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El valor de la Constitución

“Las propuestas de Vox afectan a conceptos vinculados con el núcleo mismo de la Constitución, y es relevante recordar que su artículo 2 no sólo reconoce la indisoluble unidad de la nación española, sino el sistema autonómico como forma de gestión del poder territorial, que Vox pretende aniquilar” (El País, 16 diciembre)

Recién apagadas las luces de  los fastos del 40 aniversario de la maltrecha Constitución de 1978, recuerda este editorial de El País que del  núcleo duro de la Constitución no sólo forma parte el reconocimiento de la unidad de España (que presupone su existencia como comunidad  política, algo que la retórica de los nacionalismos periféricos niega con contumacia), sino el de su pluralidad territorial que está en la base del derecho al autogobierno de nacionalidades y regiones. Y, por cierto, también el del la justicia como valor superior y, en consecuencia, la configuración de nuestro sistema político como Estado Social.

Sostiene también El País que lo importante es desmontar las mentiras de Vox  y que rodearlos con un cordón sanitario le puede proporcionar una ventaja y un  balón de oxígeno.

Formo parte  de la última camada de políticos aún en activo que  participamos en la militancia antifranquista, durante los últimos años  de la dictadura. Probablemente por motivos vivenciales, además de los de carácter intelectual o moral,  valoro y respeto intensamente los acuerdos que permitieron transitar del franquismo a la democracia. Y su vigencia.

Esos acuerdos pretendieron encauzar pacíficamente los grandes asuntos que envenenaron la concordia entre los españoles durante demasiado tiempo: las disyuntivas Estado confesional/laico, monarquía/república, unidad de España/separatismo y, muy especialmente, el de las grandes desigualdades sociales que impidieron cualquier tipo de convivencia pacífica  en la sociedad española.

Todos estos acuerdos han sido cuestionados o zarandeados por buena parte de las fuerzas políticas y de los poderes económicos durante los últimos años.

En el último Pleno del Congreso, a título de ejemplo, oí afirmar que la Constitución de 1978 no definió muchos aspectos de lo que acabó siendo el Estado de las Autonomías. Y,  al Sr. Tardá (ERC) afirmar que los catalanes votaron la Constitución “como un punto de partida” de sus aspiraciones territoriales.

Aparte de  arrogarse la representación de todos los catalanes y la interpretación auténtica del sentido de su  apoyo masivo en el referéndum constitucional, la postura de Tardá es un sofisma y un disparo directo contra el pacto constitucional  del que no pueden escogerse a la carta los aspectos que uno está dispuesto a cumplir y cuáles no.

Aprendí muy pronto, en la vieja Facultad de Derecho lagunera, que el principio de que los pactos deben ser cumplidos (pacta servanda sunt) está en el origen de todo intento de superar la ley de la selva en las relaciones entre los seres humanos o entre los pueblos.

La Constitución sí estableció con claridad cuáles eran los cometidos de los poderes legislativo y ejecutivo estatales   -preservar la unidad y la solidaridad entre las personas y los pueblos de España- y les atribuyó las competencias imprescindibles para  realizarlos. Discutir esas competencias -que es el perenne caballo de batalla de los nacionalistas periféricos genuinos y de sus imitadores-   puede colocar a las instituciones centrales en una situación de debilidad que les impida cumplir sus responsabilidades. Y convertir al Estado en un Estado fallido.

Lo pongo como ejemplo de los ataques al pacto constitucional; pero no son estos ataques más importantes que los efectuados contra el Estado Social, bajo la égida de los poderes de la globalización,  con la gran coartada de la crisis. Para mí éstos son mucho más importantes, porque al dar la espalda a las machadianas “buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan” cualquier invocación al patriotismo se convierte en una carcasa vacía o, simplemente, en la tapadera de privilegios inconfesables.

Por eso me parece macabro que los espadachines del liberalismo conservador y del desmantelamiento de los servicios públicos esenciales  tengan el descaro de intentar a diario presentarse como los “constitucionalistas”.

He prometido, quizás demasiadas veces,  guardar y hacer guardar la Constitución “y, por tanto, ser leal al Rey”  (porque esa ha sido invariablemente, desde 1983, mi promesa al acceder a los cargos representativos) y creo haber cumplido ese reiterado compromiso. Soy republicano; pero no he cuestionado la Monarquía constitucional en ninguna ocasión, porque  esa fue la forma de Estado que se pactó. Y porque esa dicotomía no tiene, ni de lejos, el sentido que tuvo cuando en España los términos de Monarquía, autoritarismo y desigualdades sociales eran sinónimos para muchas personas. Y República, libertad, democracia y justicia social también lo eran.  

Por consideraciones como estas me parecen insuficientes las reflexiones del editorialista de El País. No se trata sólo, ni principalmente, de desmontar las mentiras de la ultraderecha. Sino de recuperar la vigencia del acuerdo constitucional como un todo, porque sigue teniendo una actualidad  y utilidad palpitantes.

Porque cualquier forma de autoritarismo  -conservador o revolucionario- sólo aflora en el terreno que le deja gratuitamente libre la democracia. No es con argumentos como se combate principalmente al populismo, aunque la denuncia de sus embustes sea imprescindible; sino reforzando los vínculos entre la ciudadanía y el régimen de libertades y las instituciones  representativas.

Y no hay nada que más aleje a la ciudadanía de las instituciones representativas  y de los principios de convivencia democráticos, que la corrupción y la falta de respuesta a sus necesidades vitales. Por eso cuando, más de una vez,  algunos elementos de la farándula política o periodística me han espetado aquello de que “la lucha contra la corrupción no da votos”, me he quedado pensando en que algo va mal, muy mal, en nuestra democracia.

No creo en las ensoñaciones independentistas porque nunca hubo más distancia entre independencia y soberanía, que la que existe en estos tiempos.

Creo que la lucha contra la corrupción es un imperativo categórico de todos aquellos que creemos en que las ideas democráticas son algo más que una mera ficción;  o un modo de vivir aprovechándose de la credulidad de las “buenas gentes” de esta España nuestra.

Y sigo creyendo que la libertad y la igualdad reales son la mejor arma,  en realidad la única efectiva, de la democracia contra tiranos y demagogos.

Creo también que la ciudadanía puede  entender los muchos condicionamientos que los poderes de esta Globalización imponen a la soberanía de los Estados y, por tanto, a sus políticas  presupuestarias y programas sociales. Pero no entenderán -y lo pagará, ya lo está pagando, la democracia en España, en Europa y en todo el mundo-  que el recorte de derechos y libertades siempre caigan del mismo lado. Ni que el cinismo, la mentira y la corrupción campen a sus anchas en la vida social o en las Instituciones.

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