Denunciar corrupción en España no sale gratis. Que se lo pregunten a Carlos Espino, el dirigente socialista de Lanzarote que se atrevió (y aún sostiene que no se arrepiente) a dejar al descubierto una trama de presunta corrupción política y empresarial en la isla que llevaba años (y sigue dale que te pego) mangoneando el urbanismo y otras cosas de comer. El vacío que le hicieron no solo fue empresarial, sino que se extendió a su propio partido, el PSOE, que al ver que se quedaba sin el cariño de los patronos optó por ofrecer la cabeza de Espino en bandeja de plata. Y ni así, que ya se sabe cómo son algunos de voraces e insaciables. A aquel vacío cívico, que ni siquiera fue recompensado de alguna manera en las urnas, se sumó la querella que le interpuso en los juzgados la dirigente del PP en la isla, Astrid Pérez, que apreció indicios muy chiripitifláuticos de que Espino había malversado fondos durante su gestión al frente de los Centros de Arte y Cultura del Cabildo. La denuncia duerme el sueño de los justos en algún juzgado de Arrecife sin que se sepa con precisión si hay mandanga o si de lo que se trata es de enturbiar. Que algo queda. En ese totum revolutum se produjo también una denuncia, teóricamente interpuesta por Luis Hernández, uno de los más afamados ex presidentes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que aseguró que un empresario que le debía dinero dijo que lo había destinado a pagar a un político para que levantara un precinto urbanístico. Uf.