sanitarios beneficia marcadamente a Tenerife frente a Gran Canaria y el resto de las islas. Lo han denunciado recientemente los sindicatos. Comprueben solo un dato: en Gran Canaria disponemos de 7 técnicos para atender a 620 jóvenes con medidas judiciales y Tenerife cuenta con los mismos 7 para atender a 460.

En los últimos años se ha producido una disminución de los recursos de I+D+i para intentar desmantelar al ITC con sede en Gran Canaria. El incumplimiento de la Ley de Sedes ha sido constante, interpretándola al gusto cuando se trata de beneficiar a Tenerife (financiación de recursos, capitalidad, etc). El mantenimiento de la Ley de Mejora y Modernización de Turismo perjudica notablemente a Gran Canaria e impide la construcción de los alojamientos que precisan los empresarios del sector.

Denunciamos igualmente la opacidad y la falta de información interesada cuando se es demandada… También el intento de manipulación de las cifras de los presupuestos para cuestionar los datos aportados por la SPEGC inventándose unos datos presupuestados falsos y tergiversados. Un auténtico escándalo que ha pasado sin pena ni gloria, sin que el Parlamento le haya prestado la mínima atención, a pesar de que lo denunciamos públicamente.

Y a pesar de todo insisten en esta política de maltrato a Gran Canaria y así hace unos días el Gobierno de Canarias ha publicado que han concedido subvenciones por importe de 12,7 millones de euros para mejorar la calidad de vida y fijar población en municipios rurales de las Islas. Pues bien, 5,06 millones se destinan a iniciativas en Tenerife; 3,63 millones se dirigen a proyectos en La Palma; 2,91 millones de euros a Gran Canaria; 726.250,71€ a actuaciones en La Gomera; 392.540,11 euros a El Hierro y 59.857 a Fuerteventura.

Para poner fin a todo esto, para exigir que se ponga fin a esta situación, la Comisión incluye en su Dictamen un amplio abanico de propuestas para corregir los desequilibrios demostrados: Se demanda la información transparente de la balanza fiscal por islas y la recaudación del REF (IGIC, AIEM, Impuesto de Matriculación…); de los presupuestos y las inversiones reales; de los suministros a la Comunidad.

También un plan específico de infraestructuras para GC -a realizar de común acuerdo con el Cabildo de Gran Canaria- de, al menos, la cantidad de lo dejado de percibir en el siglo XXI… en materia hidráulica, portuaria, viarias, etc… Un Plan Especial contra el paro y la pobreza en esta Isla que incluya una política de reequilibrio en la red de recursos sociales y sanitarios. Que se corrijan las deficiencias en aceleradores oncológicos en función de la población de cada isla: en estos momentos disponemos de tres menos que Tenerife.

Que se cumpla con la Ley de Sedes y se corrijan los desequilibrios en los cargos intermedios y los órganos de control de turismo, territorio, economía… (Esta es una de las claves). Que se desbloquee la Ley de Turismo que impide atender la demanda del sector turístico grancanario. Que se estudie la redefinición del Bloque de Financiación Canario, de la estructura fiscal de las islas, de los ingresos y gastos en cada una de ellas y del principio de solidaridad regional.

n el Pleno extraordinario del Cabildo del pasado viernes 27 de abril, este Dictamen –que incluye aportaciones de todos los grupos políticos presentes en el Cabildo, salvo de CC (la voz de su amo)- se aprobó solo con los votos de los consejeros y consejeras que conforman el Gobierno del Cabildo. CC votó en contra siguiendo el mandato de su partido dependiente de ATI y se descolgó al día siguiente con un artículo atacando al Gobierno del Cabildo, a su presidente y, de manera mendaz y personal, al responsable de la SPGC, Cosme García, un técnico profesional y riguroso. El resto de la oposición se abstuvo. Todos reconocieron que existen desequilibrios pero no votaron a favor. Antepusieron sus intereses de partido a la defensa de los de Gran Canaria. Y claro, es que Podemos no sabemos qué defiende, de momento parece que solo piensa en atacar al Grupo de Gobierno; Unidos por Gran Canaria (que pidió la comisión) negocia un pacto con CC para las próximas elecciones locales (pretendían que nos olvidáramos de las cifras y miráramos solo al futuro) y el PP ha cerrado un acuerdo con CC para el resto de legislatura y ya han empezado pactando las presidencias de las autoridades portuarias y eso les parece que debe estar por encima de los intereses de los hombres y mujeres de Gran Canaria. Por cierto espero que la nueva presidencia mantenga viva la defensa de nuestro Puerto ante los embates en contra de CC y Puertos del Estado.

El pasado 16 de marzo, en el acto de entrega de los Honores y distinciones del Cabildo de Gran Canaria hice referencia a algunos logros históricos de la sociedad civil grancanaria. Hablé de la heroica lucha de nuestros antepasados ante los conquistadores; del logro de nuestra primera autonomía fiscal a través del Fuero Real; de la creación de Real Audiencia de Canarias; de la resistencia y victoria frente a los ataques de Hawkins, Drake o Van der Does; del logro del Reglamento Real de 1718 que liberalizó nuestras relaciones comerciales con América; de la Ley de Puertos Francos de 1852; de la construcción de nuestro puerto en 1883; del logro de la división provincial; de la conquista de nuestra universidad… ¿Es que ya hemos perdido los grancanarios y grancanarias esa capacidad de lucha y defensa de nuestros intereses? ¿Estamos correspondiendo adecuadamente a ese esfuerzo y defendiendo con valentía ese legado?

¿Se trata de lo que llama el periodista Manuel Mederos, en Canarias 7, el “desgarro de una sociedad dormida”: “una sociedad profundamente desmotivada, desmovilizada, engañada, centrada en la supervivencia y en conservar privilegios”? En una encuesta reciente publicada en ese mismo diario, salvo en Tenerife, todos los hombres y mujeres de las islas consideran, por encima de un 60 %, que el Gobierno canario trata de manera desigual a los canarios (en el caso de Gran Canaria opina así el 75´7 % de la población). Aun así, las organizaciones empresariales grancanarias más potentes (me apuntan que por presiones, por miedos o por intereses) dicen que no hay desequilibrios; una acorazada mediática entregada a ATI (encabezada por un periódico que nació para defender a la provincia de Las Palmas) se presta a hacerles el juego intentando contrarrestar la información, tachándonos de insularistas, orquestando campañas de descrédito e intentando distraer la atención y dañando mi imagen y la del Gobierno de la Isla… Confío en que la inmensa mayoría de la sociedad civil no se calle. Que no lo asuma sumisamente. Que no lo acepte sin rechistar.