El Gobierno y sus incompetencias

Distintas circunstancias han hecho que este verano haya sido pródigo en acontecimientos noticiables en Canarias. Algunos de ellos con posibles graves consecuencias para el medioambiente y la salud ciudadana: desde los numerosos vertidos incontrolados en el litoral a la crisis de las microalgas, pasando por el caso del incendiado buque Cheshire. Y en casi todos ellos se ha echado en falta una mayor diligencia, una mejor información a la opinión pública y un necesario liderazgo por parte del Gobierno de Canarias, evitando de esta manera cualquier tipo de innecesario alarmismo. Así como las correspondientes actuaciones del Ejecutivo.

Algunos de estos asuntos afectan directamente al litoral de las Islas. Como la controversia sobre las microalgas y la preocupación por los numerosos vertidos en nuestras costas de aguas residuales sin tratar. Me referiré inicialmente a este último caso.

Superada la mitad de la legislatura, el Ejecutivo de Clavijo tiene poco balance del que presumir; se beneficia de la coyuntura y de factores externos, claves en el incremento turístico experimentado en este período (como sucede en otros destinos españoles) y en la mejora de los datos macroeconómicos. Pero incumple y mal gestiona sus competencias.

La principal obsesión de su presidente ha sido sacar adelante la cuestionada y polémica Ley del Suelo, rompiendo con la positiva tradición de elevado consenso social y político en las legislaciones relativas al territorio y al medio ambiente; y para ello no dudó en sacrificar las directrices de Ordenación General aprobadas unánimemente por el Parlamento canario en al año 2003, procediendo a su práctica derogación.

Directriz 85

Justamente, una de las directrices derogadas, la directriz 85, establecía que la planificación y ejecución de las infraestructuras deberá dirigirse preferentemente a “las infraestructuras que tienen por objeto actuaciones de carácter ambiental, como la recarga de los acuíferos, la recuperación y conservación de ecosistemas y paisajes, el uso y puesta en valor del patrimonio natural y cultural, las repoblaciones y reforestaciones, el tratamiento de residuos, el saneamiento, la depuración y los vertidos”.

El Gobierno de Coalición Canaria es responsable de su no ejecución y, por tanto, de la situación negativa actual. El asunto de los vertidos de aguas residuales sin tratar es, sin duda, un grave problema desde el punto de vista ambiental, pero también desde los ámbitos sanitario y turístico, que debe ser resuelto con urgencia. A él, por su relevancia, debieron dirigirse algunas de las partidas del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). Defendimos, en su momento, que si no se destinaba íntegramente a ámbitos sociales (sanidad, educación…) se utilizara en inversiones programadas, entre otras, en infraestructuras turísticas y de saneamiento.

Hace un año, en junio de 2016, planteé una pregunta al Gobierno en el Parlamento canario sobre las medidas a adoptar para fiscalizar y controlar los vertidos incontrolados al mar. Entonces, la consejera de Sostenibilidad, Nieves Lady Barreto, reconocía cientos de vertidos de aguas residuales al mar, de forma libre o mediante emisarios submarinos o aliviaderos.

Biodiversidad

Un año después, por la desidia del Ejecutivo, solo parece haberse avanzado en la actualización del censo, cuando desde entonces le instamos a la puesta en marcha de medidas urgentes y contundentes para conseguir un sistema de saneamiento, depuración y vertidos al mar completo y eficiente. Desarrollando estrategias “para poner en valor y proteger la biodiversidad y los recursos naturales, fundamentalmente de los recursos marinos amenazados”.

Otro tanto ocurre con el asunto de las microalgas, que están afectando a cada vez más zonas costeras de varias islas. Se precisa un sistema de detección seguimiento y control de este fenómeno. Hay discrepancias entre el Gobierno canario y la Administración estatal y algunos institutos científicos, que no solo las vinculan al aumento de la temperatura de agua del mar sino también a los vertidos incontrolados, extremo que debe ser aclarado.

Igualmente, no se ha gestionado nada bien la crisis del Cheshire, un barco incendiado y que ha permanecido en aguas cercanas a Canarias con 40.000 toneladas de nitrato de amonio, un producto fertilizante altamente contaminante. No es de recibo que el Gobierno emitiera informaciones no contrastadas y de las que se confirmó su falsedad –como el hundimiento del buque, anunciado por su propio presidente- ni tampoco, que no actuara alegando la exclusiva competencia estatal en la materia. Sea la competencia estatal, europea o de Naciones Unidas, en un asunto que afectaba a las Islas el Gobierno no debió, en ningún caso, permanecer pasivo y ausente.

El Ejecutivo solo activó el Plan Especial de Protección Civil por Contaminación Marina tres semanas después del incendio del buque, y tras la petición expresada por el Cabildo de Gran Canaria. Es decir, tarde, mal, sin iniciativa, sin liderazgo y sin información, recibiendo un plantón del Gobierno central.

Contrasta, en todo caso, su falta de determinación, sin hacer nada hasta que el buque entró en aguas canarias, con la sorprendente visita del titular de Ejecutivo a tropas españolas en el Líbano –a la que calificó como una de sus mayores experiencias como presidente-, asunto este que sí que trasciende de las competencias de Canarias.

Los silencios en unos casos, las informaciones poco rigurosas y la inacción del Ejecutivo en otros, incumpliendo con sus responsabilidades en materia medioambiental y sanitaria, han llevado a la mayoría parlamentaria que constituimos los cuatro grupos de la oposición –PSOE, PP, Podemos y NC- a exigir explicaciones urgentes en el Parlamento al Gobierno canario sobre las microalgas, los vertidos y el Cheshire, tras un verano en el que el Ejecutivo de Clavijo ha mostrado, una vez más, numerosas incompetencias.