La pelota, en el tejado del Gobierno canario

Donde, por cierto, siempre ha estado, y continúa, en el asunto de las viviendas de Hoya Pozuelo que presuntamente invaden terrenos de la servidumbre de protección, porque, incomprensiblemente, para bajar esa del tejado no se encuentran otras en el Gobierno Canario que suban a por ella, ya que la escalera lleva años preparada, oxidándose o apolillándose.

El Gobierno de Canarias tiene la pelota en su tejado, y para bajarla tampoco hace falta un acto público de contrición ni hacerse el harakiri en la Plaza Weyler, o en la Plaza Santa Ana, que lo mismo daría. No hace falta pasar por ningún acto que implique renegar de sus convicciones, para con ello evitar el improbable ridículo, sino pura y simplemente un acto (¡un valiente acto!) de revisión de los erróneos datos técnicos que llevaron a sus Resoluciones, sobre todo a las producidas en la génesis del problema, y que, cual bola de nieve, fueron autoalimentándose hasta formar el enorme procedimiento administrativo que, por no haberse actuado con rigor desde el principio, derivó en procedimientos judiciales y sentencias basadas en errores garrafales.

Exacto, errores garrafales procedentes todos de las mismas fuentes, organismos cuyos informes están más acordes con un fundamentalismo gremial que con la objetiva lectura, interpretación y aplicación de cada Ley en cada momento en que estuvo en vigor, organismos ávidos de ostentar poder en la mayor extensión posible de terrenos costeros, sosteniendo a ultranza que la línea de mojones que marcan el dpmt es desde donde hay que medir. Pero resulta que en ningún caso, afortunadamente, la Ley deja al albur de criterios de los técnicos la señalización de ciertas líneas-madre. En absoluto, muy al contrario, la Ley es clara, y además está redactada en idioma español, que todos los que tienen ciertas responsabilidades, y por ende estudios, se supone que deben dominar.

Ni los compradores afectados ni cualquier ciudadano medianamente informado y con sus entendederas en perfecto estado puede comprender que no intervenga el Gobierno de Canarias, titular de las competencias en esa zona conflictiva, y el único Órgano que por ostentar en exclusiva el Poder Ejecutivo en el ámbito de sus competencias, puede realmente solucionar de una y definitiva vez una situación que lleva década y media esperando que se ejerza, desde la atalaya del sentido común, la autoridad de la que está investido.

El Gobierno de Canarias, al entrar en vigor la Ley de Costas de 1988, no tiene en cuenta e ignora que la medición de los 100 metros hay que efectuarla desde la misma línea que la zona de salvamento de 20 metros prevista en la Ley anterior, y que hay que considerar la servidumbre de protección como ampliación de la de salvamento, pues hasta en el mismo preámbulo de la Ley de 1988, que es el texto donde se expone y justifica la filosofía de la misma, se menciona que “...(la Ley) configura la vieja servidumbre de salvamento, obsoleta en cuanto a la finalidad específica que indica su denominación, como una servidumbre de protección del citado dominio...” (el subrayado es nuestro), luego está extraordinariamente claro, señoras y señores, desde qué línea hay que medir. E igualmente claro está que si se mide desde esa línea no hay viviendas dentro de la zona de servidumbre de protección, ni siquiera presuntamente.

Señores del Gobierno de Canarias, excelentísimos e ilustrísimos, tengan en cuenta que no se pretende trato de favor alguno, sino que solamente se pretende (y clama al Cielo que haya que pedirlo), que se emplee estrictamente la Ley aplicable al caso, rigurosamente, sin excepciones, beneficios, gangas, canongías, provechos ni prebendas.

¿Que qué ocurrirá entonces con las numerosas sentencias habidas desde diversas instancias?. Pues jurisconsultos habrá que señalen las tareas a realizar sobre el particular, aunque ello acarree sonoras reprimendas a los señores del Gobierno, que deberán arrostrar estoicamente, pero con el noble fin de deshacer enormes entuertos que llevan década y media sin que la autoridad en la materia, el Gobierno de Canarias, eche al asunto las ídem necesarias para bajar del tejado esa pelota. Y en última instancia, pues que ocurra lo mismo que con otras sentencias, que pasaron al estado de hibernación, o de imposible cumplimiento, en este caso “por no haber caso”, valga la redundancia, ya que no hay invasión alguna de la zona de servidumbre de protección, diga lo contrario quien lo diga.

Es probable que el Gobierno de Canarias lleve tanto tiempo dándole vueltas a este asunto, poniéndose de perfil y mirando para otro lado, porque sea muy fuerte el deseo de no hacer el ridículo que supuestamente supondría abdicar de tanta afirmación contraria y demonizadora como se ha vertido desde algunos estamentos oficiales, empezando por la ínclita y pomposa Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, con algún talibán en su plantilla.

Ha sido muy reconfortante leer en la crónica del juicio que se desarrolla en estos días, cómo el reputado jurista Normando Moreno y el prestigioso topógrafo Enrique de Vidania, al deponer como testigos el pasado día 28, hicieron las mismas afirmaciones que servidor viene defendiendo desde que surgió el problema, lejano ya en el tiempo, aunque ha sido una defensa en solitario, estéril, como predicando en el desierto. Por eso ahora llamo directamente a la puerta del Gobierno canario. ¡Atiendan, carallo!. Atiendan y actúen de una vez para que se emprendan nuevas actuaciones y distintas de las anteriores, con rigor, respetando la literalidad de la Ley.

Señores: agarren la Ley de Costas de 1969 (en vigor en la época de los hechos), los instrumentos de medición precisos, el Anuario de Mareas correspondiente y un reloj, y “bajen a la arena”, bueno, en este caso “a la orilla”, y por todo el santoral de todas las confesiones del mundo que llegarán a la conclusión de que tienen que dejar tranquilas a las viviendas al no invadir éstas terreno alguno de la servidumbre de protección, porque si no lo hacen no van a necesitar tractor alguno para derribarlas, de tanto tira y afloja con ellas, y sus conciencias nunca descansarán.

No es correcto afirmar, como lo hizo el entonces Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Sr. Berriel, año 2007, y actual Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, que “no ve salida política al derribo de los dúplex de Hoya Pozuelo”. ¡Claro que existe salida política!. Los técnicos miden, pero los políticos pueden ordenar a los técnicos desde dónde tienen que medir, en estricta aplicación de la Ley en vigor en cada momento. Esa intervención de los políticos ordenando a los técnicos desde dónde tienen que medir es la “salida política” que “no veía” el Sr. Berriel. ¡Claro que hay salida política!. Esta debió ser su intervención, para la que todavía está a tiempo, y no la de informar a la Cámara que “la responsabilidad del quebranto es del promotor por construir ilegalmente en la zona, por lo que deberá cumplir e indemnizar a los vecinos afectados”. No era ese su papel. Después de la perorata, descansó.

Las susodichas viviendas están, las pobres, en medio de una enorme maraña de políticos timoratos, técnicos incompetentes y desorientados, algún que otro director justiciero y también alguna mano negra interesada en hacerlas sucumbir, aderezado todo con posibles enredos políticos. Menos mal que también, al parecer, cuentan con la ayuda de una especie de hálito misterioso que las lleva manteniendo en pie, década y media ya, a la espera de que el Gobierno de Canarias se llene de sentido común, de voluntad política y de los arrestos suficientes para acabar con la desesperante situación. Salida política hay, ¡vaya si la hay!. ¿A qué espera?