Iberdrola debe ser nacionalizada, así lo exige el interés general (Artículo 128 de la Constitución Española)

Estimados lectores: 

¿Han leído en el Editorial del pasado viernes 22 de octubre del diario mexicano 'La Jornada'; “Neoliberalismo: amenaza a la vida ”, lo que este periódico dice sobre la multinacional eléctrica española Iberdrola? Reproduzco sus palabras:

“Por último, la multinacional energética española Iberdrola condicionó detener la incesante alza de precios de la electricidad a que el gobierno del presidente Pedro Sánchez se abstenga de cobrar impuestos que calificó de lesivos. Esta propuesta leonina se produce cuando las facturas por consumo eléctrico a hogares y empresas ya se ha elevado en 500 por ciento, poniendo en jaque a la industria y orillando a las familias a situaciones absurdas como lavar ropa o pasar la aspiradora de madrugada para evitar las cuotas de horas pico, y que ha empujado a las personas a buscar el auxilio de los bancos de alimentos porque ya no pueden permitirse el gasto de cocinar en casa.

El ejemplo español muestra de manera descarnada que, cuando se le da el control de un sector estratégico como el de la energía, la iniciativa privada lo convierte en arma para chantajear al Estado y la sociedad. En este caso, un conglomerado usa las tarifas eléctricas para lanzar lo que no puede calificarse sino de extorsión, pues en vez de reducir sus márgenes de ganancia, condiciona el alivio a millones de ciudadanos a que el Estado renuncie a una fuente de ingresos indispensable para mantener el funcionamiento de los servicios educativos, de salud, seguridad social y cultura. Un chantaje que, además, se produce a las puertas del invierno, temporada en que el uso de la calefacción electrificada o por gas (también en manos privadas) se convierte en asunto de vida o muerte en una franja del país ibérico.

Cuando hemos llegado al extremo de que el consejo de administración de una trasnacional amenaza de manera directa a millones de personas y pone a un Estado en la disyuntiva entre cobrar impuestos o encarar un estallido de descontento social, está claro que el modelo neoliberal se ha vuelto en todo punto indefendible, y que emprender su desmantelamiento es una cuestión de supervivencia para las grandes mayorías.“

Debo decirles que la denuncia del editorial de 'La Jornada' sobre la actuación mafiosa y desestabilizadora de esa multinacional, dirigida por un personaje tan siniestro como Javier Sánchez Galán, uno de los grandes empresaurios españoles, a quien el periodista Jesus Caraballo llama “El príncipe de las cloacas”, me lleva a preguntarme: ¿A qué esperan las organizaciones civiles -sindicatos de trabajadores, asociaciones de vecinos, organizaciones de consumidores, asociaciones ecologistas, la propia Attac España, etcétera-, defensoras de los derechos de las mayorías, para exigirle al Gobierno democrático de España, la nacionalización de una multinacional capaz de chantajear así al Estado y dispuesta a provocar un estallido de descontento social?

¿O es que solo es posible nacionalizar a las empresas multinacionales cuando están quebradas y exigen al Estado su rescate, que no es otra cosa que socializar sus pérdidas hasta que reflotadas puedan de nuevo privatizar las ganancias?

Desgraciadamente, 40 años de lavado de cerebro neoliberal han hecho descartar a buena parte de la opinión pública popular y a muchas organizaciones sindicales y políticas de izquierdas esta medida constitucional, cuando la conclusión inevitable es que la rectoría del Estado en sectores como el energético debe ser irrenunciable, porque entregarlo a los vaivenes del mercado es una grave irresponsabilidad y una apuesta por el desastre.

La Constitución española de 1978. Título VII. Economía y Hacienda

Artículo 128

1.Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.