La Laguna: ¿mayoría absoluta en compraventa?

Desde que la concejala lagunera Candelaria Marrero abandonó voluntariamente el grupo político formado por la candidatura electoral por la que fue elegida, Por Tenerife, todo han sido atenciones por parte de la alcaldía: invitación a la junta de portavoces (!….¡), preferencia para elegir su ubicación en el salón consistorial, aprobación de una moción extravagante…y, como colofón, propuesta de la alcaldía-presidencia a la junta de portavoces de ponerle un sueldo con cargo al Presupuesto municipal.

Propuesta que cuenta, por descontado, con el asentimiento de la concejala tránsfuga-no adscrita.

Todos los indicios apuntan a que estamos ante una operación de transfuguismo orquestada desde la propia alcaldía para lograr la mayoría absoluta que no concedieron las urnas a Clavijo, a pesar de los pronósticos y encuestas triunfalistas.

Sea lo que sea, comprar con un sueldo la mayoría absoluta es una falta de respeto a los laguneros y una contradicción flagrante de quien presume todo el día de promover la participación ciudadana. Porque, hablemos en serio: el ejercicio de participación que está rodeado de las mayores garantías (secreto del voto, autoridad electoral independiente, verificación de resultados, control judicial…) y en el que se decide quién gobierna las Instituciones y a quién se le confía la administración del dinero público, son las elecciones. Por eso el derecho de votar en las elecciones es un derecho fundamental y el de participar en las decisiones de las Administraciones públicas tiene base legal, pero no rango constitucional.

El principal deber de un demócrata es respetar las reglas de juego de la democracia. La primera, no usar la censura. Porque sin una opinión pública libre, basada en información plural y objetiva, la democracia es una farsa. La segunda, respetar el resultado electoral.

Por eso no vale invocar el principio de igualdad para equiparar a una tránsfuga --voluntaria, que es la esencia del transfuguismo-- al único concejal de Sí Se Puede, que llegó al ayuntamiento aupado por miles de votos laguneros y no pudo formar grupo político propio.

No vale en absoluto, por muchos informes jurídicos que el alcalde enarbole. Porque son concejales no adscritos, con la Ley en la mano, “aquéllos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos, o el que abandonen su grupo de procedencia”. Candelaria Marrero está en esa situación. Juan Miguel Mena, no.

Por eso, lo que procede no es darle a una concejala tránsfuga, cuyos “derechos económicos y políticos…no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia”, equiparándola de facto, sueldo incluido, a los portavoces de los grupos de oposición con el abyecto propósito de que se arrime al poder.

Lo que hay que hacer, por el contrario, es restablecer la legalidad, incumplida desde el principio de la legislatura bajo los auspicios de una Coalición Canaria y un PSOE en plena luna de miel (por aquel entonces). Constituir el Grupo Mixto e integrar en él al concejal de Sí Se Puede, reservando el status de no adscrita exclusivamente para la concejala que abandonó voluntariamente su Grupo encandilada por los encantos del poder. Porque no adscrita es la traducción legal de tránsfuga.

Quebranta tanto el derecho constitucional a la igualdad el alcalde que da un trato diferente a situaciones similares, como el que pretende dar el mismo trato a situaciones distintas. Y entre una situación de transfuguismo, la de Candelaria Marrero, y la del concejal de Sí Se Puede hay un acantilado de por medio.

Santiago Pérez, concejal de La Laguna