Desregulación, discrecionalidad y centralismo

Mayor discrecionalidad. Mayor centralismo. Mayor poder del Gobierno. Menos relevancia de interés general. Menos planificación previa. Menos papel de ayuntamientos y cabildos. Así han sido muchas de las actuaciones del Ejecutivo canario en esta legislatura. También ha ocurrido con su proyecto de ley sobre Tramitación Preferente de Inversiones Estratégicas en Canarias. Por eso planteamos una enmienda a la totalidad al mismo, derrotada por CC y PSOE. Y, asimismo, presentaremos enmiendas parciales a su texto.

Este proyecto de ley tiene por objeto “agilizar la tramitación en las administraciones públicas canarias de los expedientes relacionados con iniciativas y proyectos de inversión que sean declarados de interés estratégico por parte del Gobierno de Canarias”. Lo que conllevará la tramitación preferente y urgente de los mismos. Desde la absoluta arbitrariedad del Ejecutivo, que podrá favorecer a unas iniciativas empresariales frente a otras en toda la tramitación administrativa, urbanística y medioambiental.

En su texto se destaca el amplio consenso existente sobre los graves inconvenientes que supone para la economía el exceso de regulación “que contribuye a retraer o desincentivar la inversión y, por consiguiente, la generación de riqueza y empleo”. Aunque en Nueva Canarias (NC) estamos de acuerdo en la necesidad de hacer más eficiente la administración y simplificar los trámites para todo el mundo, evitando innecesarias dilaciones, consideramos que esa argumentación esconde una enorme falacia. Muy extendida pero poco sustentada.

No ha sido la regulación la que ha impedido las inversiones. Con el vigente marco regulatorio se produjo un boom de las inversiones privadas y el continuo crecimiento económico de Canarias entre 1993 y 2008, año este último en que aparecen los efectos de la crisis económica que sufrimos en toda su intensidad. Con una regulación más exigente que la actual no había barranco o playa sin grúas. Y, en lo público, se hicieron carreteras, puertos, hospitales o centros de salud; ahora hay carreteras paralizadas, hospitales con sus obras sin terminar o colegios que son solo futuribles.

Pretenden intencionadamente echar la culpa al sector público. Pero las razones de la retracción de las inversiones, privadas y públicas, se encuentran fundamentalmente en la crisis, la falta de crédito, la caída de la demanda y los recortes; y no, como plantean, en el marco regulatorio.

Seguridad jurídica

No cuenten con Nueva Canarias para sumarse al coro liberal que pretende que veamos, en el marco legal que regula las actividades económicas y en los consiguientes trámites administrativos, un problema cuando son la garantía del cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad ante la ley y defensa de los intereses generales por parte de las administraciones públicas con objetividad y seguridad jurídica para los administrados.

Basado en la creencia, recogida en la exposición de motivos del proyecto de ley, de que la economía canaria se hace más competitiva con medidas de simplificación de la regulación y de los trámites administrativos, se han ido adoptando, en los últimos años, una serie de normas que recentralizan en el Gobierno canario la toma de decisiones. Así se han ido cediendo cada vez más competencias en las determinaciones territoriales al Ejecutivo, imponiendo, además, decisiones no determinadas por el planeamiento vigente.

Este proceso se inició con la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, en la legislatura pasada. Continuó con la Ley de Modernización y Renovación Turística y con el proyecto de ley de Armonización y Simplificación Territorial, en trámite de aprobación parlamentaria. Y llega a su culmen, por ahora, con este proyecto de ley sobre inversiones estratégicas.

A la que se suma la Ley de Armonización y Simplificación en Materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. Cada una enmienda y confirma el fracaso de las anteriores. Ninguna, por cierto, ha sido evaluada, para poder saber qué impacto ha tenido, qué objetivos ha logrado.

El dictamen 276/2014 del Consejo Consultivo de Canarias sobre este proyecto de ley, aprobado por unanimidad de sus siete componentes, observa visos de inconstitucionalidad. Indicando que “en toda esta materia de reducción de plazos o preferencia en la tramitación, cualquier iniciativa legislativa debe garantizar que con la regulación no se disminuyan las garantías jurídicas de los ciudadanos”. El Consultivo señala que se puede abrir la puerta a una “aplicación asimétrica… inasumible desde el punto de vista de los principios constitucionales”.

A partir de la aprobación de esta ley se atribuye al Gobierno de Canarias la competencia para la declaración de interés estratégico de un proyecto empresarial privado y se obliga también a otras administraciones públicas canarias, cabildos y ayuntamientos, a la tramitación preferente de los procedimientos administrativos y la reducción de plazos. Lo que podría contravenir el respeto a la autonomía local, garantizado constitucionalmente.

Participación ciudadana

Me preocupa, además, la interpretación que se haga de los art 6.2 y 6.3 respecto a la reducción imperativa de los plazos establecidos a la mitad en la tramitación, aprobación y ejecución del planeamiento urbanístico, cuando tenga por objeto exclusivo obras e instalaciones de inversiones declaradas de interés estratégico. Así como en los procedimientos medioambientales establecidos para la ejecución de tales inversiones. En todo caso, no comparto que ello incluya acortar los plazos de información pública y, por tanto, de participación ciudadana, que consideramos imprescindible.

Cabe plantearse qué dirían CC y PSOE si el Gobierno estatal en asuntos como las prospecciones petrolíferas redujera a la mitad los plazos, por ejemplo, para la presentación de alegaciones respecto a la declaración de impacto medioambiental u otros trámites del proceso. Lo considerarían, con toda seguridad, escandaloso.

En definitiva, considero que, en su actual formulación, el proyecto de Ley sobre Tramitación Preferente de Inversiones Estratégicas para Canarias es inaceptable. Porque no garantiza la igualdad de todos ante la ley y quiebra el interés general. Porque confunde el interés público con el interés privado. Porque desprecia a las corporaciones locales. Y porque, además, deja todas las decisiones, de manera discrecional, en manos del Gobierno canario.