Les recomendamos que se fijen muy atentamente en el abogado Ignacio Cáceres, que con tan sólo 33 años y menos de una década de profesión, ya ha metido al Ayuntamiento de Santa Brígida en unos cuantos aprietos. Cáceres ha defendido en este asunto ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa a la concejala Victoria Casas, y lo ha hecho frente al letrado consistorial Adolfo Llamas, quien fuera profesor suyo en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Ha sido tal el meneo que Cáceres metió a Llamas, que éste corrió a quejarse al Colegio de Abogados, que archivó la queja al considerar que, efectivamente, pudieron ser falaces los argumentos planteados por la defensa del consistorio satauteño. Ignacio Cáceres tiene al Ayuntamiento de su pueblo contra las cuerdas. A él se le deben, entre otras cosas, la paralización y la situación de demolición inminente del famoso centro comercial de Santa Brígida; la paralización del SAU-2 por el que se pretendía, entre otras cosas, plantar un tanatorio en un suelo protegido, con macrourbanización incluida. Y a él se le debe ahora que el alcalde y dos de sus concejales sufran el bochorno público de ser señalados por tirar de talonario público par atacar en defensa de su honor.