Más madera, es la guerra

Decía en ese texto quien esto escribe que no podía sino admitir que la legislación canaria en materia urbanística es muy complicada, farragosa, en ocasiones caótica, dispersa, que implica a diferentes administraciones que chocan entre sí en su aplicación (cabildos ?y varias de sus consejerías-, ayuntamientos, Gobierno ?y sus distintas consejerías-, Costas, AENA?) y que en muchos momentos quedaba al albur de técnicos o políticos, cuando no a la escasez de funcionarios.

Decía también que, aunque no podía meter a todos los empresarios en el mismo saco -no sería justo porque no pocos se dejan la salud generando riqueza y creando empleo- intuía que detrás de la campaña, comenzada en plena contienda electoral, se dejaba entrever un tufillo político-partidista de considerable calado y un ataque a lo público preocupante: los políticos, para muchos de los portavoces empresariales, son incompetentes y habitantes de burbujas que los alejan de la realidad; el intervencionismo institucional ha quedado obsoleto- decían- y además, se ha mostrado incapaz de gestionar el territorio; el planeamiento ?comentaban- no puede ser una excusa, un incumplimiento de la norma no puede frenar una inversión millonaria? A mi personalmente un dirigente empresarial me llegó a comentar que ahora lo primero es crear empleo y que lo del medio ambiente debe ser secundario?

El mensaje estaba expresado con absoluta claridad. Mezclado con lo del planeamiento paralizante y castrador de inversiones importantísimas ?a pesar de que la COTMAC tiene aprobados complejos hoteleros que no se han ejecutado- aparecía, como siempre, el eterno pleito insular, que se utiliza invariablemente por las burguesías isleñas ?en Gran Canaria y Tenerife por igual- para decirnos que en la isla del Teide estas pegas no existen (hubo quien escribió que estamos ante un delito de lesa grancanariedad) y aparecía una llamada a recuperar la confianza en el ladrillo, la necesidad de la planta de gas en Arinaga como la salvación energética, la tercera pista del aeropuerto, la injusta persecución de la Agencia Tributaria a la RIC. La patronal le pedía igualmente al Gobierno que dejara de ser un obstáculo para la inversión y acusaba al sector público de “asfixiar” a las empresas y de “competencia desleal” y hasta el consejero delegado de Endesa se aventuró por estos predios afirmando que en esta tierra era muy difícil invertir por el exceso de regulación?

Decía en el texto que escribí anteriormente, y vuelvo a hacerlo ahora, que no se puede permitir de ninguna de las maneras que se traslade a la ciudadanía el mensaje de que el problema del paro y la crisis es culpa de la política, de los políticos y de lo público y que la salvación solo puede pasar por la desregulación, por el gobierno de los tecnócratas, por la privatización de los servicios públicos (Friedman apuntaba que “la atmósfera de crisis a gran escala ofrecía los pretextos necesarios para desestimar los deseos expresados por los votantes y entregar las riendas del país a los tecnócratas económicos” ¿Les suena a lo que está pasando en Italia y Grecia?). Y claro, ante todo esto no he dejado de recibir ataques encadenados. Los que expresamos estos pensamientos somos los “nonistas”, los antisistema, la extrema izquierda, que estamos contra los empresarios? Obviamente ese tipo de ataques me las trae al pairo. Estaría bueno que no pudiera defender en un Estado de derecho, aunque vayan a machacarte, posiciones distintas a las que pretende imponer el pensamiento dominante. Les fastidia que puedan existir voces que no estén condicionadas por los poderes económicos de turno, que rompan con esa suerte de acatamiento silencioso al que nos pretenden acostumbrar.

Pero al hilo de todo esto si que me gustaría insistir en algunos temas a los que se les presta muy poca atención y que tienen muy poco eco, pero que condicionan, sin duda, la economía y la igualdad social en Canarias, donde según la OCDE la brecha entre ricos y pobres se dispara al nivel más alto en treinta años (la desigualdad en España se sitúa por encima de la media de la OCDE y esta comunidad está a la cabeza del ranking).

Vuelvo a repetir que me parecería absolutamente injusto e irresponsable no valorar el importante papel de la mayor parte de los empresarios canarios, pero me inquieta que la preocupación que genera la situación de las pymes y los autónomos (se cierran miles de empresas cada año y sin este revuelo) sea infinitamente menor que la de las campañas mediáticas como las vividas recientemente. Me inquieta que el fraude fiscal en este archipiélago supere en cinco puntos la media española (más del 25% del PIB); que la famosa RIC, implantada para generar empleo en Canarias, no haya servido para ello y para crear riqueza como se establece en el espíritu de la Ley (estamos a la cabeza del paro en Europa); que en la actualidad existan billones de las antiguas pesetas de la RIC sin materializar; que el ahorro del 90% en el impuesto de sociedades que supone Reserva de Inversiones a los empresarios isleños (muchísimos millones de euros) en numerosos casos haya sido desviado a la compra de terrenos, locales, coches de lujo,?etc, en vez de a inversiones productivas (de ahí la intervención de la Agencia Tributaria que les preocupa a algunos); que el Régimen Específico de Abastecimiento (REA) no sólo se haya convertido en una rémora para nuestro sector primario y para muchas de nuestras industrias sino que además, en la última década, haya servido para defraudar varios miles de millones de las antiguas pesetas?

En definitiva, no me cabe la menor duda al manifestar que el Gobierno no puede hacer dejación ni un ápice de su obligación de ser extremadamente vigilante con la protección de un territorio sensible, frágil y escaso (más allá de lo fácil que es trasladar a la opinión pública que da lo mismo todo con tal de que haya trabajo); que debe, dentro de este marco, facilitar la inversión que posibilite la creación de empleo; que debe combatir la especulación y el fraude, uno de los elementos más decisivos a la hora de situar a Canarias en las tasas más altas de pobreza y exclusión social; que no debe ceder un milímetro en la defensa de lo público, en la autonomía de la acción de gobierno y en la independencia de la política y los partidos políticos de los poderes económicos. En esta tarea deberían coincidir siempre las instituciones públicas, la ciudadanía, los empresarios y los medios de comunicación. Es la democracia y se trata de algo mucho más importante que un negocio puntual. Más que nada para que no nos suceda lo que a los hermanos Marx cuando en aquella película en la que viajan al oeste, para que el tren siguiera funcionando, alimentaban a la locomotora con su propia madera, al tiempo que gritaban: “Más madera, es la guerra”.

Antonio Morales Méndez