Un poco de memoria histórica por favor por José Luis Fernandez

Sólo para que sirva de recordatorio a los lectores, el presidente en rueda de prensa el Miércoles 2 de Julio en las instalaciones del puerto de Sta. Cruz soltó perlas como estas:

Que él fue el “primero que impulsó el acuerdo que llevó a recortar Granadilla y a ampliar el dique del Este.” (canarias7)

Que al optar por la ampliación del dique del Este se consiguió “ampliar el puerto de Santa Cruz y reducir a la mitad el macro puerto de Granadilla.” (Diario de Avisos)

El presidente mencionó “el desequilibrio económico que se generaría en la Isla al desplazar toda la actividad comercial al Sur, el incremento del tráfico rodado en la TF-1 y los obstáculos medioambientales impuestos por Madrid y la Unión Europea.”(El Día)

“?una magnífica decisión la de reducir las dimensiones del futuro puerto de Granadilla de Abona porque se potenciará el de Santa Cruz de Tenerife, que en dos años duplicará su capacidad y podrá albergar 880.000 teus. Este es un puerto que estaba cercenado, mientras que uno ve el de La Luz y Las Palmas y ve un puerto competitivo.” (la Opinión).

Para que quede meridianamente claro y que nadie se lleve a engaño, la Plataforma Ciudadana contra el Puerto de Granadilla presentó en el año 2002 la primera de una serie de denuncias ante la comisión de medioambiente por vulneración del derecho Europeo en materia medioambiental (85/337/CEE) y (90/313/CEE). Además se protestó contra la posible financiación de la UE en lo referente al proyecto del Macro Puerto de Granadilla. Después de varias visitas a la sede de la comisión por parte de los denunciantes, ATAN traslada la primera denuncia al comité de peticiones en Marzo del 2004 a la que le sigue la denuncia de la plataforma y éstas son admitidas a trámite en Septiembre de ese año.

No es hasta el 24 de Noviembre del 2004 cuando las autoridades Españolas comunican a la comisión que tienen intención de reducir el tamaño del proyecto inicial respondiendo así a una carta de la Comisión donde se ponía en duda la viabilidad del proyecto.

Es entonces cuando la Plataforma, una vez más, amplía su denuncia ante la comisión y el comité de peticiones, haciendo ver que el nuevo proyecto reformado sigue afectando a lugares de interés comunitario y señalando la existencia de instalaciones portuarias suficientes para el crecimiento futuro del Puerto de Santa Cruz.

Posteriormente, en Julio de 2005, los servicios de la comisión solicitaron a las autoridades españolas que enviaran una evaluación actualizada de las alternativas, que tuviera en cuenta la reducción del tamaño del proyecto y recogiera una lista de medidas compensatorias para el proyecto revisado.

En vista de todo lo expuesto anteriormente es fácilmente demostrable que ni el Gobierno de Canarias (CC/PP) ni el gobierno central (PSOE) ni mucho menos Paulino Rivero han hecho absolutamente nada por iniciativa propia, para reducir el impacto ambiental o las dimensiones del proyecto. Éstas han venido impuestas por la UE tras las denuncias y argumentaciones de la Plataforma y grupos ecologistas.

Pero las declaraciones del Presidente son mucho más graves, si cabe, ya no sólo por el patético autobombo que reflejan, sino porque las autoridades españolas informaron a la Comisión que el puerto de Sta. Cruz no se podía ampliar por las siguientes razones:

- Esa ampliación tendría un impacto negativo sobre los habitantes de Sta. Cruz de Tenerife, tanto durante las obras como una vez ampliado el puerto.

- No se dispondría de una cantera en las proximidades, lo que generaría problemas durante las obras.

- No se dispondría del terreno necesario para el desarrollo de las instalaciones logísticas e industriales conexas en zonas adyacentes.

- Supondría un mayor aumento del desequilibrio norte-sur del sistema de transportes de la isla. (Lo contrario que afirma D. Paulino en sus declaraciones)

Por lo tanto se deduce de las declaraciones del presidente que alguien ha mentido descaradamente a la comisión (algo que, por otro lado, ya sabíamos) y en consecuencia, el dictamen queda totalmente desvirtuado, ya que no se dan las condiciones para aplicar el artículo 6 apartado 4 párrafo segundo de la directiva 92/43/CEE, al existir alternativas viables a la construcción del Puerto de Granadilla.

Además, cuando el Presidente afirma que “este puerto estaba cercenado” ¿en qué lugar deja esto a sus compañeros de partido responsables de la administración del puerto? Ricardo Melchor, Miguel Zerolo, Adán Martín, Suárez Trenor, todos ellos principales responsables del ahogamiento del puerto capitalino, con el único fin de justificar Granadilla, ¿qué responsabilidades se van a pedir por la destrucción de empleo y de ingresos que la capital ha sufrido durante años?

Para terminar, y tomando la palabra a nuestro presidente, ya que ha sido “una magnífica decisión la de reducir las dimensiones del futuro puerto de Granadilla”, debería su gobierno plantearse la posibilidad de proponer a la Plataforma Ciudadana contra el Puerto de Granadilla a los Premios Canarias o cualquier otra distinción similar, y, si el premio va dotado de cuantía económica, mejor (que está la cosa muy chunga).

José Luis Fernandez