La política y la Justicia

La política, los políticos y las instituciones se encuentran bajo sospecha. Aparecen como un significativo problema ante la ciudadanía, como señalan distintos estudios sociológicos. Contribuyen a ello los casos de corrupción que han tenido tanta relevancia mediática en los últimos años y que hacen un daño irreparable al conjunto de la actividad política; vinculados a pelotazos y escándalos urbanísticos, a financiaciones irregulares de los partidos o a enriquecimientos personales ilícitos. En estos casos la Justicia debe ser rápida e implacable.

También desacredita la política la gestión ineficiente de gobiernos, cabildos o ayuntamientos, que no resuelven los problemas de los ciudadanos y ciudadanas, sino que los acrecientan. A ello se suman los no menos graves incumplimientos de los programas electorales, de los que hay tantos ejemplos. Y la justificada sensación de que muchas decisiones adoptadas por gobiernos y organismos internacionales en esta profunda crisis económica han beneficiado a privilegiadas minorías mientras se perjudicaba y empobrecía a la mayoría de la gente.

Siempre he defendido la dignidad de la acción política. Una actividad que debe estar dirigida constantemente a la defensa del interés general, al respeto a la legalidad y a la gestión rigurosa de los asuntos públicos. Desde la máxima transparencia y el mayor control por parte de la ciudadanía.

El recurso a la Justicia en el ámbito político debe ser sólo en casos excepcionales y debidamente fundamentados, y siempre en la defensa del interés general. Las diferencias entre los partidos no deben dirimirse mediante un uso perverso de los tribunales. Y las formaciones políticas no deben caer en el oportunismo para tratar de sacar tajada de cualquier circunstancia que parezca perjudicar a otros dirigentes o formaciones.

No vale que frente a cualquier denuncia se dé pábulo a sospechas sobre la conducta de un responsable público, dando por buenas acusaciones poco o nada sustentadas, pero capaces de hacer mucho daño. Resulta más irresponsable aún cuando lo hacen dirigentes con larga trayectoria institucional que no debieran contribuir al desprestigio de la política. Ni al linchamiento injusto de los adversarios políticos.

Condena

El caso de Ildefonso Jiménez ilustra bien lo que planteo. El que fuera en este mandato portavoz de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Telde, y desarrollara distintas responsabilidades en la corporación en anteriores etapas, acaba de ser absuelto por la Audiencia Provincial de Las Palmas, tras haber sufrido un auténtico calvario personal, familiar, profesional y político. Ildefonso, a consecuencia de la denuncia presentada por otra formación política teldense, sufrió una condena por parte de una jueza de lo penal que la Audiencia Provincial ha anulado, confirmando que era injusta.

Se le condenó en 2012 a 18 meses de cárcel y diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación cuando era máximo responsable de Urbanismo en la Corporación. Tras esa sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, y a pesar de que era recurrible, Ildefonso, hombre sensato y decente, tomó la decisión de apartarse de la vida política.

Ahora, dos años después, la Audiencia lo absuelve, anulando aquella primera sentencia, al entender que no se produjo acto ilícito alguno en su gestión. Pero el daño causado, el injusto sufrimiento experimentado por Ildefonso y su familia, en primer plano, pero también por sus amistades y sus compañeros y compañeras de partido, no se borra tan fácilmente. Considero que, en consecuencia con el rotundo pronunciamiento de la Audiencia, tiene que producirse una iniciativa que restituya su honorabilidad ante la opinión pública y ante la propia corporación de Telde.

He planteado siempre que es irresponsable y ajeno a la ética contribuir a la judicialización de la política como arma para tratar de debilitar o destruir al adversario. El debate y la práctica, dentro y fuera de las instituciones, deben girar en torno a los planteamientos políticos, deben gravitar sobre las propuestas económicas o sociales, sobre las medidas para transformar la sociedad y hacerla más justa, cada cual desde sus distintas ópticas ideológicas.

Tratando así, con la legítima batalla de las ideas, de intentar convencer para ganar apoyos ciudadanos a la organización que representas, no con otros artilugios poco o nada presentables. Nunca, desde luego, con el juego sucio, la descalificación gratuita, la mentira y la infamia.

En la política, canaria o estatal, sobran los corruptos y los malos gestores. Pero, también, deben ser apartados los que difaman y degradan la actividad política. Superar la actual desafección exige otros comportamientos bien distintos que hagan ganar en credibilidad y dignifiquen la política para que esta sea percibida colectivamente como un instrumento al servicio de la sociedad.