Ese pacto urge, ministra

Se lo ha servido en bandeja de plata a la oposición la ministra de Sanidad e Igualdad, Ana Mato, al anunciar la elaboración y firma de un gran acuerdo social contra la violencia de género. Es lo que grupos parlamentarios y organizaciones de todo tipo vienen demandando, sin fruto, a lo largo de la presente legislatura: la racha más reciente de crímenes es la que parece haber detonado la reacción ministerial. Veremos hasta dónde llega.

Porque, claro, a nadie se oculta que entre tibieza, manipulaciones de datos que significan un autoengaño y reducción de recursos, la situación se ha complicado, o lo que es igual, el problema, lejos de que se atisbe una solución, sigue siendo extremo. O se afronta con decisión y con medidas consecuentes que progresivamente vayan creando nuevos códigos de conducta y hasta nuevas pautas culturales, o la indolencia, ese dejar hacer/dejar pasar, termina robusteciendo una lacra absolutamente impropia de una sociedad moderna y madura.

Por lo tanto, lo primero de todo, frente a la tibieza, es la voluntad política, firme y valiente, para encarar la situación. Se ha dicho hasta la saciedad y habrá que insistir: prevenir, educar, actuar. Si esa voluntad no se plasma en planes, programas y dotaciones, hay poco que hacer. Involucrar a las instituciones y a los actores sociales: debe haber una conciencia clara de que este es un asunto que concierne a todos y todos, en la medida que corresponda, deben hacer suyo.

No es justificación bastante, por cierto, la minoración en el registro de denuncias pues suben, por otro lado, las órdenes de protección dictadas. Más allá de las interpretaciones estadísticas -un fenómeno de este tipo, como el del paro, no debería ser empleado como arma política arrojadiza- la gran verdad es que se ha incrementado el número de asesinatos, diez más en la comparativa interanual por estas fechas.

Finalmente, la disminución de recursos presupuestarios y de otra índole. Desde 2011, según datos esgrimidos por la oposición parlamentaria, se han reducido en un 28% las partidas consignadas en el apartado de violencia de género. Ya es discutible este argumento para medir la vida de una mujer en términos monetarios, pero lo cierto es que los sistemas de ayudas, protección y asistencia social a mujeres e hijos van palideciendo a ritmo considerable.

No es exagerado decir entonces que peligran todos los avances y todo lo que se ha construido. Y para colmo, entre las reformas legislativas y la reasignación competencial, la violencia de género adquiere aún mayor incertidumbre en el ámbito de los ayuntamientos si al final es considerada como competencia impropia.

Ese pacto, ministra, urge.