Desiguales ante la ley

El artículo 14 de nuestra sacrosanta Constitución señala que todos los españoles son iguales ante la ley (con la excepción del rey, claro) pero lo cierto es que ese artículo es mentira. 

Lo que dice el mencionado artículo es que todos los españoles son iguales sin que pueda haber motivo de discriminación por sexo, raza, religión, nacimiento, opinión o por cualquier otra circunstancia personal o social.  

Sin embargo, estos días hemos podido comprobar cómo el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha enmendado la plana al gobierno autónomo al no respaldar la decisión de restringir y limitar el movimiento de los isleños por mor de la pandemia.     

Simultáneamente veíamos cómo otros Tribunales Superiores de Justicia de diferentes comunidades españolas dictaban autos contradictorios en el que en unos casos aplaudían las medidas de los gobiernos autónomos y en otros las invalidaban. 

Eso no solo ha ocurrido con los Tribunales Superiores de Justicia sino con el Tribunal Supremo o el Constitucional, que ha fallado nulo el estado de alarma decretado por el Gobierno de España el año pasado. 

Se puede entender que los distintos tribunales de España, los altos y los medianos, puedan tener opiniones distintas ante un mismo hecho pero resulta bastante peligroso que los jueces interpreten a su manera las leyes y no se limiten a aplicarlas. 

Si los magistrados pueden interpretar libremente las leyes, ¿de qué sirven los legisladores?. En algunos casos puede parecer que el Poder Judicial quiera sustituir no solo al Legislativo sino también al Ejecutivo. 

Hay que entender que en un Estado democrático y social de derecho debe haber división de poderes para que sirvan de contrapeso pero resulta exagerado que la última palabra la tenga siempre el único poder que no ha sido elegido democráticamente sino que está compuesto por jueces elegidos por la propia Magistratura. 

El hecho de haber sacado una oposiciones a la Judicatura no legítima a un juez para sustituir a un gobierno que ha sido elegido democráticamente. Se podría argumentar que los jueces están para vigilar que las medidas adoptadas por los gobiernos estén siempre dentro de la ley, pero también se podría contraargumentar que de esta forma el futuro de las comunidades autónomas no dependerán de sus gobiernos sino de sus tribunales superiores de justicia. 

Porque es evidente que cada juez funciona de manera independiente y, como ha ocurrido recientemente con el Tribunal Constitucional, la decisión ha salido adelante por un solo voto. Si el magistrado que dimitió por unas acusaciones de violencia de género hubiese estado en el pleno, la decisión habría sido la contraria ya que el presidente del Tribunal Constitucional votó a favor de la medida del gobierno y en caso de empate cuenta siempre con el voto de calidad del titular. 

En definitiva, que no podemos garantizar que los españoles sean iguales ante la ley ya que, mientras en Canarias un tribunal desautoriza al gobierno autonómico, en el otro archipiélago español el tribunal de Baleares le da la razón a pesar de que los dos ejecutivos decretaron la misma medida. Y así podemos seguir con la comparativa de varias comunidades. 

No, no somos iguales ante la ley porque dependerá del lugar de nacimiento y de lo que el tribunal más cercano dictamine. Tampoco lo somos mientras el jefe del Estado tenga unos privilegios reales que le hacen penalmente irresponsable. Así es nuestra democracia y así es nuestra Constitución. Una verdadera pena.