¿Trabajamos para los buenos?

Son tantas las cosas que ocurren en la Fiscalía que uno no debería sorprenderse, pero es que lo del ascenso del Fiscal Jefe de Las Palmas a la plaza de teniente fiscal de la Secretaría Técnica, caliente todavía la sentencia que considera que vulneró los derechos fundamentales de una candidata al Congreso en periodo electoral, me deja otra vez con la boca abierta. A veces me pregunto si la Fiscalía no la manipula desde fuera algún invisible “señor oscuro” con unas reglas ocultas. Nada puede probarse, pero veamos algunos datos:

1) El 23 de noviembre de 2015 llega un documento anónimo a la Fiscalía de Las Palmas, del que la Fiscalía deduce que Victoria Rosell, juez en excelencia desde hace un mes y candidata de Podemos al Parlamento, podía haber cometido una infracción disciplinaria.

2) Para averiguar si es cierto se incoan en la Fiscalía Diligencias informativas, que tienen un contenido sustantivo importante, con aportación de grabaciones, testificales, documentos, etc.

3) El día 2 de diciembre, Victoria Rosell va a la Fiscalía a ver qué pasa, que se ha enterado por la prensa, y le confirman la investigación pero no le dejan copia de las actuaciones.

4) A partir del día 3 aparecen en la prensa nacional y local informaciones y artículos de opinión sobre “la investigación de la Fiscalía a la candidata de Podemos”: sin duda, la noticia deseada por cualquier candidato a unas elecciones a cuenta de la Fiscalía.

5) El día 4 de diciembre -después de las noticias filtradas- la Fiscalía informa a la opinión pública de que está investigando una infracción disciplinaria a la Juez.

6) El día 5 comienza la campaña electoral.

7) El día 11 se acuerda la suspensión de las Diligencias de la Fiscalía por el TSJ de Canarias, pero ya es tarde, porque ese mismo día la Fiscalía las da por concluidas y las envía al CGPJ, competente para las sanciones disciplinarias de los jueces.

8) El día 18 acaba la campaña electoral.

Sé perfectamente, como todos los que trabajamos en la Fiscalía, que el periodo electoral es un periodo de ralentización de causas que afectan a políticos y a candidatos, con la finalidad de interferir lo menos posible en las elecciones. Pues en este caso ocurrió lo contrario. La APIF se escandaliza entonces, y pide la dimisión o el cese del Fiscal Jefe, y la Fiscalía General, dirigida entonces por Consuelo Madrigal, no contesta y mantiene al Fiscal Jefe.

Cuando el 7 de marzo de 2016 el TSJ de Canarias resuelve que se han vulnerado varios derechos constitucionales de la afectada, tampoco hay reacción alguna de la Fiscalía General, todavía dirigida por Consuelo, salvo la de recurrir la sentencia.

Uno en esa situación no puede por menos que pensar que el Fiscal Jefe de Las Palmas actúa concertadamente o a las órdenes de la Fiscalía General, dado que en la Fiscalía incluso la apariencia de desobediencia se hace pagar muy cara, y si no que le pregunten a un joven fiscal aragonés cómo se lo hizo saber el ya ex Fiscal Jefe de Las Palmas desde su puesto en el Consejo Fiscal.

Si no hay reproche, sanción disciplinaria, remoción o nota de prensa, es que todo está en orden, es decir, que la Fiscalía estaba de acuerdo.

Ahora, el Tribunal Supremo revoca parcialmente la sentencia del TSJ pero sigue reprochando a la Fiscalía que vulnerara los derechos a un justo proceso de la Sra. Rosell, con un fundamento jurídico que dice: “Es suficiente a efectos de este procedimiento de derechos fundamentales entender que las diligencias preprocesales practicadas, en los extremos que hemos indicado, menoscabaron con su realización la plena efectividad del derecho fundamental un procedimiento con todas las garantías (artículo 24.2 CE) al invadir aspectos esenciales del procedimiento disciplinario reservado al CGPJ y vulnerar el derecho de defensa, y, en consecuencia, deben ser declaradas nulas en los términos razonados”.

Es evidente que la situación de ese Fiscal Jefe en Las Palmas, en este momento es insostenible. Pero en lugar de que la institución mostrara algún tipo de reproche al afectado, va y lo premia. Yo no lo entiendo: si alguien hace algo contrario a los hábitos de la Fiscalía (esté bien o mal, en campaña electoral la Fiscalía es muy prudente; además, no recuerdo un caso en investigar en la Fiscalía a un Juez por una infracción disciplinaria); y por si fuera poco, lo hace tan mal que la Fiscalía es condenada en los Tribunales, pues ¿cómo es que se le promociona? ¿Es eso mérito y capacidad? No lo creo. Pero si el tema es que se confía en ese fiscal, ya que el puesto al que va es de confianza, la cuestión me preocupa más. Se confía más en quien hace estas cosas que en quien no las hace. Mal asunto. Y se constata, sin apenas margen para la duda, que lo ocurrido contó y cuenta con el apoyo de la institución. El Consejo Fiscal, por su parte, hasta ahora y para no variar, silente. Hay gente que no va a entender que todo esto se hace trabajando para los buenos. Supongo que los jueces harán algún comunicado denunciando la situación y nada, patada a seguir.

*Salvador Viada es fiscal de sala del Tribunal Supremo.