Clavijo rentabiliza a Paulino

Ana Oramas acabó reconociéndolo en un foro de Editorial Prensa Canaria en 2017: Coalición Canaria descabalgó a Paulino Rivero de la carrera presidencial por su “enfrentamiento absurdo” con el Gobierno del Estado. Puede ser cierto, al menos en parte. Hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy, con José Manuel Soria ejerciendo como ministro exterminador, comenzó a humillar a Canarias por distintas vías, a Coalición Canaria le había ido muy bien conchabándose con el que quiera que fuera inquilino de La Moncloa. Con más querencia hacia el Partido Popular, todo hay que decirlo, dada la natural inclinación hacia la derecha que siempre ha manifestado este partido que agrupa en su seno a regionalistas folclóricos, nacionalistas de aluvión, estómagos agradecidos e independentistas de boquilla.

Aquellos tres primeros años de Gobierno de Mariano Rajoy, de 2012 a 2015, fueron verdaderamente duros para Canarias, pero no está nada claro que fuera Paulino Rivero el que hiciera explotar los puentes. La hemeroteca revela unos cuantos hitos verdaderamente notables que condujeron a la quiebra de las buenas relaciones que hasta entonces había habido entre CC y el PP. Y fue José Manuel Soria el verdadero dinamitero. Que Paulino Rivero no contara con él para el gobierno autonómico que se formó en el verano de 2011, con el socialista José Miguel Pérez como vicepresidente, fue una ofensa que el ministro off shore jamás perdonó al que hasta entonces había sido su socio natural. Y elevado a la más alta consideración por Rajoy en diciembre de 2011, empezó a hacer efectiva su venganza.

Los desplantes fueron continuos, pero quizás haya que situar en las prospecciones petrolíferas frente a Lanzarote y Fuerteventura, impuestas desde el Ministerio de Industria que dirigía el ilustre canario, el punto de no retorno. Y puede que aquel fracasado empeño, que lastró su imagen y el de la petrolera Repsol para los venideros años, también le condujera al principio del fin de su carismática carrera política, luego bruscamente rota cuando se descubrieron sus cuentas y sus empresas de ultramar en abril de 2016.

Pero, además de las prospecciones petrolíferas y de los excesos sorianos, los brutales recortes en el convenio de carreteras entre Canarias y el Estado perpetrados en los presupuestos generales de 2012, los primeros de la era Rajoy, provocaron una profunda crisis entre ambos gobiernos. Tanto fue así que el asunto fue llevado por Paulino Rivero a los tribunales de justicia, que acabaron dándole la razón.

Rivero no cedía ni un milímetro en sus reclamaciones y se marchó del Gobierno purgado por su propio partido sin conocer el resultado final de su pulso con el Estado a cuenta de las carreteras y la exigencia de que en las islas se invierta al menos la media estatal en infraestructuras.

El destino quiso que en enero de 2018 fuera su sucesor, el que le arrebató el puesto por las presiones de las oligarquías empresariales canarias alarmadas por su confrontación con el gobierno liberal del PP y por la pérdida de históricas prerrogativas con las que quiso acabar Rivero, el que recogiera los frutos de aquella estrategia política. Fue en enero del año recién acabado cuando se notificó la sentencia del Supremo que daba la razón a Canarias y que, solo por los recortes de 2012, obligaban al Estado a restituir más de 138 millones de euros a Canarias.

¿Y qué pasó entre enero, cuando se conoció la sentencia, y junio, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy abandonó el poder tras la moción de censura de Pedro Sánchez? Pues exactamente nada: las autoridades autonómicas canarias celebraron con júbilo el resultado del recurso de Paulino Rivero sin mencionarlo ni una sola vez, al tiempo que anunciaban que pedirían reuniones al entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para reclamarle la reposición de los fondos recortados por el Gobierno del PP.

No se hizo nada. El Gobierno de Canarias fue incapaz de promover en seis meses la ejecución de aquella sentencia, y fue solo a partir del cambio de gobierno cuando se activaron las alarmas y el inquilino de La Moncloa pasaba a ser el verdadero incumplidor. El enemigo exterior del pueblo canario.

Canarias dice que faltan más de 300 millones. Pero lo dice después de que el vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, al que CC trata de promocionar desaforadamente para salvar la presencia del partido en Gran Canaria, acudiera a firmar con Fomento y no abriera la boca para protestar. Lo dice ahora el Gobierno cuando en realidad las cifras que manejaba en 2016 se parecen bastante a las que propone el ministerio actualmente.

Nadie ha recordado en estos momentos tan propagandísticos pre-electorales que fue un gobierno socialista, el de Rodríguez Zapatero, el que firmó con Canarias el convenio de carreteras de 2006. Y que ha sido finalmente otro gobierno socialista el que ha activado los mecanismos para ejecutar la sentencia.

Pero no solo lo ha olvidado Coalición Canaria y el Gobierno de Fernando Clavijo. Lo ha olvidado también el Partido Popular, cuyos líderes regionales se han sumado entusiastas a las reclamaciones de Clavijo a Moncloa como si los recortes no los hubieran impuesto precisamente sus propios compañeros dirigentes de Madrid.

El colmo de los despropósitos y del populismo nacionalista ha sido tener que escuchar a Ana Oramas y a Fernando Clavijo vociferar sin pruebas que Sánchez ha sustraído dinero de las carreteras canarias para trasladarlo a las de Catalunya, exactamente el mismo “Madrid nos roba” que emplea el independentismo catalán para reclamar lo que cree que le pertenece. Una posición, por cierto, que ha contado siempre con el virulento rechazo de los llamados nacionalistas canarios, y olé.

Resulta verdaderamente descorazonador ver a nuestro presidente regional reclamar airado una reunión con Pedro Sánchez para abordar este asunto de las carreteras cuando debería ser el primero en reconocer que ha sido la insolvencia del equipo que tiene al frente de Obras Públicas la que ha conducido a la actual situación. Fue patética su exigencia de una reunión en Madrid -a donde acudió con una nutrida comitiva para los fastos de la Puerta del Sol- cuando toda España (menos él) sabía que el presidente del Gobierno se encontraba ya en Lanzarote disfrutando de sus vacaciones. Y ya el asunto se convierte en grotesco cuando pide -también por la vía de exigencia urgente- que Sánchez lo reciba en La Mareta porque no se aguanta más las ganas de mear.

Los niveles de eficacia de la Consejería de Obras Públicas no animan en absoluto a creer que Canarias pueda gestionar los dineros que tiene actualmente asignados. Lo que automáticamente conduce a la triste sospecha de que jamás pueda ser diligente con todos los millones que reclama. Tardaremos muy poco en conocer los niveles de ejecución presupuestaria de ese departamento, una vergüenza que se trata de ocultar con estos fuegos artificiales.

Esa falta de diligencia política y administrativa la insinuaba de manera ejemplar un editorial de los dos periódicos de Prensa Ibérica en Canarias el pasado 14 de enero: “El Ejecutivo regional debe replantearse así de qué forma la sentencia del Supremo, y las que puedan venir en el mismo sentido en breve plazo, le permite apretar las condiciones a Fomento siempre bajo la premisa de que no caben veleidades ni frivolidades presupuestarias que no se ajusten al principio de realidad, siempre y cuando todas las obras dispongan de los proyectos correspondientes y puedan ser ejecutadas en tiempos prudenciales”.