Está más que contado por algunos de sus protagonistas. Paulino Rivero quiso poner la televisión pública autonómica en manos de medios informativos tradicionales que pudieran agradecérselo durante el tiempo que durara su mandato. José Rodríguez Ramírez, propietario de El Día y en la actualidad disidente del paulinato, contó en su momento su decisión de desmarcarse de una operación política en la que el presidente del Gobierno implicó a ese grupo editorial y a los propietarios de Canarias7 y Diario de Avisos, que formaron, junto a Antena 3, el núcleo fundacional de Videoreport Canarias. Tras un concurso contrario a los intereses gubernamentales, a cuyo lote de informativos, el famoso lote B, solo se presentó Socater, la Administración produjo una de las decisiones más arbitrarias que se recuerdan en la etapa reciente de la autonomía. Como no gustaba el adjudicatario, se declaró desierto el concurso y se convocó una nueva licitación por el procedimiento negociado sin publicidad. A esa convocatoria concurrieron Socater y Videoreport, y es a esta última a quien se adjudicó la gestión de los informativos por un importe cercano a los 19 millones de euros por ocho años. Es precisamente la decisión de declarar desierto el concurso primigenio la que ha quedado anulada estos días por un juzgado de lo Contencioso-Administrativo, lo que devuelve la adjudicación a un punto muy complicado para el Gobierno de Canarias. Si es nula esa declaración es nula la adjudicación posterior, luego la explotación debería volver a Socater. Pero Videoreport ha realizado una millonaria inversión en sus dos instalaciones de Tenerife y Gran Canaria y tiene en su plantilla a casi dos centenares de profesionales. Ilegalidades aparte, ha conseguido ejecutar unos servicios informativos que se han convertido en el santo y seña de la cadena y en líderes de audiencia en Canarias. Por contarlo todo, no vaya a ser.