A todas éstas, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias acaba de decidir que su presidente, Antonio Castro Feliciano, se reserve para presidir tribunales que juzguen a aforados, lo que directamente le impedirá instruir causa alguna. Es una decisión que muy probablemente tenga que ver con los casos que tiene entre manos la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal canario, principalmente los asuntos de José Antonio Martín y de Las Teresitas, que instruye la magistrada Carla Bellini, o el del viaje del salmón, del que se ocupa Margarita Varona. La Sala de Gobierno ha decidido también cómo habrá de formarse el tribunal que juzgue a los aforados, de modo que los magistrados que instruyan o resuelvan durante la tramitación de los procedimientos no se sienten a juzgar junto al presidente. Habrá que tirar de las salas de lo Social o de lo Contencioso-Administrativo, como ocurrió recientemente en Andalucía con el caso del juez De Urquía.