Pago a los proveedores y el anzuelo del PP

Esta medida consiste en el establecimiento obligatorio de un “mecanismo ágil de pago y cancelación de deudas con los proveedores de las entidades locales y su financiación”. Así lo define el Real Decreto Ley 4/2012.

Para el buen funcionamiento de ese mecanismo de pago a los acreedores es necesaria una información financiera fiable. Para obtenerla, se impone a las entidades locales la obligación de comunicar al Ministerio de Hacienda, mediante certificación, el volumen total de su deuda con los acreedores.

Una vez determinado el volumen real de deuda con los proveedores, los Ayuntamientos tienen que “escoger” entre dos opciones: pagar sus deudas o acudir a una operación de endeudamiento. En realidad, en la actual situación no hay opción: el dilema es endeudarse o endeudarse.

Si no pagan, si no conciertan la operación de endeudamiento o si incumplen las condiciones de pago derivadas de la misma (es decir, el pago de intereses y amortización), el Gobierno podrá retener parte de las transferencias que corresponden a los Ayuntamientos por su participación en los tributos del Estado, en la cuantía y plazos que se fijen en los Presupuestos Generales del Estado.

La autorización para poder obtener el nuevo préstamo, que tendrá carácter excepcional y no se le aplicará la regulación restrictiva al endeudamiento de las entidades locales, se condiciona a la aprobación y aplicación de un plan de ajuste que condicionará los Presupuestos Municipales hasta que se cancele la operación de endeudamiento. En el caso de La Laguna, a lo largo de una década (2012-2022).

El coste financiero de la operación de endeudamiento no puede fijarse de antemano. Pero, “una vez concertada computará tanto a efectos de estabilidad presupuestaria como a efectos de endeudamiento” (Informe de la Intervención de La Laguna).

El Plan de Ajuste significa trasladar a ras de tierra, a través de miles de municipios, los criterios de una estrategia contra la crisis que está fracasando económicamente y ya presenta una factura social desastrosa, que no va sino a incrementarse en los próximos años.

Los Ayuntamientos deberán definir como prioridad exclusiva de sus presupuestos la estabilidad presupuestaria, que ha pasado de ser regla de buena gestión a largo plazo a convertirse en código indiscutible de la derecha política y económica, que hay que aplicar sin condiciones aquí y ahora. Y que el PP aplica despiadadamente. Con una intensidad sólo comparable con la perfidia con que ocultaron sus propósitos hasta llegar al poder.

Para cumplir con esas prioridades presupuestarias, los Ayuntamientos deberán adquirir compromisos como los que ha adquirido por la vía de extrema urgencia el de La Laguna y muchos Ayuntamientos canarios:

- Imponer a sus trabajadores las cláusulas indemnizatorias sobre despido barato, de acuerdo con el Decreto Ley de Reforma Laboral. De esta forma, les obligan a consolidar la misma Reforma que ha dado lugar a la impresionante contestación social de la pasada semana. Las Entidades Locales, así obligadas, servirán de punta de lanza para consolidar y legitimar uno de los aspectos más injustos de la Reforma.

- Comprometerse a fijar durante 2012 la cuota de cobertura financiera de la totalidad de los servicios “mediante el sistema de copago, para ejecutarlo en el período de tiempo comprendido entre los años 2013 a 2018, a más tardar”.

En el caso de La Laguna, este compromiso va a afectar a servicios públicos prestados gratuitamente en la actualidad: Atención domiciliaria (3.177.165,91 euros de déficit), Centro de Día de Mayores Acaymo (260.777.82), Absentismo Escolar (219.055,36), Actividades Extraescolares (723.024,96). Como puede apreciarse, se trata de servicios de especial contenido social.

En el caso de los servicios que prestan en la Laguna los Organismo Autónomos de Deportes y de Actividades Musicales, los compromisos consisten en aumentar el importe de las matrículas de las diferentes especialidades musicales y en el establecimiento de precios públicos por la inscripción y disfrute de las actividades de la Campaña Municipal de Promoción Deportiva, así como por la participación en los eventos deportivos, mediante la aprobación o modificación de las correspondientes Ordenanzas Municipales.

En resumen, el PP ha aprovechado un objetivo justificado, la puesta al día de los Ayuntamientos en los pagos a sus proveedores, para darle varias vueltas de tuerca a la imposición de las recetas de la ortodoxia neoliberal, socialmente devastadoras y económicamente ineficaces para superar la crisis.

Con la imposición del Plan de Ajuste (A) extiende las competencias estatales en materia de dirección de la política económica hasta la desaparición de todo vestigio de autonomía local; (B) convierte en prioridad absoluta el pago a proveedores, incluso en el caso de servicios o suministros de carácter superfluo que han continuado contratando muchos gobernantes municipales a pesar de la crisis: fiestas y propaganda, por ejemplo; (C) obliga a establecer recortes en las prestaciones y servicios sociales de los Ayuntamientos o a financiarlos mediante el establecimientos o el incremento de tasas y precios públicos y (D) utiliza a los Ayuntamientos como agente legitimador de los aspectos más regresivos de las políticas del Gobierno estatal, dictados por el poder financiero y sus beneficiarios. Los mismos que impusieron una Reforma Constitucional contraria a la cláusula del Estado Social.

Es decir, intentando destruir lo que para la mayoría de la población da sentido a la convivencia democrática entre las personas y los pueblos de España.

*Santiago Pérez es concejal de La Laguna de Por Tenerife (IU-Los Verdes-SocialistasXTenerife).

Santiago Pérez*