PP-VOX & Puigdemont (y Clavijo)

He puesto el título antes de escribir el artículo. El carro antes que la yunta. De forma que lo que venga a continuación tendrá que ver o no con el título. Tal vez sean sólo pensamientos deslavazados e inconexos.

-Los atentados terroristas son siempre abominables. Los delitos de Estado son aún más graves.

Porque frente a los crímenes del terrorismo -del puede esperarse toda clase de violencias-  la ciudadanía puede esperar la protección del Estado, de sus cuerpos de defensa y seguridad. En realidad, esa es la última razón de ser del poder estatal: garantizar la vida y la seguridad de sus súbditos. Y con el paso del tiempo, y el advenimiento del Estado de Derecho, también la garantía de su libertad y de sus bienes, frente a cualquier amenaza interna o proveniente del exterior.

Pero cuando la violencia o la delincuencia tienen su origen en los gobernantes o en los aparatos del Estado, a la gravedad del delito se suma su carácter alevoso, la particular indefensión de los ciudadanos que no tienen quien les proteja, cuando el ataque a sus derechos proviene de quienes tienen el deber sagrado de defenderlos.

Cuando vamos conociendo en qué consistió el Caso Kitchen -delincuencia al cuadrado, como la ha calificado Edmundo Bal: delitos para ocultar otros delitos-- y Casado se atreve a sentenciar que la concesión del indulto a los condenados del procés significará “el epitafio del Partido Socialista constitucionalista”, uno se ve empujado a pensar que la derecha española no tiene arreglo. Que su coexistencia con la democracia sigue siendo tan accidentalista (es decir, la soportan mientras no le quede otra) como lo era durante la II República. Hablo de la derecha para referirme, no sólo a sus representantes en la vida institucional, sino a parte de la derecha empresarial, eclesiástica…

 -¿Por qué están satanizando el indulto el PP, VOX y Ciudadanos, por un lado, y Puigdemont por otro?

Porque durante toda la gestación de lo que culminó en los graves y delictivos acontecimientos relacionados con la declaración unilateral de independencia, la derecha española y los herederos de Pujol sostenían una guerra de baja intensidad que les venía muy bien a sus respectivos intereses políticos: tapar la corrupción y los recortes que imponían con verdadero deleite a españoles y catalanes con la coartada de la crisis. Hasta que la situación se les escapó de las manos. Suele ocurrir. Y entonces, como comentaba Elliot sobre la Revuelta de los Catalanes 1640-52, se hicieron con el timón los más decididos de cada bando.

Si Puigdemont no existiera, la derecha española lo inventaría. Y si en España hubiera una derecha política a la europea, el independentismo catalán habría tenido que inventar un espantapájaros inspirado en el dúo Casado/ Abascal.

- La prerrogativa de gracia es un acto de gobierno, no un acto judicial.

La función del poder judicial consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y el Tribunal Supremo lo ejerció, frente al quebrantamiento del orden constitucional por las autoridades de la Generalitat, con una sentencia bien fundada y tras un juicio con garantías.

El informe del Tribunal Supremo se emite ahora en un procedimiento que no es judicial, sino gubernativo. Por eso no es vinculante, ni debiera sobrepasar el examen de la justicia o equidad del indulto que se ha solicitado. Pero no la conveniencia social, que puede ser un motivo suficiente, según la Ley del Indulto, para ejercer la prerrogativa de gracia. Porque la conveniencia o utilidad social es un concepto político, relacionado con la gobernación del país y debe ser apreciado, y justificado, por la máxima autoridad gubernativa. Que en las viejas monarquías era el Rey. Y en el régimen parlamentario, el Gobierno. Que es a quien la Constitución atribuye la dirección de la política interior y exterior (artículo 97).

Y al analizar la existencia o inexistencia de razones de justicia o equidad, el Tribunal Supremo debe desenvolverse a través de argumentos y criterios de interpretación exclusivamente jurídicos. Que es lo que parecía que iba a hacer la Sala Segunda del Supremo cuando uno lee los primeros compases de su Informe.

Pero no pudieron los magistrados con su condición conservadora: la aplicación extensiva a las autoridades autonómicas de los requisitos más estrictos establecidos para la concesión de un indulto a los miembros del gobierno de España es un despropósito; porque las instituciones estatales ejercen potestades directamente emanadas de la soberanía, entre ellas la de la prerrogativa de gracia. Y las autonómicas, no.

La teoría del “autoindulto”, no porque los condenados formen parte del Gobierno que puede conceder el indulto, sino porque los encarcelados son dirigentes de partidos que “hoy por hoy” apoyan parlamentariamente al Gobierno es, en un informe del Supremo, jurídicamente inaceptable. Como arma arrojadiza del PP a la cara del Gobierno puede ser muy efectiva; pero en un informe del Supremo…

-¿Qué hace un chico como tú en un sitio como éste?

La oposición de Coalición Canaria al indulto “porque no se dan las condiciones ni las circunstancias” es el mejor termómetro de la deriva ultraderechista de Clavijo y sus cuates. El mismo Clavijo que se declaraba partidario de que Canarias se convirtiera en Estado Libre Asociado y “si eso significa la independencia… y qué”. No cuando era boy scout, sino al  poco de heredar la alcaldía de La Laguna. Es decir, un adulto hecho y derecho.

¿Qué me he perdido? En realidad, nada. En Tenerife lo que ha existido siempre no es Coalición Canaria, sino ATI. No les hizo falta inventar Coalición Canaria (1993) para recuperar el poder, digo recuperar el poder, en Tenerife y hacerse con la parte del león en el Gobierno de Canarias (1987).

En aquel intuitivo invento, la ATI, confluyeron amplios sectores del franquismo sociológico. Y no me estoy refiriendo sólo ni principalmente a autoridades del Régimen franquista, que también. Sino a sectores más o menos amplios, y en todo caso influyentes, de la sociedad tinerfeña. Les aglutinaban, además de sus intereses, las dos coartadas principales que conformaban el paupérrimo bagaje ideológico del franquismo: el enemigo exterior, que lo mismo puede ser la pérfida Inglaterra que los taimados canariones; y el odio hacia todo lo que pueda significar socialismo o izquierda. Nadie me contó esta historia. La viví. Ya se sabe que envolverse en los colores de la Patria, de cualquier Patria, es la más vieja técnica de camuflar los intereses de cualquier autocracia, se apellide conservadora o revolucionaria.

Desde entonces, ATI y PP se repartieron electoralmente todo el espacio de derechas en Tenerife, incluyendo a la extrema derecha. El PP en las generales, ATI en las municipales, insulares y autonómicas. A modo de ejemplo, tras las elecciones de 1987, la entonces Alianza Popular pasó de tener 6 consejeros en el Cabildo a tener sólo 1. Y ATI, de 7 a 13. Blanco y en botella.

Pero ese statu quo se ha roto con la irrupción del neofranquismo a cara descubierta: VOX, en las elecciones generales de noviembre de 2019, a costa de Ciudadanos… ¡y de ATI-Coalición Canaria! Lo digo con los datos en la mano.

De modo que, como es previsible a día de hoy, a ATI y al PP en Tenerife no les queda otra que intentar fagocitar a VOX, o pactar con VOX, si quieren recomponer algún día una mayoría de derechas al frente de las instituciones tinerfeñas. No les queda otra que morder y soplar a la extrema derecha. Eso explica perfectamente que el chico filo independentista y su partido, ATI-CC, tantas veces aliada electoral del PNV y CiU, actúen a partir de ahora de bufones de la ultraderecha.

En realidad, a Clavijo, Oramas y Cía Coalición Canaria les trae sin cuidado. Son profesionales y adictos al poder. Y, sin el poder, el síndrome de abstinencia los tiene en un sin vivir.

Además , Clavijo tiene que hacer el papel de chico bueno ante la Sala Segunda que va a juzgarlo más que previsiblemente por un caso de prevaricación continuada, tan sencillo como grave jurídica y presupuestariamente: dictar, entre 2011 y 2015, 85 decretos autorizando una y otra vez a determinadas y casi siempre las mismas empresas  a continuar gestionando los principales servicios públicos de La Laguna sin título jurídico alguno, comprometiendo y pagando ilegalmente decenas de millones de euros de los contribuyentes, pese a que la Intervención General le advirtió que las vulneraciones de la legalidad de contratos y presupuestaria eran tan graves que determinaban la nulidad de pleno Derecho de todos y cada uno de los 85 Decretos.