Seguimos asistiendo estos días a una política de nombramientos, fusiones y reajustes del Gobierno de Mariano Rajoy que son para echarse temblar, por muy desapercibido que pueda pasar. Hace una semana tocó a los organismos reguladores como la Comisión Nacional de la Competencia, que se agrupaba con otros organismos similares bajo la excusa de la austeridad económica y las consecuencias de pérdida de autonomía, al pasar a depender directamente del Ministerio de Luis de Guindos. Esta semana hemos conocido que el Gobierno ha decapitado por completo la cúpula de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, formada exclusivamente por funcionarios, al frente de los cuales ha colocado como número dos nada menos que una de las encausadas en el caso de estafa de Gescartera. Este viernes, en un gesto insultante, Rajoy ha dado cerrojazo a la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil, que queda incrustada de modo simbólico en una División de Derechos de Gracia y otros Derechos, de la Subsecretaría de Justicia, del correspondiente ministerio. Este departamento, además, en una pirueta muy curiosa, ha removido al juez de enlace con Francia, Manuel García-Castellón, que regresa de ese modo a su puesto de magistrado en el juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional, del que tiene que desplazarse su sustituto, el también conservador Eloy Velasco. ¿Y dónde encajar al señor Velasco, ex director general de Justicia con Esperanza Aguirre? Pues en el juzgado que ha dejado vacante Baltasar Garzón tras la cacería a la que fue sometido por el Supremo. Gracias a este preciso movimiento de piezas, Velasco ni siquiera tendrá que concursar. Misión cumplida.