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El interventor de La Laguna se ratifica en la ilegalidad de los decretos de Clavijo en el caso Grúas

Gerardo Armas mantuvo en 2014 dos reuniones con el área del actual alcalde, José Alberto Díaz, para unificar criterios, pero el suyo no varió

Los reparos de ilegalidad se debían a que el préstamo de 120.000 euros y la prórroga del contrato a la concesionaria del servicio de grúas iba contra las normas de administraciones locales

Fernando Clavijo (a la derecha) y el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz

Fernando Clavijo (a la derecha) y el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz Efe

El interventor general del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Gerardo Armas Davara, se ha ratificado este lunes ante la jueza Celia Blanco en que la concesión de un préstamo por parte del Consistorio a Autogrúas Poli S.L. era ilegal, al igual que lo fue la prórroga del contrato a esa empresa por sus deudas a la Seguridad Social y las administraciones tributarias estatal y canaria.

Armas Davara - que en realidad es viceinterventor del Ayuntamiento de La Laguna con funciones de interventor - declaró como testigo durante cerca de cuatro horas en el Juzgado de Instrucción en el que se investiga el llamado caso Grúas por los supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos. Ello debido a un préstamo de 120.000 euros y a la prórroga de la concesión del servicio municipal de retirada de vehículos a una empresa gestionada por personas que podrían ser afines al actual presidente del Gobierno de Canarias y exalcalde de  La Laguna, Fernando Clavijo.

Armas Davara fue quien redactó y suscribió en 2014 dos informes negativos a la concesión del préstamo a Autogrúas Poli S.L. y otros dos informes también negativos a la prórroga de su contrato.  Y en ambos casos lo hizo por chocar ambas propuestas del área de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad (de la que era responsable el actual alcalde José Alberto Díaz, de CC), con la normativa de administraciones locales.

Con respecto al préstamo de 120.000 euros, el interventor recalcó que en la propuesta de concesión no se incluían ni el plazo de devolución ni las garantías de recuperar el dinero de las arcas municipales en caso de impago. Además, la primera propuesta se refería a anticipo, luego modificada, pero incluso como préstamo se incumplían a su parecer las condiciones.

Dos catedráticos para intercambiar criterios

A preguntas de los abogados de la acusación particular, que ejercen los concejales de la oposición de Por Tenerife-Nueva Canaras y Sí Se Puede, Armas Davara indicó que tras su primer informe negativo tuvo dos reuniones con los gestores del Ayuntamiento para aclarar sus reparos de legalidad y que en el segundo de esos encuentros acordó a instancias de José Alberto Díaz reunirse con dos catedráticos externos (contratados para hacer una valoración positiva al préstamo) para aclarar posturas. La suya no varió y emitió un segundo informe contrario al préstamo.

En ninguna de esas reuniones intervino Fernando Clavijo, aunque luego firmó los decretos por los que se levantaron los reparos del interventor y el Ayuntamiento otorgó tanto el préstamo como la prórroga de la concesión del servicio municipal de grúas.

En agosto de 2014, Autogrúas Poli seguía intervenida por el propio Ayuntamiento dadas sus irregularidades contables, pero en este punto Armas Davara aclaró que no le correspondía a él conocer el estado de la empresa para sus informes.

En cuanto a la prórroga del contrato a esa empresa, el testigo aclaró que a su parecer no se daban las condiciones por incumplir el pliego de condiciones, sobre todo debido a los impagos por IGIC y las deudas a la Seguridad Social.

En respuesta al abogado de la defensa del hasta hoy único investigado, el concejal Antonio Pérez Godiño - que firmó una de las propuestas a favor de Grúas Poli - Gerrando Armas admitió que “todo es interpretable jurídicamente” y se mantuvo en que los decretos del alcalde en este caso, según él interpretó, eran contrarios a la legalidad.

En los próximos días se espera que la jueza Celia Blanco resuelva el recurso de reforma contra la negativa de la magistrada de citar como investigado a José Alberto Díaz así como que llame a declarar como testigos al anterior propietario de Grúas Poli, José Padilla.

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