La desquiciada campaña de Clavijo

Solo la remota posibilidad de que Coalición Canaria pueda perder el poder después de casi 30 años ejerciéndolo de modo ininterrumpido en la Comunidad Autónoma podría explicar la desesperación que está influyendo en la campaña electoral del candidato Fernando Clavijo.

Está aceptado por todo el mundo que los aspirantes están en su derecho de hacer promesas de difícil cumplimiento que luego se diluyen gracias a la frágil memoria del electorado o con la excusa de que no se alcanza la mayoría suficiente para aplicarlas. Esta campaña no es una excepción, y ahí tenemos a las derechas empeñadas en hacernos creer a todos que es posible mantener el estado del bienestar y los derechos consolidados bajándole los impuestos a todo el mundo y llamando “clase media” a los que verdaderamente suelen ser los destinatarios de tan generosas medidas, las clases más favorecidas.

Rajoy anunció una colosal bajada de impuestos que luego acabó exactamente en todo lo contrario. Pelillos a la mar.

A Pedro Sánchez se le acusó antes de las recientes elecciones del 28 de abril de utilizar el Consejo de Ministros y el Boletín Oficial del Estado para hacer campaña por la vía de los viernes sociales plasmados en decretos que, en su mayoría, fueron convalidados por el Congreso de los Diputados. Y, efectivamente, hizo campaña aprovechando su privilegiada posición en La Moncloa.

Pero lo que hasta ahora no había ocurrido jamás es que un presidente de Gobierno anuncie en las semanas previas a las elecciones a las que se presenta la adopción de una serie de medidas inmediatas, todas antes de la convocatoria electoral, que sencillamente no va a poder cumplir.

Lo ha hecho, cómo no, Fernando Clavijo con sus anuncios de que va a vulnerar la ley de estabilidad presupuestaria para gastarse una parte del superávit de las cuentas canarias en contratar más docentes y en reducir las listas de espera sanitarias, además de retirar a una pléyade de pensionistas el copago farmacéutico y congelar las cuotas de 50 euros a los autónomos que empiezan.

Se trata, como es fácil verificar, de colectivos muy numerosos donde el presidente de Canarias quiere pescar los votos que ha perdido precisamente por haberlos maltratado estos cuatro años.

En el caso de la sanidad pública, la calidad de la que se proporciona en Canarias ha descendido drásticamente en esta legislatura al tiempo que se incrementaban las facilidades y el negocio para las clínicas privadas gracias al esfuerzo del consejero del ramo que impuso para tal fin la patronal en sustitución de aquel socialista, Jesús Morera, que anunció que acabaría con los privilegios franquistas y aplicaría a rajatabla las leyes de transparencia en los concursos públicos y los estándares de calidad que se contratan.

Las listas de espera no han disminuido significativamente a pesar de la fantasmada del actual consejero de los patronos, José Manuel Baltar, que llegó a afirmar que con 13 millones lo resolvía en seis meses. Han pasado dos años y medio desde su nombramiento en sustitución de Morera, han caído en sus manos cientos de millones de euros y el problema ni se ha resuelto ni tiene pinta de que vaya a resolverse de modo inminente.

Para colmo, su presidente se echó en contra a gran parte del colectivo de profesionales de la sanidad pública cuando insinuó en la Cope que quizás fuera el personal de Urgencias del Hospital Insular el responsable de lo que ese mismo colectivo acababa de denunciar ante la Fiscalía. Una torpeza muy propia de quien se cree por encima del bien y del mal y a quien, evidentemente, la sanidad pública y todos sus contornos le importa exactamente una higa.

Con los maestros y maestras ocurre un tanto de lo mismo: después de cuatro años dándoles la espalda, ahora decide incumplir la regla de gasto para anunciar la reducción a 18 horas de la jornada lectiva, lo que le obligaría a contratar 1.200 docentes, según los cálculos de los sindicatos. Algo que también contraviene la legalidad presupuestaria por no tratarse de una inversión financieramente sostenible.

Nadie conoce en estos momentos en toda la Comunidad Autónoma un expediente administrativo que ampare alguna de estas dos medidas; un expediente con su informe con su justificación, el pertinente informe jurídico que avale cualquiera de las medidas y la partida o partidas presupuestarias concretas de las que haya de nutrirse.

Como tampoco lo hay de momento, ni probablemente lo habrá nunca de manera reglada, un expediente con las condiciones para aplicar ese anuncio de suprimir el copago farmacéutico a un importante número de pensionistas canarios, unos 300.000, según se ha llegado a publicar por ahí. Se trata de satisfacer una parte de las demandas de un colectivo que en todo el Estado ha venido protestando estos últimos años por su pérdida de poder adquisitivo y que en Canarias se ha tropezado siempre con el más absoluto desinterés por parte de la administración autonómica.

Las constantes peticiones de la oposición para incrementar las pensiones no contributivas con fondos propios, como han hecho once autonomías, se han tropezado siempre con el rechazo del Ejecutivo de Clavijo, de repente preocupado por ese segmento humano.

De la desidia por la aplicación de la Ley de Dependencia en la que se ven atrapadas tantas personas de esas edades y sus familiares, mejor ni hablamos.

Clavijo y sus asesores, que se supone que los tiene, parecen convencidos de que el enfrentamiento con Madrid llegando incluso a la desobediencia le puede generar réditos electorales.

Por lo tanto, cualquier iniciativa que tome Clavijo sin un expediente administrativo en condiciones será una decisión prevaricadora. Salvo complicaciones de ésas que a él le gustan tanto.

Antes del día 26 deberíamos saber los votantes de Canarias en qué despacho ajeno a los de la Comunidad Autónoma se están montando estos expedientes fantasmagóricos y si se trata del mismo que en su día elaboró a la medida de determinados empresarios el proyecto de Ley del Suelo del que ya no presume tanto este presidente que padecemos.