Los tres delitos por los que Clavijo será investigado

Fernando Clavijo tuvo mucha suerte en la primavera de 2015, cuando una providencial anulación de unas escuchas telefónicas en las que aparecía maquinando para hacer favores y captar adeptos para Coalición Canaria, acabó con el archivo de la parte del caso Corredor en el que aparecía como investigado. No parece que tal suerte le vaya a acompañar en los albores de esta nueva campaña electoral ante el caso Grúas, por el que una jueza de La Laguna ha decidido llamarlo a declarar en calidad de investigado el próximo 15 de marzo. Su suerte ahora está ligada a varios factores que no se daban en el caso Corredor.

El primer obstáculo al que se enfrenta Clavijo es la presencia de dos denunciantes, Unidos se Puede y Por Tenerife, personados en la causa, que vigilan de cerca la desidia mostrada por la Fiscalía, que se ha comportado hasta el momento de un modo absolutamente errático, como si no tuviera ganas de investigar a personas con poder político. La acusación que principalmente promueve el concejal de La Laguna Santiago Pérez, socialista en la reserva activa, es la que ha conseguido que el presidente del Gobierno tenga que dar explicaciones por su proceder en el caso Grúas; ha sido Pérez y la abogada que lleva la causa ante el juzgado, Sandra Rodríguez, los que han conseguido de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dos pronunciamientos en los que se concluye que existen indicios suficientes en la causa como para investigar al actual alcalde, al portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento y al que fue el jefe de ambos durante los años en los que cuajó el pelotazo de la grúas, por los delito de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Es la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife precisamente el segundo obstáculo que tendrá que vencer Clavijo en esta nueva fase procesal a la que se enfrenta. Esos dos autos han sido durísimos porque en ellos se describen los tres presuntos delitos que deben ser investigados, y son esos dos autos el motivo por el que el alcalde presidente de Canarias se enrocó como si le fuera la vida en ello en el empeño de que la causa no abandonara bajo ningún concepto las vetustas paredes del Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, donde reside la Sala de lo Civil y Penal del TSJC y donde hay espacio de sobra para que los burros puedan volar.

Dos votos particulares consecutivos del presidente de ese alto tribunal, Antonio Doreste, elevado a ese alto cargo gracias al buen hacer político de Coalición Canaria, se convirtieron en una aparente palanca de salvación para el presidente canario. Se discutía alto tan peregrino como si el caso Grúas llegó a rebasar o no la línea de gol, es decir, la marca según la cual la causa era causa de TSJC o la fase embrionaria en la que llegó al Palacio de San Agustín no aconsejaba saltarse con tres meses de anticipación la decisión parlamentaria de expulsar los aforamientos del ordenamiento jurídico canario.

La polémica alimentada por Clavijo y sus mariachis llegó a momentos verdaderamente grotescos, sobre todo cuando Coalición Canaria y el mismísimo presidente llegaron acusar a Pedro Sánchez de utilizar a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, a cuyo frente está el fiscal menos sospechoso de simpatizar con la izquierda, de jeringarle la vida al presidente archipielágico. Daba la impresión de que el Gobierno canario y su entorno mediático y parlamentario estaban seguros de que la única posibilidad de que el caso Grúas pudiera ser archivado de plano estaba en el TSJC de Antonio Doreste. Donde los burros tienen espacio de sobra para volar y posarse sin miedo en sus hermosas gárgolas.

El tercer problema que tiene Clavijo con el caso Grúas son los testigos. Ya han depuesto algunos de ellos con testimonios ciertamente comprometedores, como el del interventor del Ayuntamiento de La Laguna, que se ha negado sistemáticamente a las componendas en torno a la empresa que presta el servicio municipal de retirada de vehículos de la vía pública. Ventajas ilegales como un préstamo de 120.000 euros (malversación de caudales públicos) o, más grave aún, una prórroga de 10 años del contrato a pesar de su situación de quiebra técnica y de incumplir la más mínimas exigencias para la prestación de un contrato público (prevaricación).

Más truculento puede llegar a ser el testimonio del propietario original de Autogrúas Poli, José Padilla, que nunca ha tenido el menor recato a la hora de relatar las presiones que sufrió de Fernando Clavijo y de otras autoridades del Ayuntamiento de La Laguna en la política de contratación de personal de la empresa (tráfico de influencias); para contar cómo desde el consistorio se le ahogó con reiterados impago para que tuviera que vender la empresa a los trabajadores que el mismísimo Clavijo le indicó, o cómo se desguazaban automóviles del potrero para venderlos por piezas sin que nadie hiciera nada.

Ante un panorama así, resulta muy difícil creer que el presidente Clavijo pueda llegar a las elecciones de 26 de mayo con la causa archivada. La jueza sabe que él fue el jefe de las otras dos personas que ya están imputadas: el actual alcalde, José Alberto Díaz, y el portavoz de CC en el Ayuntamiento, Antonio Pérez-Godiño.

Y lo peor es que, tras las grúas, espera turno el caso de la ampliación de contratos a concesionarias millonarias en contra del criterio del interventor. El llamado caso Reparos, que también tiene a Clavijo en el epicentro y sin ninguna opción a discutir qué juzgado es el competente.