Modernizar y renovar: el turismo espera con ansiedad

Se quiere, según hemos leído, la mejor Ley de Modernización y Renovación Turística. Nada que objetar, al contrario. Pero, además de voluntad política, es necesario el compromiso de los grupos parlamentarios para alcanzar, sobre todo, un acuerdo sostenible de futuro. Es decir, una norma que esclarezca situaciones controvertidas y lagunas que, a su vez, han ido complicando el desarrollo de lo que en una época se llamó industria sin chimeneas. Un desarrollo desordenado y enrevesado, con una oferta casi ilimitada, pese a la existencia de planes insulares de ordenación, de protección de espacios, de moratorias, de estándares de calidad y de otros factores determinantes.

Estallada la burbuja inmobiliaria y estancado el sector de la construcción, hay que trabajar sobre la realidad de la que se dispone. Eso significa que hay que cultivar y promocionar los activos que están a la vista. Entonces, definamos de una vez el modelo, sabiendo que cada isla es diferente. El cuidado de los recursos naturales, la sostenibilidad de las actuaciones que se proyecten y el esmero en el mantenimiento de infraestructuras e instalaciones resultan esenciales para luego añadir calidad en las prestaciones, seguridad y amabilidad en los servicios que se prestan.

Esa Ley de Modernización y Renovación Turística debe andar por ahí, entre otros vericuetos. Debe contribuir a la transformación de los destinos turísticos maduros. Ha de propiciar condiciones para suscitar el interés de inversores. Ha de marcar, en definitiva, las reglas del juego para lograr una efectiva revitalización de un sector que es la mayor parte del sostén productivo y que, tal como evoluciona en el resto del mundo, debe autoexigirse constantes mejoras para poder competir en las mejores condiciones posibles, no sólo con sus conocidos recursos climáticos y litorales.

Si se quiere hablar de reiventarse, adelante. Pero a sabiendas de que estamos ante una necesidad común respetando los hechos diferenciales insulares. Porque esa necesidad, no lo olvidemos, y mientras no haya un sector alternativo, conlleva la opción de generar empleo, la que menos gusta al empresariado canario pero que es indispensable por razones obvias.

Habrá que seguir con atención el debate sobre esta pretendida ley en el Parlamento de Canarias, sobre todo porque, aun cuando haya espacios de convergencia, seguro que no será fácil orillar posiciones políticas que se enfoquen desde otras latitudes, las centralistas, por ejemplo. Pero que todos sepan lo que está en juego: la defensa de los intereses generales canarios en unos momentos de recesión económica como jamás se habían conocido.