Abogados al límite

Un aviso de bomba que resultó falso y que obligó a evacuar los juzgados de La Laguna, frustraron una de las jornadas más prometedoras de cuantas se han vivido hasta ahora en la instrucción del caso Grúas. Una instrucción accidentada, hay que reconocerlo, que comenzó con el más absoluto escepticismo por parte de la jueza instructora y que sin embargo se ha tornado causa de interés tras la práctica de las primeras pruebas ordenadas, eso sí, por la Audiencia Provincial en un auto que engrosará los anales de las reprimendas corporativas judiciales.

Si el interventor general del Ayuntamiento de La Laguna ya provocó algunos latigazos en las respectivas espinas dorsales de los actuales y anteriores mandamases municipales por su áspera declaración, lo de este martes con el catedrático de cabecera del exalcalde y actual alcalde-presidente de Canarias, Fernando Clavijo, puede considerarse todo un cataclismo. Que se levantaran severos reparos del interventor a partir de informes teóricos de esta insigne figura del derecho administrativo, coautor entre otras cosas de la rutilante Ley del Suelo de Canarias, resulta verdaderamente escandaloso. Y que esos informes se hicieran sin tener el más mínimo conocimiento de la situación de la empresa Autogrúas Poli, la mercantil que le tenía robado el ombligo al alcalde Clavijo, demuestra una vez más lo pernicioso de los informes de parte pagados al peso. Y este del catedrático Francisco Villar pudo rondar un precio de 10.000 euros si a los 4.100 que cobró él le vamos sumando lo que se quedó la Fundación General de la Universidad de La Laguna, que fue la que cobró y luego pagó a sus destinatarios los trabajos de Villar y del otro catedrático prêt-á- porter, el famoso Fernando Clavijo, pariente a todas luces cercano del señor alcalde-presidente de Canarias.

La grúa-bomba que jamás encontraron los artificieros en los juzgados de La Laguna impidió la declaración del segundo catedrático, pero dejó algunos detalles dignos de mención. Como, por ejemplo, que la señora magistrada resolviera in voce un interesante recurso de la acusación popular, promovida por concejales de la oposición en La Laguna, contra la decisión de citar a declarar a Villar y a Clavijo como testigos/peritos y no exclusivamente como testigos. La cuestión no es baladí porque no es lo mismo acudir ante una jueza a contar lo que pasó que a peritar lo que pasó como experto en las cosas que pasaron. La jueza Blanco dio la razón a los recurrentes alegando que se había equivocado en la citación (ejem), a lo que el fiscal añadió que en realidad el equivocado había sido él al pedir expresamente que los dos cátedros acudieran como peritos a sabiendas de que el tamaño del calzador para tal ventura no cabría por el arco de seguridad del palacio de Justicia. Y perdón por no poner palacio en mayúsculas.

La reculada de la jueza y del fiscal dejó in puris naturalibus, es decir, con el culo al aire, a otra de las eminencias académicas que se dieron cita ese día en aquel juzgado, el impagable abogado Esteban Sola, personado en la causa teóricamente para defender al portavoz de CC en el Ayuntamiento de La Laguna, Pérez-Godiño, otro que sigue haciendo honor a su apellido cada vez que abre la boca para defenderse o defender a algunos de los cafres que le acompañan en la linda aventura de la política lagunera.

Sola, en realidad, no está ahí por Pérez-Godiño sino para tratar de levantar todos los diques de protección que en derecho sean posibles o imposibles que eviten que el oleaje alcance a Fernando Clavijo, alcalde-presidente de esta asirocada ultraperiferia.

Sola se empleó a fondo para dar la razón a la jueza y al fiscal en la condición de testigos/peritos de los dos catedráticos del régimen, y lo hizo con un escrito tan altanero que desde aquí aconsejamos unirlo al mencionado auto de la Audiencia Provincial para que algún día, cuando todo esto haya pasado, se estudie el caso Grúas en las facultades de Derecho como ejemplo de corrupción en una ciudad pequeña con Universidad y catedráticos, con medios comprados y jueces temerosos del poder político que mangonea la isla de Tenerife desde tiempos de la raspa.

Sola no quiere tener piedad con la acusación popular en un procedimiento que podría salpicar al actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y a su antecesor, el alcalde-presidente Clavijo. De ahí que en su escrito no solo se opusiera drásticamente a sus peticiones (luego otorgadas), sino que además exigiera para ella la condena en costas por ese recurso y, ya puestos burros, el establecimiento de una fianza para mantener su condición de acusación popular. Tanto esfuerzo, tanto despliegue teórico, para que al final la jueza diera razón a la contraparte.

Carlos Cabrera y un negociado sin publicidad

Carlos Cabrera y un negociado sin publicidad

Con similares sobresaltos mediáticos pero con mucha flema vive estas semanas su desempeño profesional otro destacado abogado con despacho en Santa Cruz de Tenerife, Carlos Cabrera. Desde que abandonara Radiotelevisión Canaria el aparentemente incombustible Martín Orozco, Cabrera se afana por llevar a su sitio las cuadernas desencajadas de un barco que un día chocó contra el marisco sin que nadie se decida a vararlo para repararlo y, de paso, relevar al capitán por comportamiento negligente y temerario.

Cabrera fue el abogado que, por instrucciones directas de la jefa de RTVC en la sombra, Daida Rodríguez, y el exdirector corporativo, Heriberto Monzón, reintegrado felizmente a la empresa privada, recompusiera las bases del concurso de informativos para adaptarlo al encargo de su cliente para que pudiera ser convocado y adjudicado en solitario por esa figura de la gestión pública que es Santiago Negrín, presidente de la cosa.

Cabrera no comenta con el periodista los dictámenes que elabora, ni el resultado que en el devenir diario del ente tienen sus recomendaciones. Con mucha amabilidad y destreza se sacude de encima las preguntas acerca del modo con el que RTVC salvó el difícil escollo de quedarse sin señal el pasado 31 de diciembre por vencimiento del contrato y de la prórroga con el proveedor de ese servicio. De momento nadie en esa desquiciada casa da una explicación pública, aunque todo apunta a que se convocó de urgencia y de manera sandunguera un concurso negociado sin publicidad para mantener al proveedor, cuyas facturas mes a mes habrán de ser convalidadas por la intervención general de la Comunidad Autónoma (Consejería de Hacienda), so pena de incurrir en más irregularidades de las ya incurridas.

El negociado sin publicidad es, como su propio nombre indica, un modelo opaco que se utiliza o bien ante una emergencia o bien cuando la autoridad está interesada en pegar un dedazo. O para ambas necesidades a la vez.

Tanto Esteban Sola como Carlos Cabrera tienen la dura tarea de sacar de la chistera de sus vastos conocimientos jurídicos soluciones imaginativas que permitan explicar los comportamientos tan extravagantes que se dieron en el caso Grúas y se siguen dando en la gestión diaria de RTVC.

A ambos los coordina otro hombre de la máxima confianza de Fernando Clavijo, el que fuera secretario del Ayuntamiento de La Laguna cuando el alcalde-presidente de Canarias era el alcalde-presidente de esa ciudad. Se llama Ceferino Marrero, y es el actual secretario general de Presidencia del Gobierno. A él lo ha señalado Francisco Villar cuando se le preguntó quién estaba detrás del encargo de su dictamen para levantar los reparos del interventor municipal. Y su nombre aparece vinculado a RTVC por la vía de ser quien bendice las operaciones jurídicas clasificadas, molestas e insalubres.