La fallida operación de Vanyera le explota ahora en la cara a Paulino Rivero. Esos 5,2 millones de euros se le acumulan al presidente a los dolorosos recortes que le inflige a Canarias el Gobierno de Mariano Rajoy, el Gobierno del PP, del que su partido, Coalición Canaria, fue socio y compadre durante tantos y tantos años de desaguisados, algunos aún tapados por el velo de la complicidad. Compartían sociedad en 2008 cuando Soria formalizó este aval, en rigor diseñado por Mauricio en 2007, otro patriota de pro. Y el decreto aparece firmado por Rivero, por Soria y por el que entonces era consejero de Empleo, Industria y Comercio, Jorge Rodríguez, convertido acto seguido en el investigador de la operación, en el mejor conocedor de las entrañas de la consejería en la que sustituyó al hoy investigado. Pero las pesquisas no sólo se dirigen a esclarecer por qué Soria cometió tantas negligencias con Vanyera. También se extienden a todas las autoridades o funcionarios que tuvieron que ver con ellas. Por ejemplo, hacia la única persona que dimitió en relación con el asunto, aunque lo hiciera seis meses después de conocerse al crack, la directora general del Tesoro, Cristina Domingo. Cualquiera que indague en su trayectoria profesional llega a la conclusión de que ella no pudo olvidarse de que una garantía hipotecaria ha de inscribirse en el correspondiente registro. Porque Cristina Domingo Yoldi era, antes de ser llamada a su vera por el caudillo, directora de riesgos de pymes en Bankinter de Las Palmas, y en un puesto así se manejan estas cuestiones de los préstamos, sus hipotecas y garantías de una manera muy rigurosa y reglada. La directora general quiso dimitir de inmediato, regresar a su puesto en la banca y olvidar su accidentado paso por la política a las órdenes de Soria. Éste le pidió que aguantara, pero sólo pudo seis meses más. El BOC dice que cesó a petición propia.