Sólo hay que dejarlos sueltos para que actúen a su libre albedrío. Lejos de enmendar hábitos perfectamente detectados y condenados por la avisada ciudadanía, algunos se creen que puede colar eso de sacar el 1 de agosto a información pública un expediente polémico. A ver si así, pensarán estos patéticos incautos, pasan los 45 días preceptivos sin que puedan alegar todo lo que nos merecemos. Es lo que tiene toda la pinta que ha ocurrido con el estudio de impacto ambiental de las prospecciones petrolíferas que la compañía Repsol-Soria (tanto monta, monta tanto), que ha sido publicado este miércoles en el BOE con agostidad y alevosía. El Gobierno de Canarias y todo el aparataje anti petrolero se ha lanzado a invitar a la ciudadanía a alegar como posesa durante este mes, salga el sol por donde salga y haga el calor que quiera. La compañía Repsol ya se ha anticipado a anunciar al mundo entero que sus prevenciones ambientales son la mismísima leche, que incluso están dispuestos a guardar las nuevas exigencias ambientales de la Unión Europea, publicadas después de que Soria se diera una prisa del carajo por autorizar las prospecciones canarias no fuera a ser que se viniera abajo el kiosco de la alta rentabilidad prometida. Dice Repsol que en la zona no hay especies protegidas (sic) y que en el muy hipotético caso de que se produjera un accidente con vertidos al mar la cosa estaría tan controlada que el petróleo no llegaría a las costas canarias (otra vez sic). Viendo lo publicado en el BOE todo invita a dudar, porque de aquellos “más de 60 kilómetros de distancia” de las prospecciones que juró por Snoopy el muy ministro ya vamos por cincuenta y pico, más o menos. Y a unas profundidades preocupantes, que es lo que viene siendo verdaderamente grave de este asunto.