Los escarabajos son bichos feos, sucios y repulsivos

Hace unos meses se publicó un artículo firmado por la colaboradora habitual del Diario de Avisos María Fresno. En él decía: “Podremos estar de acuerdo o no en la necesidad de la construcción de este puerto, pero que un insecto, bicho o similar, por muy en peligro de extinción que esté, consiga que la Fiscalía denuncie al entonces viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Cándido Padrón, por autorizar la ”traslocación“ de varios ejemplares de este insecto y la destrucción de su hábitat, me parece una broma de mal gusto”.

Para la autora los escarabajos son bichos feos, sucios y repulsivos y por ello le resulta incomprensible que la fiscalía actúe, como es su obligación constitucional, en defensa del estado de derecho: “cuando se está hablando de empleo, de actividad económica y de dar capacidad de gasto a las familias” con la construcción del puerto de Granadilla.

Esta disparatada opinión de quién demuestra en su escrito que no sabe nada de ecología, ni de cómo funciona una sociedad democrática basada en el imperio de la ley, es compartida, desgraciadamente, por los que promueven y apoyan el nuevo puerto tanto en los discursos como, lo que es peor, en los hechos. Parecen olvidar que las leyes han sido propuestas, y aprobadas en el Parlamento, por los mismos partidos que promueven la nueva dársena portuaria. Y lo que es sucio, feo y repulsivo es que quienes están obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes actúen como si eso no fuera con ellos al promover y financiar proyectos que, en los tribunales, ATAN ha demostrado, en reiteradas ocasiones que no se ajustaban a la ley.

El puerto de Granadilla es, de principio a fin, una sucesión de ilegalidades que no han conseguido tapar la falta de transparencia de las administraciones, tanto canarias como la del Estado, ni de ocultarla el coro mediático. Los sebadales, los escarabajos, la piña de mar, en definitiva, los ecosistemas afectados por las obras, han sido contemplados como obstáculos, palos puestos por desalmados ecologistas a las ruedas del progreso, obviando que los palos son sus leyes.

ATAN ha denunciado la proliferación de canteras ilegales destinadas a suministrara áridos para la construcción del puerto, es decir, que las administraciones promotoras de la obra colaboran y promueven el incumplimiento de las leyes en beneficio de unos pocos y a costa del interés general. Es verdad que la obra cuenta con un observatorio ambiental, dirigido por un experto en escarabajos, pero su objetivo no ha estado ni está en controlar los impactos de la obra y en minimizar sus efectos. Por el contrario, su labor ha consistido en amparar y cubrir estas ilegalidades, hasta tal punto que también ha sido denunciado por haber ocultado la procedencia ilícita de los áridos.

El 13 de septiembre la Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictaba sentencia en el recurso de casación 4202/2010 interpuesto por la entidad “Asociación tinerfeña de amigos de la naturaleza”, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sección Segunda, de fecha 17 de mayo de 2010, en su recurso contencioso administrativo número 1/2009, sobre Plan Territorial Parcial “Plataforma Logística del Sur”, de Tenerife.

En su fallo anula tanto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias como el Plan promovido por el cabildo y el gobierno autónomo dando la razón al recurso jurídico de ATAN. Esta resolución de TS, además de poner muy claramente en evidencia los incumplimientos de la ley, y la falta de escrúpulos de sus promotores, deja sin justificación las obras que se han realizado conforme a este plan, ahora anulado. Entre estas obras se encuentra la cantera que autorizaron en los terrenos destinados al polígono industrial para suministrar materiales para la construcción del puerto.

Una obra que supone un grave peligro para nuestra fuente de ingresos más importante como es el turismo, que implica la progresiva desaparición de la playa más emblemática de la Isla y que supone un fuerte impacto ambiental, recibe todos los apoyos de Coalición Canaria y del Psoe. Simultáneamente emplean estas mismas razones para rechazar las prospecciones petrolíferas en aguas canarias. Esa contradicción deja a las claras que no es el interés general lo que les guía.

ATAN pedirá, al amparo de esta sentencia, que se paralicen todas las obras relacionadas con con la construcción del puerto al carecer de amparo legal. Mientras tanto, denunciamos la falta de transparencia de las administraciones implicadas y, en consecuencia, los reiterados incumplimientos del ordenamiento jurídico que afectan gravemente al estado social y de derecho que debería ser España.