El baratito voto de Ana Oramas

Coalición Canaria dará su voto a Mariano Rajoy sin conseguir sus exigencias. Cosas que pasan. El documento que recoge los 150 puntos de compromiso entre el Partido Popular y Ciudadanos sólo atiende una de las condiciones del partido que cogobierna en Canarias, un guiño al Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF): “Se defenderá y potenciará el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), derecho ya reconocido por la Constitución y por el Tratado de la Unión Europea, de tal forma que se igualen las condiciones de partida con las del resto de ciudadanos del territorio nacional”. Una declaración de intenciones tan confusa y floja (a ver qué es eso de “condiciones de partida”) como ociosa, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de un derecho establecido –como bien se reconoce- que se ha venido violentando por la Administración del Estado de manera reiterada y, en esta última legislatura del PP, de modo incluso insultante.

Salvo algunas concreciones que mucho tienen que ver con las próximas elecciones gallegas y vascas, el documento entre el PP y C’s es un brindis al sol. A estas alturas parece evidente que Mariano Rajoy no conseguirá la investidura (al menos en septiembre), y eso ha facilitado mucho a los negociadores del PP relajar las líneas rojas y conseguir transmitir urbi et orbi que es capaz de sentarse a hablar y reconocer que algunas de sus políticas han sido altamente perjudiciales para la sociedad española.

Pero en lo que interesa a Canarias, conviene analizar los 150 puntos del documento para comprobar si las exigencias de Coalición Canaria a cambio del voto de Ana Oramas se han incluido. Y la respuesta es no. Sólo la referida referencia al REF, nada baladí, sin duda, pero demasiado genérica, y sin la menor mención a los aspectos agrícolas (garantía de los fondos Posei) que CC exigió que se incluyeran.

El voto de Ana Oramas le ha salido muy baratito a los negociadores. Lo más sangrante es sin duda el desprecio absoluto al Plan Integral de Empleo de Canarias, fulminado en la décima legislatura por Rajoy y la ministra Báñez, con el aplauso entusiasta de los populares canarios, que llegaron a acusar al Gobierno de Paulino Rivero de malversar esos fondos no se sabe con qué aviesas intenciones.

La vicepresidenta y consejera del ramo, Patricia Hernández, cifraba esta pasada semana ese recorte a Canarias en 111 millones de euros, muy cerquita de los 160 del famoso IGTE que tampoco aparecen garantizados por ninguna parte.

Ni convenio de carreteras ni cabildos

 Tampoco tiene desperdicio el puñetero caso hecho al convenio de carreteras de Canarias, uno de los caballos de batalla más recurrentes en las relaciones con el Estado y la causa principal de la brecha abierta en el seno del pacto canario de Gobierno entre el PSOE y CC por las presiones que viene ejerciendo en esta cuestión el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, con el apoyo y el aliento del mismísimo Fernando Clavijo desde dentro del Ejecutivo. Ese convenio de carreteras pudo haberse incluido en el apartado dedicado a las políticas de infraestructuras, en el que sí se hace expresa mención al corredor mediterráneo y al corredor atlántico y a “obras estratégicas como el AVE a Galicia y la variante de Pajares entre León y Asturias”. Precioso.

Tampoco se ocuparon los negociadores, entre los que, por cierto, se encontraba la canaria Melisa Rodríguez (Ciudadanos), de la mención expresa a la supervivencia de los cabildos isleños, otra de las exigencias de Coalición Canaria. En el capítulo referido a la reforma de las administraciones públicas se habla de “eliminar duplicidades administrativas y los organismos innecesarios”. La generalización no implica necesariamente que los cabildos canarios hayan entrado en zona de peligro, pero en el rebumbio en el que se metieron los negociadores se les incluye en el lote de “entes locales” a racionalizar.

Pero, eso sí, para salvar el pescuezo a esa amplia nómina de estómagos agradecidos del PP que viven en los alrededores de las diputaciones provinciales (lo de Galicia clama al cielo), se hace constar expresamente que “no se pondrán en riesgo los servicios públicos que prestan esas administraciones a los ciudadanos”. No queda claro cuál es la solución milagrosa, pero sí que la mención expresa a los cabildos que pidió Coalición Canaria se ha quedado fuera del pacto.

Adiós al impuesto al sol. ¡Y al gas!

Pero donde no tiene desperdicio el brindis al sol entre Ciudadanos y el Partido Popular es en las propuestas relacionadas con las políticas energéticas, otra de las condiciones puestas por Coalición Canaria para otorgar su valioso voto a Mariano Rajoy.

Canarias sólo pedía que se tuvieran en cuenta “los costes derivados del autoconsumo”, es decir, que se aclararan los aspectos del famoso impuesto al sol que se inventó aquel famoso ministro de Industria panameño, José Manuel Soria. Ha sido la postura de Ciudadanos la que ha alcanzado el objetivo perseguido por todo el sector de las renovables y los movimientos ambientalistas, y así se recoge expresamente: “Se eliminarán las dificultades que pudieran existir al autoconsumo eléctrico eficiente (coloquialmente conocido como ”impuesto al sol“)”, se lee en el punto 20 del acuerdo. Derogación, para entendernos.

Es más que probable que en esta materia energética la persona que haya influido sí haya sido la diputada palmera Melisa Rodríguez, a la que por lo tanto deberíamos atribuir la mención expresa a los sistemas eléctricos extrapeninsulares, que los firmantes se comprometen a tratar de manera específica “atendiendo a sus condiciones especiales y siempre con el objetivo de reducir sus costes y contribuir a la estabilidad del sistema”.

Es muy probable también que Melisa Rodríguez haya metido cuchara en el punto 19, en el que se habla de la aprobación de una ley de cambio climático y transición energética que incluiría un plan específico de transición energética para los años 2030-2050 “para impulsar las energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética y para reducir el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Este punto resulta verdaderamente sorprendente, y no solamente por esa respuesta frente al cambio climático, tan ausente por lo general en las formaciones de derechas, sino por la implícita desaparición del gas como combustible de transición entre las fuentes fósiles y las energías renovables.

Esa apuesta por las renovables y por la reducción de combustibles fósiles deja con el culo al aire toda la política de José Manuel Soria entre 2012 y 2016, incluyendo las fallidas prospecciones petrolíferas en Canarias, los intentos disimulados de sondear en Baleares y las autorizaciones infames de fraking en regiones como Cantabria.

Pero, además, desautoriza al Gobierno de Canarias, y particularmente a su socio de Coalición Canaria, deseoso de meter el gas como combustible de transición en lo que las renovables logran ocupar el lugar que el ex ministro panameño les impidió con su funesta política energética.

Sin gas, sin plan de empleo, sin convenio de carreteras, sin expreso reconocimiento a los cabildos canarios, y solamente con un tenue compromiso de salvaguarda del REF, Ana Oramas otorgará su voto positivo a la investidura del que hasta la fecha ha sido para Canarias el peor presidente del Gobierno de España. Que vivan las papas arrugadas.