En medio de este desastre de gestión en el que Soria ha metido a la Administración canaria, se produce el anuncio de recorte de 112,1 millones de euros en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2010. El intachable consejero de Economía y Hacienda se ha sacudido la responsabilidad de inmediato y ha culpado al Gobierno de España de haberle ordenado una escabechina así. Por supuesto, el vicepresidente se ha apresurado a asegurar que, a pesar de los pesares, su capacidad de gestión permitirá que ese recorte bestial no afecte a los servicios básicos, a las ayudas sociales, a la sanidad o a la educación. Esa es la segunda gran mentira. Porque la primera sigue siendo la de atribuir las culpas al Estado: es cierto que el Ministerio de Economía y Hacienda ha obligado a Canarias a hacer ese ajuste por la vía de un plan económico-financiero, pero más cierto es que esa orden es consecuencia directa del incumplimiento de los compromisos de déficit en 2009. Pero eso es incapaz de reconocerlo este mentiroso compulsivo que tenemos como vicepresidente.