Ley Electoral Canaria: el gobierno de la minoría

El Parlamento canario recién constituido sienta en los escaños de la oposición a 396.000 votantes, mientras que 346.000 detentarán el Gobierno de Canarias. La minoría gobierna frente a la mayoría que ocupa la bancada de la oposición. Si esto no es ya de una gravedad suma ¿qué otra cosa podrá serlo? No había sucedido hasta ahora en las tres últimas décadas. La extravagancia del sistema electoral nos ha llevado a las fronteras de la legitimidad.

El 19 de junio pasado miles de personas lo gritaron en la calle: la reforma electoral de Canarias tiene que hacerse aquí y ahora. Cualquier candidato que pretenda ponerse al frente de los canarios no puede obviar esta reclamación. Tampoco podrá pasar por alto, en la lectura de su discurso de investidura, la prioridad y máxima urgencia requeridas por este asunto.

La ciudadanía, 16 formaciones políticas (la suma de sus votantes supera los 550.000 votos) y más de 80 organizaciones cívicas han firmado un Manifiesto exigiendo la elaboración de una ley electoral para Canarias emanada de su Parlamento, sin maniobras dilatorias que lo remitan a una imposible aprobación en el Congreso. Instituciones principales como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprueban de manera unánime Mociones Institucionales instando al Parlamento a crear de manera inmediata la Comisión que trate la Reforma Electoral.

La adulteración del sentido de la democracia permitida y justificada durante más de tres décadas tiene que ser de una vez por todas superada. Comprobar cómo 136.000 canarios obtienen la mitad de la cámara, esto es, 30 diputados, lo mismo que le ha costado obtener a otros 755.000 canarios, debe considerarse una gravísima falla del valor democrático de igualdad de oportunidades.

Tanto la restricción de acceso al escaño -es decir, las exorbitantes barreras electorales fijadas en 1996-, como el tamaño del Parlamento, el número de circunscripciones, la naturaleza de las mismas y la distribución de los diputados por circunscripción, tienen que ser abordados de manera inmediata por la Cámara en el comienzo mismo de esta IX legislatura.

Y no sólo tendrán que corregirse los estratosféricos topes electorales. La triple paridad sí se toca. De hecho, tendrá que ser tocada a fondo, pues su tercera paridad es la madre de todos los males, de donde manan todas las adulteraciones de lo que los griegos llamaron democracia y que, salvo enmienda, en Canarias tendremos que pensar en otro nombre con que denominarla. Precisamente la asignación de la mitad de un parlamento a una minoría poblacional del 17 por ciento es lo que ha generado el peor de los sistemas electorales de España y del mundo; el de mayor desigualdad en el valor del voto.

Seguiremos escuchando la demagógica e interesada versión de que este aborrecible argumento de la triple paridad es lo que da equilibrio a Canarias. Es una falacia que nos ha sido inculcada a lo largo de 33 años, y, siendo un argumento falaz, muy irresponsable es que se utilice para crear animadversión entre los canarios. Los equilibrios, las compensaciones y las garantías a las que todos tenemos derecho, no pueden acometerse por medio de la grave alteración de la representación ciudadana en la cámara que representa al total del pueblo canario; un solo pueblo. Tendría que haberse hecho -y ahora debe hacerse- por medio de una legislación específica que garantizara la compensación absoluta para aquellos territorios del archipiélago con desventajas derivadas del alejamiento del centro y su escasa demografía. Hay instrumentos legislativos y político-administrativos suficientes para lograrlo y existe el reconocimiento incontestable de que nuestros hermanos de las islas no capitalinas padecen las consecuencias de esas deventajas. Que se haga.

Ha llegado el momento de decir basta. No tienen que ser los demócratas quienes den continuas explicaciones de por qué este sistema es precisamente lo contrario a la democracia, y casi pedir disculpas por hacerlo. Lo sorprendente es que siga teniendo que soportarse en silencio el discurso tripleparitario por formaciones políticas que se enorgullecen de una historia centenaria por la lucha de los derechos y libertades democráticas mientras sus votantes y afiliados no saben qué responder a quienes les preguntan por tal actitud. Esto también está cambiando, y cada vez son más las voces consecuentes que dicen lo que piensan.

Nuestro desarrollo y bienestar dependen de nuestro desarrollo democrático. Canarias no va a salir de los sempiternos y vergonzantes peores puestos en paro, pobreza y deficitario nivel educativo si no acomete decididamente la reforma electoral, repitámoslo una vez más, la reforma política de mayor calado que tiene pendiente nuestra sociedad.

Hace falta altura de miras y profundidad en esa mirada para ponerse manos a la obra.

Eso, y un alto sentido de la responsabilidad que el momento exige. Esta actitud valiente es lo que los ciudadanos estamos reclamando.

Solo faltan dos partidos por sumarse a esta tarea, a este deber pendiente de cumplimiento por nuestro Parlamento. Aunque obligados a ocupar los escaños de la oposición, la mayoría ciudadana sigue esperándolos. No deben faltar a la cita. Estamos en un punto similar al momento preestatutario de 1981 cuando se llegó al consenso que puso en marcha la Autonomía Canaria y su acuerdo no debe por tanto supeditarse a mayorías por más reforzadas que estas sean de dos tercios, sino a una unanimidad de encuentro.

En momentos así, ninguno de los canarios será comprensivo con quien trate de negociar cuotas de poder a cambio de aparcar la reforma que por fin hará más justa y democrática la elección de sus representantes por el conjunto de la ciudadanía canaria.

*Coordinadores:

Vicente Mujica Moreno

José Manuel Marrero Henríquez

Luis Roca Arencibia

José Manuel Brito López

Manuel Rodríguez González

Samuel Marrero Lorenzo