¿Importan los pueblos? ¿Qué pueblos?

Con motivo de la invasión de Ucrania por Rusia, la mayoría de los estados miembros de la ONU, entre ellos todos los europeos, han hecho valer la necesidad de respetar el derecho internacional y se le achaca a Putin ser un autócrata que no respeta dicho derecho. Todos estamos de acuerdo en ello; pero, en función de una decisión del gobierno de Pedro Sánchez tomada el viernes pasado, surgen preguntas: ¿Todos los pueblos son merecedores de los mismos derechos? ¿El derecho internacional se aplica o no en función de intereses de estado, gobiernos, partidos o personas?

Pedro Sánchez ha decidido que oficialmente España apoyará la propuesta marroquí de autonomía para la antigua colonia española, apoyo que fue hecho público por Marruecos el viernes día 18 de marzo al difundir la carta en la que el presidente español afirmaba que el proyecto de autonomía marroquí para el Sáhara es la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso.  Se supone que, como contrapartida, se obtendrá la colaboración de Marruecos en el control de sus fronteras para evitar o disminuir el flujo migratorio y el cese de las reivindicaciones territoriales sobre Ceuta y Melilla y la ampliación de las aguas territoriales relacionadas con Canarias. La postura española es reflejo de la alemana que, a su vez, es reflejo de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU del 29 de octubre pasado. El conflicto saharaui, en cuyo origen se encuentra el incumplimiento de las obligaciones españolas en el proceso de descolonización, se ha prolongado 47 años, durante los cuales se había considerado que la solución al mismo era la realización de un referéndum de autodeterminación; pero la legalidad vigente es mudable en función de intereses ajenos a los pueblos. Como consecuencia del cambio de postura oficial de España, tenemos, de nuevo, embajadora de Marruecos, pero hemos perdido al embajador de Argelia y puede que se inicien problemas de flujo de migrantes y suministro de gas desde dicho país. 

El cambio de la postura oficial de España se ha realizado de forma autocrática; la ha tomado Pedro Sánchez y, se supone, algunos de los miembros de su gobierno, sin que se haya considerado necesario una amplia discusión en el seno del ejecutivo y en las Cortes. No existían razones de urgencias para hurtar tal decisión al debate de los representantes de la ciudadanía en las Cortes Españolas. Es una decisión estratégica que afecta a personas y que, como tal, debería haber sido tomada tras un amplio debate. Ningún jefe de gobierno debería actuar de forma autocrática en el ejercicio de su cargo, excepto cuando sea imprescindible dar solución inmediata a un problema imprevisto. 

Los políticos se quejan del desafecto de los ciudadanos y buscan la causa del mismo fuera de ellos y de los partidos. Quizá deberían considerar que el problema es de credibilidad y de la percepción de la falta de valores éticos de nuestros mal llamados representantes. La legalidad internacional debería determinar un marco de actuación que obligara a todos en todo momento; pero utilizamos dos o más varas de medir. Consideramos reprobable que Putin ignore el derecho internacional y tome decisiones autocráticas que afectan a pueblos (al ucranio, al ruso y a los del resto de Europa), pero nuestro gobierno no considera reprobable que, de forma autócrata, sin debate previo, se cambie la postura oficial de España sobre la solución del conflicto del Sáhara Occidental, cambio de postura que afectará de forma importante al pueblo saharaui. Flaco favor se le hace a la democracia con este tipo de actuaciones, hurtándole el debate a las Cortes y no consultar con los partidos políticos temas que se consideran política de estado. Si no respetamos el derecho internacional y las normas básicas en democracia cuando no nos interesa, ¿Tendremos derecho a exigírselas a un tercero?