La mayoría no siempre tiene la razón

Los plenos municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tratan temas que generalmente o son un muerto o no tienen nada que ver con la vida cotidiana de nuestra ciudad. De vez en cuando, solo de vez en cuando, pasan cosas o se tratan temas que hacen vibrar a los asistentes o a los concejales intervinientes.

Éste es el caso de lo acontecido en los dos últimos plenos municipales, el extraordinario del día 21 y el ordinario del día 30, ambos en septiembre. En el primero se trataron las alegaciones que particulares y concejales de la oposición habían presentado a las bases del llamado “IBI social” y al pago a Emalsa de casi 14,5 millones de euros. En ambos puntos del orden del día, los 15 concejales del equipo de gobierno pasaron por encima de los 14 de la oposición y fueron rechazadas las alegaciones. ¡Cuestión de mayorías! Pero tener la mayoría y usarla indiscriminadamente no significa tener la razón, aunque se ganen las votaciones.

En el caso del mal llamado “IBI social” (debería llamarse ayuda a las viviendas, porque no se tienen en cuenta la condición social de sus habitantes, sino el valor catastral de las mismas) la oposición recibió la documentación con las bases para estudiarla media hora antes del pleno de junio, en el que se aprobó. Entonces el concejal del ramo le dijo a la oposición que no se preocupara, que tendrían plazo para presentar alegaciones. Eso hizo la oposición, presentar alegaciones que fueron todas rechazadas el 21 de septiembre. Algunas de ellas eran tan razonables como que las bases incluyeran como posibles perceptores a los ciudadanos que estuvieran percibiendo la PCI (prestación canaria de inserción) – que en nuestra ciudad son más de 5.000 – o a los que le hubieran concedido este año 2016 la ayuda social municipal (ya que solo están incluidos como posibles perceptores los que la recibieron en 2015). Con seguridad que tantos unos como otros necesitan la ayuda para el pagar el IBI.

El enfoque que el equipo de gobierno municipal ha hecho del “IBI social” ha sido una equivocación de principio a fin. Según manifestó el alcalde, se enviaron 30.000 cartas a otras tantas familias que tendrían derecho a la ayuda y que vivían en viviendas con valor catastral de hasta 30.000 euros, junto con el modelo de solicitud de la ayuda. Se publicaron páginas enteras de anuncio en prensa y se contrataron cuñas en radio durante muchos días. El alcalde recorrió varios barrios de la ciudad, explicando a los vecinos en qué consistía la ayuda y cómo había que pedirla. Todo ese despliegue, junto a un presupuesto de 1,7 millones de euros, para que al cierre del plazo para solicitar la ayuda, los ciudadanos que la han pedido no lleguen a 7.000. ¡Tremendo fracaso que hace recordar la frase de que “lo que mal empieza mal acaba”!

Con respecto al pago a Emalsa de los casi 14,5 millones de euros, el gobierno municipal recibió una sentencia en contra del Ayuntamiento (que no recurrió) por importe de 6,6 millones de euros, más 628.000 € de intereses, correspondientes a las facturas no pagadas a Emalsa desde enero de 2013 a abril de 2014. En base a esa sentencia, se llevó al pleno de julio el pago de los 14,5 millones de euros, incluyendo las facturas impagadas recogidas en la sentencia y las de mayo de 2014 hasta diciembre de 2015. Todo ello sin el correspondiente informe jurídico que avale el pago. Por supuesto que los 15 votos del gobierno municipal volvieron a imponerse a los 14 de la oposición, rechazando las alegaciones. No es de extrañar que Ciudadanos haya acabado llevando a la Fiscalía el dossier con este pago.

En el pleno ordinario de septiembre, el PP presento una moción solicitando la paralización inmediata de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Tamaraceite, que el Ayuntamiento había recibido del Gobierno de Canarias en enero pasado, después de llevar casi un año parada porque el anterior gobierno municipal (Partido Popular) no quiso recibirla, ya que presentaba muchos problemas técnicos, entre ellos la falta de insonorización.

En noviembre pasado los técnicos municipales señalaron 30 problemas que habría que solucionar antes de su puesta en marcha. Aun así, el alcalde la recepcionó en enero. El Ayuntamiento se la quiso entregar a Emalsa en febrero y la empresa se negó a recibirla, obviamente, porque sabía de los problemas. El Ayuntamiento tuvo que insistir y – no sabemos a cambio de qué – Emalsa accedió finalmente a ponerla en marcha, lo que hizo en julio.

El ruido es tan insoportable que los vecinos de Las Majadillas y de Lomo de los Frailes han presentado una denuncia en la Fiscalía. La contaminación sonora es terrible. Hay vecinos que han tenido que irse a vivir a otros domicilios familiares, otros están en tratamiento médico, y muchos desesperados especialmente porque el Ayuntamiento no les ha hecho caso hasta ahora. O sea que llevan julio, agosto y septiembre padeciendo un ruido insoportable las 24 horas del día.

En el pleno de 30 de septiembre, la ciudadana Belén Palma – una de las vecinas sufridoras del tremendo ruido de la EDAR – habló en el pleno, después de que los 15 votos del gobierno echaran a bajo la moción del PP. Aprovechando su intervención, sacó su móvil, lo acercó al micrófono, y activó un ruido infernal, que hizo vibrar todo el edificio de las Casas Consistoriales, durante los no más de 40 segundos que duró. Se quejó de que el alcalde no los había recibido (después de pedir audiencia hacía un mes). Comparó los bonos deportivos que está dando el Ayuntamiento para mejorar la salud con su caso, en el que la está perdiendo gracias a la actuación municipal. Emocionada y casi llorando, cuando terminó su muy educada intervención, recibió los aplausos de todos los ciudadanos que llenábamos el salón de pleno. El alcalde se limitó a decir: “Pasamos al punto siguiente del orden del día”.

En estos tres casos, la mayoría ejercida democráticamente no ha significado que el gobierno municipal haya tenido razón. Más bien lo contrario.